El director comercial de Petróleos Paraguayos (Petropar), Adalberto Acuña, dijo que la empresa pública presidida por Eddie Jara “evalúa la posibilidad de rescindir el contrato” celebrado el 30 de septiembre de 2024 a través de un procedimiento especial de contratación debido a la supuesta urgencia del caso, para que la firma catarí Doha Holding Group LLC, representada por Alejandro Domínguez Pérez, le provea, dentro del plazo de dos meses, cien mil toneladas métricas de gasoíl, a cambio de 61 millones de dólares. El plazo de entrega fue prorrogado nada menos que ocho veces. La última adenda vencerá mañana, sin que, al parecer, Petropar vaya a recibir tan siquiera una sola gota del combustible. Es decir, la supuesta urgencia lleva ya más de un año sin cumplirse el contrato. Parafraseando a este Gobierno, para el que todo lo que hace es grandioso, monumental, se puede decir que estamos ante una burla histórica al pueblo paraguayo.
Conste que el último 25 de septiembre, aparte de volver a dar como excusa el buen precio del gasoíl comprometido, Eddie Jara afirmó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto que la octava prórroga sería la última, porque “estamos llegando a un límite de paciencia” con la empresa catarí. Se preguntará el lector por qué ha sido tan tolerante con la firma creada solo para concertar dicho negocio y carente, por tanto, de toda probada idoneidad exigida en la cuestión. La respuesta es que, según el director comercial, la contratista siempre prometió cumplir, y que alegaba problemas logísticos y bancarios. La excesiva paciencia ante las reiteradas promesas incumplidas ha venido implicando una descarada burla a la ciudadanía.
Suponiendo que se resuelva de una vez por todas poner fin a la grotesca situación, habrá que ver cómo se efectivizará la garantía de fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 5% del valor del convenio (3.050.000 dólares). Resulta que Doha Holding Group solo presentó una declaración jurada y no un aval bancario, con base en una resolución con tufo ilegal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, hecha a su medida, que un mes antes de la firma del contrato aprobó un “procedimiento especial de contratación para la compra de crudo, productos derivados de petróleo o biocombustibles, en llamados convocados por Petropar”. La firma catarí, que se inscribió para este solo efecto en el Registro de Proveedores del Estado, también contó de hecho con la cooperación de la Contraloría General de la República, en la medida en que dicho organismo no realizó una auditoría ni una fiscalización especial, por sobrecargo de trabajo, según dijo. Más aún, tras el vencimiento de la quinta prórroga, defendió a quien ahora perdería la paciencia, alegando que no se había hecho ningún desembolso, como si el reiterado incumplimiento de los plazos no hubiera alterado los planes de la contratante.
El director comercial de la empresa pública aseguró que si la garantía no fuera abonada, se recurriría a la Justicia. Ya es mucho el daño causado por Eddie Jara, por ignorar que el precio no es el único factor a considerar en las contrataciones de las empresas públicas, pues sus proveedores deben tener la solvencia técnica, económica y legal necesaria para responder a sus obligaciones. Por ignorar estas exigencias, Petropar ha tenido que recurrir apresuradamente a otros abastecedores, una y otra vez, ante la notoria incapacidad de Doha Holding Group LLC de cumplir con lo acordado.
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Ya es hora, en fin, de que el presidente Santiago Peña dé por concluida la desastrosa gestión del principal responsable de este sainete, sin necesidad de que ambas Cámaras del Congreso, previa interpelación, emitan un voto de censura, recomendando la destitución. Resulta claro que su permanencia en el cargo atenta gravemente contra el buen manejo de la cosa pública. No debe seguir abusando con todo descaro de la paciencia de sus conciudadanos.