En la larga lista de anecdóticos sucesos políticos de los últimos tiempos, un común denominador resuena en esos discursos, decisiones, actos administrativos, judiciales o legislativos contrarios a los principios democráticos que enarbola la Constitución Nacional, y se resume en la siguiente frase: “¿Y a mí qué?”.
El “a mí qué” es la muestra palpable del desprecio a las leyes, al bien común, a la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática, a la supremacía de la Constitución Nacional y a la seguridad jurídica. El ejemplo más reciente es la resolución del intendente de Caapucú, Gustavo Penayo (ANR – cartista) en la cual prohibió la realización de fiestas y actividades alusivas a Halloween en entornos públicos y privados, alegando que las mismas son contrarias a los valores religiosos.
Al ser consultado por su temeraria resolución, el intendente afirmó que, si la Policía Nacional no hace cumplir la prohibición, él mismo, junto con un grupo de religiosos, saldrá a las calles “con garrote en mano”. Esta decisión, que vulnera libertades fundamentales consagradas en la Constitución Nacional, como la libertad de expresión y la libertad religiosa e ideológica, fue avalada por la presidenta de la Junta Municipal de Caapucú, Lidia Téllez (ANR – cartista), quien reconoció que la decisión del intendente VIOLA LA CONSTITUCIÓN, pero aun así, “el intendente tiene la potestad”. Es decir, según la edil, el intendente está por encima de la Constitución y... ¡qué más querés!
Si las autoridades locales de Caapucú creen que tienen la potestad de pisotear nuestra Carta Magna a sabiendas, y aún así continúan en su propósito, ¿de que serán capaces en las próximas elecciones municipales? ¿Será que también saldrán a las calles con cachiporras para reprimir a opositores? Para luego decir: “Y a mí qué”.
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Otro que siempre decepciona con este tipo de discursos es el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), quien en una ocasión había afirmado que el Poder Legislativo no acatará la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada por la exsenadora Kattya González luego de su arbitraria expulsión de la Cámara de Senadores, en caso de que la sentencia sea favorable a la misma. En dicha ocasión, Bachi fundamentó su eventual desacato a una sentencia judicial con el discurso de la “independencia de los poderes del Estado”, creyendo, evidentemente, que las decisiones del Congreso están exentas de la Ley y del control jurisdiccional, y que en virtud a la independencia que proclama la Constitución ellos pueden hacer lo que quieran. Es como decir también: “¿a mí qué lo que resuelva la Corte?”.
La garantía de independencia de los poderes fue prevista en la Constitución de 1992 tras una larga dictadura, precisamente para garantizar un Estado de derecho y evitar decisiones arbitrarias que lleven a la consolidación de una nueva dictadura. Y además de ello, la Carta Magna previó que ningún poder del Estado puede arrogarse facultades absolutas, permitiendo el control por parte de los demás poderes. Las leyes sancionadas por el Congreso son posteriormente promulgadas por el Ejecutivo, las decisiones del Ejecutivo o del Legislativo pueden ser objeto de control por parte del Poder Judicial, los ministros de la Corte y las máximas autoridades del Ejecutivo pueden ser removidos por el Congreso y, de esa forma, se busca evitar el totalitarismo.
Sin embargo, el presidente del Congreso pareciera no entender esta lógica constitucional, y no tiene empacho de interpretarla a su conveniencia política, ya que la frase “Y a mí qué” será celosamente protegida por la mayoría parlamentaria que piensa igual, o que no piensa.
Otra de las muestras de este peligroso actuar se evidencia con el discurso dado recientemente por Bachi acerca del proyecto de ley sobre “Protección a periodistas y defensores de derechos humanos”, en el cual propuso eliminar de la iniciativa a dichos defensores, pese a que esta obligación forma parte de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Santiago Leguizamón”, a la cual el Estado paraguayo se allanó en su oportunidad. El párrafo 123 de dicha sentencia expresa claramente que es necesario “ordenar al Estado que impulse la aprobación del proyecto de ley “sobre libertad de expresión, protección a periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos” que actualmente se encuentra en trámite, o un proyecto de ley de contenido similar “sobre libertad de expresión, protección a periodistas, trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos”.
Sin embargo, si nuestras autoridades no respetan lo que manda la Constitución Nacional y adoptan una actitud como de ¿“y a mí qué”?, sería iluso pensar que pudieran respetar lo establecido en los tratados internacionales de derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana. Y pensar que en reuniones de organismos internacionales se jactan de respetar y garantizar la vigencia de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
Este desapego por el respeto a las leyes genera un clima de inestabilidad social y económico para el país, ya que un Estado cuyos gobernantes desprecian la Constitución o se sienten superiores a ella e ignoran los compromisos internacionales de respeto y garantía de derechos humanos no puede considerarse un país con seguridad de inversión, más aún atendiendo a que actualmente estamos entre los 10 peores países del mundo en materia educativa y eso se refleja en la ignorancia política que gobierna el país.
Cuando la ignorancia y el poder se juntan, surge una combinación peligrosa que pone en riesgo siglos de luchas y conquistas de libertades básicas. Pero lastimosamente, esa combinación va ganando fuerza, con un discurso que demuestra que ya no importan las apariencias: “Y a mí qué”.