El gobierno de Santiago Peña había acusado a su antecesor de esconder bajo la alfombra deudas con proveedores y contratistas del Estado con el fin de maquillar el déficit fiscal y hacerlo aparecer menor del que realmente era. Con ese argumento, solicitó al Congreso una fuerte ampliación del Presupuesto 2023, con un endeudamiento extra de 600 millones de dólares ese mismo año, supuestamente para ponerse al día, y una recalendarización del cronograma de convergencia del déficit, para “patear” a 2026 el retorno al tope legal del 1,5% del PIB. Dos años después, no estamos en la misma situación, sino peor. Ahora no se deben 600, sino 1.000 millones de dólares a proveedores y contratistas, con varios agravantes.
El déficit ya debió haberse ajustado al 1,5% del PIB establecido en la ley de responsabilidad fiscal en 2024. Así se habían comprometido todas las fuerzas políticas, en consonancia con los organismos multilaterales y las calificadoras de riesgo, en un plan de paulatino regreso al tope legal tras el desborde provocado por las leyes de emergencia durante la pandemia. La administración de Mario Abdo Benítez aseguraba en 2023 que entregaba las finanzas públicas con un saldo negativo del 2,2% del PIB, tal como estaba previsto, y que el cronograma se había cumplido fielmente.
Sin embargo, el nuevo ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, señaló públicamente que la afirmación del Gobierno saliente no era real. Dijo que deliberadamente no se habían contabilizado deudas vencidas por obras públicas, provisión de medicamentos, subsidio al transporte y otros conceptos.
En noviembre de aquel año, el Poder Ejecutivo obtuvo en el Congreso la aprobación de una ley de ampliación presupuestaria que le autorizó la emisión de 600 millones de dólares en bonos para pagar todas esas deudas invocadamente ocultas, ponerse al día y sincerar las cuentas públicas.
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En el mismo acto, se modificó el “artículo de excepción” en la Ley de Presupuesto para elevar el tope del déficit de 2023 del 2,2% al 4,1% del PIB (casi el doble), con el compromiso de ir reduciéndolo en un nuevo cronograma de convergencia hasta 2026.
Según las autoridades económicas, este año se cerrará con un déficit de 1,9% del PIB y, efectivamente, en el proyecto de Presupuesto General 2026, que está en este momento en estudio en las cámaras legislativas, se prevé finalmente volver al tope legal el año próximo, salvo que vuelvan a modificarlo.
Serían noticias tranquilizadoras que indicarían que se cumplió lo prometido si no fuera porque, al mismo tiempo, el sector farmacéutico afirma que se le deben por vencimientos acumulados 600 millones de dólares sin contar intereses, mientras que las constructoras manifiestan que tienen deudas vencidas por 320 millones de dólares. Solo estos dos sectores reclaman un monto que representa el 1,9% del PIB, el mismo que reconoce el Gobierno como déficit para todo el año, y si se suman las deudas por medicamentos del Instituto de Previsión Social, la cifra se eleva al 2,8% del PIB.
El Gobierno solo admite parcialmente la situación, pero, en cualquier caso, está claro que constituye una seria inconsistencia con las cuentas oficiales. Por lo pronto, tanto el ministro Fernández como el propio presidente Santiago Peña avisaron que no van a pagar este año, lo que provocó sendos comunicados de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma).
“Estamos tratando de resolver. Hemos hecho una apuesta muy ambiciosa desde el año 2024 con una serie de reformas (¿?). El año pasado tuvimos que honrar deudas heredadas del Gobierno anterior que no estaban contabilizadas. Este año fue nuevamente desafiante, con la necesidad de reducir el déficit fiscal y aumentar el gasto público”, dijo Santiago Peña.
La explicación no es suficiente ni convincente. Hay por lo menos dos preguntas incómodas que el Gobierno tiene que responder. la primera es cómo se volvió a acumular una deuda vencida de 1.000 millones de dólares o más si hace menos de dos años se emitieron bonos por 600 millones de dólares justamente para ponerse al día, y ¿qué pasó con la plata?
Adicionalmente, a diferencia del período del Gobierno anterior, golpeado por la pandemia, al actual le tocó un ciclo de crecimiento económico y aumento de las recaudaciones, ¿por qué no se pagó en tiempo y forma? Y esto sin considerar que esta administración se jacta de disponer de “fondos socioambientales” de Itaipú, supuestamente para invertir en obras e infraestructura. ¿En qué se fue el dinero?
La otra gran pregunta a responder es cuál es la verdadera realidad de las finanzas públicas. Con el mismo argumento que utilizó Fernández Valdovinos en 2023, si en las cuentas no están contemplados estos compromisos, que en sí mismos representan más que todo el déficit fiscal oficialmente declarado, cabe pensar que se está procediendo a un feroz maquillaje de la contabilidad estatal.