A pedido del diputado Daniel Centurión (ANR, abdista), la Cámara Baja aprobó sobre tablas un proyecto de declaración “Que declara de interés cultural el Concierto Benéfico +Música +Vida, a realizarse a beneficio del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu”. Según la exposición de motivos, el evento, que tendrá lugar el próximo viernes en el Gran Teatro Lírico del Banco Central, será “una iniciativa cultural y solidaria de gran relevancia para nuestro país”, al promover mediante la música los valores de “empatía y cooperación”, además de contribuir al bienestar de la niñez y apoyar al citado nosocomio. Más aún, el documento insta a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a acompañar y difundir actividades culturales como la referida, que promuevan la solidaridad y el fortalecimiento de las instituciones sanitarias. Solo faltaba que también instaran a apoyar las polladas a que con frecuencia deben apelar los desesperados familiares de enfermos para cubrir sus gastos en hospitales públicos, mientras el dinero de los contribuyentes se cuela por las rendijas de la corrupción y el prebendarismo que no terminan de denunciarse.
Es decir, la Cámara de Diputados creyó oportuno promover una actividad caritativa, que está siendo organizada por el doctor Héctor Castro, director del hospital de niños, seguramente en su afán de paliar las carencias del citado hospital, y exhortar a los gobernantes a que imiten la idea, en beneficio de la salud pública. La citada Cámara es precisamente el órgano que, junto con el Senado, sanciona la Ley del Presupuesto General de la Nación, cuyo proyecto es presentado por el Poder Ejecutivo. Como el proyecto de Presupuesto 2026 contemplaba en principio una reducción de nada menos que 2.016 millones de guaraníes en los fondos previstos para el nosocomio pediátrico, ante las críticas los diputados incluyeron un aumento de 7.000 millones destinados al mantenimiento de equipos biomédicos y aumento de personal. Pese a ello, estimaron conveniente pedir a los ciudadanos una limosna, disfrazada de entrada para un concierto. Los hospitales del Estado deben estar financiados con fondos del Presupuesto nacional.
Es vergonzoso que invoquen la empatía y la cooperación quienes toleran el saqueo del erario y cada año aprueban un Presupuesto nacional en el que abundan los gastos superfluos, como los destinados al personal supernumerario, bien representado en el propio Congreso, entre ellos los conocidos “nepobabies”. El pago de los “servicios personales” previstos por el Poder Ejecutivo para el próximo año insumiría 35,7 billones de guaraníes (4.540 millones de dólares), lo que equivale a un aumento del 6% del Presupuesto actual para el efecto, en provecho de la clientela política y de los parientes, incluidos los de los legisladores. La Ley N° 6622/20, que fija medidas de racionalización del gasto público, apenas tiene vigencia efectiva; en vez de respetarla, los cínicos “representantes del pueblo” prefieren instarlo a que tenga la compasión de la que ellos carecen. ¿No hallaron gastos innecesarios que eliminar para evitar exhibir su desvergüenza? Con toda certeza, si se hubieran esforzado tan solo un poco, habrían encontrado multimillonarios derroches mensuales que, sumados a los costos anexos de la corrupción, podrían haberles permitido omitir la desfachatez de apelar al bolsillo de la gente.
Resulta intolerable tanto descaro en un área de vital importancia en la que, como lo viene denunciando el Círculo Paraguayo de Médicos, las irregularidades son flagrantes. Si el servicio de salud pública es todo un desastre, la culpa también la tienen –y mucha– los parlamentarios. Paradójicamente, semejante estado de cosas favorece a los dirigentes oficialistas en la medida en que sus influencias pueden lograr la obtención de alguna cama hospitalaria, como alguna vez les señaló el actual presidente de la ANR, Horacio Cartes.
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La solidaridad es un sentimiento plausible y es importante practicarla, especialmente cuando se trata de emprendimientos privados impulsados por personas o entidades sin fines de lucro. Pero resulta chocante cuando el pedido proviene de instituciones gubernamentales que tienen el poder suficiente de destinar los recursos que necesitan los sectores prioritarios, como la salud y la educación en el ámbito público, que ya no deben depender de polladas y conciertos para su buen desenvolvimiento.