Este Gobierno se autoproclama “reformista” y se jacta de leyes estructurales que solo sirven para el marketing, ya que pasan meses y años y, en la práctica, ni se aplican ni se cumplen. El 16 de enero de 2025 se promulgó una versión “suavizada” de la nueva ley de la función pública, y solo ahora, nueve meses después, salió una primera reglamentación de fondo, y únicamente para los entes dependientes del Poder Ejecutivo, mientras todo el tiempo saltan descarados casos de nepotismo y acomodos en la burocracia estatal. Otro ejemplo es el de la supervisión previsional. La ley se aprobó en diciembre de 2023, pero, transcurridos casi dos años, recién se acaba de reglamentar el Consejo Nacional de Seguridad Social, que todavía es un paso previo para la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
La Ley 7445/25 de “la función pública y del servicio civil” entró formalmente en vigencia el pasado 16 de julio, a seis meses de su promulgación. Supuestamente, la ley asegura que el ingreso y los ascensos sean exclusivamente por concurso de oposición y méritos, salvo casos establecidos en la Constitución y en leyes especiales, además de prohibir el nepotismo y exigir que todos los cargos, incluyendo los de confianza y de “conducción política”, sean ocupados por personas con probadas calificación y experiencia. Sin embargo, no se cumple, algo que la ciudadanía se ve obligada a comprobar permanentemente.
Pasaron de nuevo tres meses y se publicó el 20 de octubre el decreto reglamentario del Régimen Especial del Contrato del Empleo Público, que es una de las normativas establecidas en la ley (capítulo XII). Se aclara que la aplicación será “gradual”. En teoría, los contratos de empleo público solo se podrán hacer por concurso, de manera temporal, inusual y excepcional, bajo requisitos de idoneidad, y solamente podrán ser renovados, a partir de ahora, por cuatro ejercicios fiscales. Las contrataciones que excedan el plazo máximo se considerarán irregulares y pasibles de terminación automática, sin necesidad de acto administrativo de desvinculación. Ver para creer.
La ley de la función pública tuvo muchas idas y venidas. El primer proyecto se presentó en octubre de 2022, todavía durante el mandato de Mario Abdo Benítez, con apoyo de organismos multilaterales. Los ejes principales eran el ingreso y ascenso por concurso, con muy contadas excepciones, establecidas de manera taxativa; restricción al máximo de los cargos de confianza, con cese automático al concluir la función del contratante; prohibición estricta del nepotismo; régimen único para toda la administración pública, incluidos los tres poderes del Estado y entes descentralizados; evaluaciones de desempeño, escalafón, niveles salariales y paquetes de beneficios iguales para todos por categoría.
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El gobierno de Santiago Peña retiró ese proyecto y lo reemplazó por otro más moderado, que estuvo todo un año en el portal del Ministerio de Economía para su “socialización”. Sin embargo, sorpresivamente, terminó presentando otro distinto, todavía más laxo, “consensuado” con los sindicatos de funcionarios. Entre otras cosas, permite que los poderes Legislativo y Judicial realicen su propia reglamentación, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, por lo que la ley sencillamente no rige en esos ámbitos, y ni hablar en las binacionales, que se manejan como un Estado aparte.
Si como muestra vale un botón, un caso reciente es el nombramiento de Pablo Elías Leite, un fornido seccionalero y animador de campaña del Partido Colorado, nada menos que como director de Gabinete de la Dirección de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados. Leite solo tiene estudios secundarios y ninguna otra calificación conocida más que la de ser un cercano operador político del presidente de la cámara, el cartista Raúl Latorre. En los papeles, justamente este tipo de situaciones eran las que se tenían que erradicar con la nueva ley.
En cuanto a la supervisión previsional, fue uno de los caballitos de batalla de los inicios de esta administración, al punto de que se hizo aprobar la ley a pesar de una dura oposición, lo que hacía engañosamente presagiar que el Gobierno estaba dispuesto a llevar adelante con firmeza y coraje las reformas que necesita el Paraguay. Sin embargo, nunca pasó de ahí. Ni siquiera entró aún en funciones el consejo, mucho menos el órgano supervisor. Mientras tanto, el IPS sigue siendo un antro de derroche y corrupción sin fiscalización, las reservas del Fondo de Jubilaciones van rumbo al agotamiento, el déficit de la Caja Fiscal se vuelve incontrolable, todas las cajas jubilatorias están en crisis, y nada se hace al respecto.
Las leyes por sí mismas no significan mucho, lo que cuenta es su aplicación en los hechos y los resultados. Pueden servir para exportación y para tratar de impresionar a alguna calificadora de riesgos, pero no para convencer a los paraguayos ni para resolver los verdaderos problemas del país.