El art. 197 de la Ley Orgánica Municipal (LOM) prohíbe explícitamente realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. Sin embargo, el intendente asunceno, Luis Bello (ANR, cartista), sucesor e integrante del mismo equipo político del desastroso Óscar “Nenecho” Rodríguez, se apresta a pedir con urgencia un préstamo de unos 180.000 millones de guaraníes, por un plazo máximo de seis meses, para el pago de salarios, aguinaldos y deudas legadas por su nefasto antecesor, en contubernio con la Junta Municipal. En palabras del jefe de Gabinete, Máximo Medina, ese dinero se requiere “para gastos operativos, para cubrir aguinaldos, se tiene una deuda con la Caja de Jubilados, se debe a proveedores y un sinfín de cosas necesarias para poder avanzar”. ¿Avanzar hacia dónde? ¿Hacia más descalabros? En realidad, según el mismo funcionario, la Municipalidad necesitaría alrededor de 300.000 millones de guaraníes para poder operar con plenitud.
Pero lo que llama la atención es el notable desparpajo con que se anuncia la premeditación de violar la ley, lo que muestra la desesperación reinante por culpa de Nenecho y de los ediles que apoyaron su desastrosa gestión, entre los que figuraba el actual intendente. Es decir, en la Comuna asuncena ya se perdió totalmente la noción entre lo legal y lo ilegal, y dados los antecedentes, es previsible que la Junta Municipal apruebe la flagrante ilicitud en marcha. En este punto, es oportuno volver a recordar que el art. 276 de la normativa citada dice que sus miembros “serán personalmente responsables con sus bienes, conforme a las leyes civiles y penales, por los perjuicios ocasionados a la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones, por actos y operaciones, cuya realización autoricen en contravención a las disposiciones legales vigentes...”. Según la misma regla, el intendente y los funcionarios están sujetos a responsabilidad civil y penal por el incumplimiento de las disposiciones de la LOM.
Para enfrentar el descalabro financiero, a Luis Bello no se le ocurre más que violar abiertamente la ley, confiando en la complicidad de la gran mayoría de sus excolegas, los mismos que aprobaron las ejecuciones presupuestarias de Nenecho, entre ellas las relativas a los 500.000 millones de guaraníes. El jefe de Gabinete antes citado recordó que “el informe del interventor (Carlos Pereira) demostró que el dinero de los bonos ya no existe”, con el visto bueno de la funesta Junta Municipal, cabe agregar. Y es muy probable que más de uno de los desfachatados ediles aspire a seguir en lo mismo, esto es, a consentir groseras malversaciones, entre otras fechorías. Nada bueno se puede esperar de unos politicastros comunales que se burlan de las normativas vigentes, ignorando la obviedad de cumplirlas y hacerlas cumplir. Como para ellos “la mayoría manda” como sea, les tiene sin cuidado la ilicitud.
En su informe conclusivo, el exinterventor Carlos Pereira habló de “terribles prácticas ilegales” en la administración de Nenecho. La iniciativa de su reemplazante –tomar un crédito para solventar gastos corrientes– revela el firme propósito de continuarlas, con el acuerdo de los ediles. Para impedir que el reino de la arbitrariedad se perpetúe, habrá que erradicar esas prácticas tan nocivas para el bien común, mediante el voto ciudadano y las intervenciones del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República, que no se hacen sentir como corresponde, por lo que las ilicitudes continúan sin pausa.
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Se debe poner un límite a la desvergüenza, para que Asunción no se consolide como el reino del atropello comunal. Puesto entre la espada y la pared, es decir, entre el crónico déficit y el exceso de personal, Luis Bello pretende huir por la tangente endeudando aún más a la Municipalidad, aunque supuestamente no dejarán dicha deuda como “una herencia a otras administraciones”, al decir de su jefe de Gabinete. ¿Acaso habrá que creerle? Más allá de esta promesa increíble, la cuestión es que la operación proyectada sería del todo ilícita y que el intendente y los ediles que la aprueben a sabiendas deberán correr con las consecuencias civiles y penales de la ilegalidad en que incurran.
Cabe pensar hasta cuándo los asuncenos van a seguir contando con unas autoridades municipales tan desastrosas, para quienes las leyes y ordenanzas son papeles que se pueden pisotear a gusto. Las próximas elecciones municipales constituirán una magnífica oportunidad para poner fin a tanta ignominia.