Si aquella vez Mario Abdo Benítez salvó su cabeza fue porque a última hora la bancada de Honor Colorado cambió de posición supuestamente después de una oscura y secreta negociación con el vicepresidente Hugo Velázquez. Pero toda la sociedad reaccionó con gran indignación, la imagen pública del presidente se vio seriamente afectada y a todos les quedó claro que, una vez más, Paraguay salió perdiendo miserablemente con Brasil en Itaipú.
El acta finalmente quedó sin efecto y el caso pasó luego a segundo plano por el advenimiento de la pandemia, por lo que no todos recuerdan en qué consistía. El punto central era que se le obligaba a la ANDE a reducir drásticamente su contratación de “energía no garantizada” de Itaipú, siete veces más barata, pese a contar con un acuerdo previo que le permitía mantener su cuota hasta 2023. El entonces presidente de la empresa eléctrica estatal, Ing. Pedro Ferreira, se negó tozudamente a aceptar si no se obtenía un compromiso formal, firmado por los brasileños, de que la ANDE sería debidamente compensada, por lo que el Gobierno, presuntamente a instancias del Brasil, le obligó a renunciar a su cargo.
En 2024 se hizo casi lo mismo, pero peor. Por insistencia del Gobierno paraguayo, se elevó artificialmente la tarifa de Itaipú, lo que obliga a la ANDE (mejor dicho, a los consumidores nacionales de energía eléctrica) a pagar mucho más de lo que establece el Tratado por contratación de potencia de Itaipú, y, al mismo tiempo, se estableció un acelerado cronograma de reducción de contratación de la energía excedente no garantizada, más barata, exactamente igual a lo que planteaba el “acta entreguista”.
En contrapartida, tal como sucedió en 2019, no se obtuvo ningún compromiso formal, mucho menos uno firmado por los brasileños, de compensar a la ANDE por ese sobrecosto. Verbalmente se le prometieron 300 millones de dólares al año de los “fondos socioambientales” extras que supuestamente se conseguirían por diferencia tarifaria en Itaipú, pero eso nunca ocurrió. De hecho, tales fondos extras son un verdadero misterio. La opinión pública paraguaya no sabe a ciencia cierta a cuánto ascienden, cuánto ya se ha ejecutado y en qué, como tampoco bajo qué criterios y estándares, ya que no están fiscalizados ni subordinados en Paraguay al control presupuestario, ni a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ni a la Contraloría General de la República.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lo que sí se sabe es que el acuerdo provocó un tremendo agujero en las finanzas de la ANDE, que sufrió el año pasado la mayor caída de utilidades de su historia, situación que se ha agravado aún más en 2025, por lo que es inminente un ajuste de la tarifa al consumidor en Paraguay, tal como lo ha reconocido el ministro de Economía y jefe del Equipo Económico, Carlos Fernández Valdovinos.
El mayor componente del costo de la ANDE es la compra de energía de Itaipú, que a setiembre de este año había representado el 65% de sus egresos, por 525 millones de dólares. Por lo tanto, el próximo aumento del precio de la electricidad en Paraguay es consecuencia directa del acta de Santiago Peña en mayo de 2024, que fijó la tarifa de Itaipú en 19,28 dólares el kilovatio/mes, cuando debía ser de 10 dólares o menos (precio de costo básico). Se hizo eso supuestamente para contar con 650 millones de dólares adicionales en fondos socioambientales, pero ¿dónde está esa plata?
Siendo dueño del 50% de una enorme central hidroeléctrica ya totalmente amortizada, Paraguay debería estar disfrutando de una fuente gigantesca de energía limpia, renovable y barata, a la vez de disponer libremente de sus excedentes para extraerles las rentas que legítimamente le corresponden al país. En vez de eso, en 2024 se impuso una tarifa alta, se cargó el sobrecosto sobre la ANDE sin compensaciones, hecho que inevitablemente se va a trasladar a las facturas de los consumidores, mientras se posterga sine die la renegociación del Tratado y del Anexo C.
De nuevo, el gran ganador es Brasil, que hasta el día de hoy se sigue quedando con la totalidad del sobrante paraguayo en Itaipú y beneficiándose con un statu quo que le es altamente favorable, en detrimento de los intereses paraguayos.