Si hay algo en lo que se ha destacado el Gobierno actual, es en su temor a la transparencia. El ataque a medios de comunicación críticos, organizaciones de la sociedad civil que exigen rendición de cuentas de las autoridades y la promulgación de leyes “garrote” ha sido la constante.
El próximo paso apunta a enterrar el proyecto de ley de “Protección de datos personales” a través de la modificación de un artículo neurálgico para su vigencia, el artículo 24 que, luego de ser ultrajado por las destructivas manos parlamentarias, establece excepciones para denegar el acceso a información pública “cuando el daño a la protección de datos sea mayor al interés público”.
Esta disposición, en caso de ser sancionada, dará completa discrecionalidad a quienes deben proveer información a la ciudadanía, puesto que basta con alegar que la información que se solicita podría ocasionar un daño a la intimidad para que ella sea negada, y así cerrar las puertas a la transparencia y a la libre formación de la opinión pública.
Ollas que se destapan todos los días evidenciando casos de presunto nepotismo, enriquecimiento ilícito, utilización de recursos públicos para beneficio personal, privilegios a operadores políticos y ascensos inmerecidos en tiempo récord fueron sin duda la motivación principal de quienes desean mantener en completa oscuridad estos datos, alegando que pueden generar “un daño personal” superior al interés público.
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En caso de sancionarse este proyecto de ley, uno de los mayores beneficiados sería el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), quien acaparó la opinión pública durante su interminable mandato por los muchos casos de nombramientos, ascensos y contrataciones de “leales” y allegados, desde “Bachi”lleres hasta presuntamente algún familiar de una correligionaria.
Si bien en su momento el proyecto de ley de “Protección de datos personales” fue presentado para asegurar que las personas cuenten con herramientas suficientes para garantizar el control sobre su información personal y que los datos recabados sean manejados con confidencialidad, distinguiendo conceptos como “datos personales” y “datos sensibles”, para evitar arbitrariedades estatales en la era digital, los diputados y senadores cartistas no perdieron la oportunidad de cercenar el espíritu de la ley para conveniencia propia.
Es decir, de ser un proyecto de ley que buscaba proteger al ciudadano de las injerencias arbitrarias del Estado, pasó a convertirse en un proyecto que busca “proteger” a las autoridades públicas del escrutinio ciudadano, convirtiéndose en un escudo CONTRA la transparencia, y dando pie al ocaso democrático que empieza a avizorarse con el oscurantismo y el secretismo que pretenden implantar con dudoso sustento legal.
Sea que se apruebe la versión corregida por el Senado, o la versión con las modificaciones realizadas por los diputados, los cambios introducidos por los legisladores ya lograron pervertir la esencia de protección al ciudadano que tenía el proyecto de ley, convirtiéndolo en un blindaje a la corrupción. ¿Será el presidente Santiago Peña capaz de vetarla cuando llegue a sus manos? Caso contrario, su discurso de transparencia carecerá de significado.
El fin de semana pasado tanto Peña como el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), participaron efusivamente de un encuentro cristiano, mostrándose como verdaderos discípulos de la Palabra de Dios. Veremos de aquí en adelante qué muestran sus acciones, ya que “por sus frutos” los conoceremos.
Mientras tanto, lo que demostraron hasta aquí fueron solo discursos vacíos y una lucha constante por apagar las luces y bajar el telón de la transparencia, impidiendo que la frase “vamos a estar mejor” se haga realidad en todos los hogares paraguayos.