Esta semana fue noticia un hecho que llamó la atención por el discurso de las autoridades tributarias, y tiene que ver con la intervención realizada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a una finca en Boquerón, perteneciente a una firma dedicada a la producción de cebolla en el Chaco, por sospechas de contrabando.
El productor afectado denunció públicamente un procedimiento aparentemente irregular por parte de la DNIT y policías armados, tras el allanamiento e incautación del producto sin orden judicial, el pasado 15 de octubre. El mismo relató que, al día siguiente del allanamiento, se presentaron nuevamente en su propiedad, pero esta vez ya munidos de una orden judicial, funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave), la DNIT, el Ministerio Público y efectivos policiales bajo acusaciones de supuesto contrabando de cebollas.
El denunciante refirió que los funcionarios intervinientes confiscaron toda su producción, la cual se encuentra en poder de la DNIT y que dicho procedimiento afecta bastante a los trabajadores, en especial pertenecientes a comunidades indígenas.
Lo llamativo del caso es que, tras divulgarse el extraño procedimiento, las autoridades tanto de la DNIT como de la Senave publicaron un comunicado defendiendo su actuar y mencionando que “se ofrecían productos sin respaldo documental (factura) y se utilizaban documentos emitidos a nombre de terceros, lo que imposibilita garantizar la trazabilidad de la mercadería…”.
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¡¡¡Increíble!!! Había sido que era importante que las facturas sean emitidas a nombre de la persona que paga por el producto para hacer la trazabilidad de la mercadería. Habría que informarle de esto al titular de la DNIT, Óscar Orué, quien en ocasión de ser consultado por la prensa cuando la esposa del presidente Santiago Peña, Leticia Ocampos, pidió que la factura por una millonaria compra en efectivo sea emitida a nombre de un tercero, respondió textualmente: “Para nosotros esto no es relevante en el ámbito financiero”.
Así, el contraste de la posición con relación a la compra de la primera dama y la operación realizada por el productor chaqueño es tan evidente. En efecto, en el caso del productor de cebollas del Chaco, que da trabajo a pobladores indígenas de la zona, la emisión de facturas a nombre de terceros impide la trazabilidad fiscal y constituye un indicio suficiente para la apertura de un sumario administrativo. Pero el documento tributario es irrelevante cuando hay de por medio dinero que sale de los bolsillos –o de los sobres– de gente vinculada con altas esferas del Gobierno.
En el caso de las facturas a nombre de terceros que supuestamente solicitaba la primera dama al momento de comprar ropas y calzados de diseñadores en comercios asuncenos por valores que superan los 5.000 dólares, el director de la DNIT cree que no existió ninguna irregularidad y que, si eventualmente existen indicios de lavado de dinero, sería competencia de la Seprelad y no suya. Pero, ¿cómo saber quién sería el o la responsable del lavado si la factura está a nombre de otra persona?
Con sus declaraciones, Orué echaba por tierra los principios básicos del sistema tributario, consistente en la obligación del contribuyente de expedir factura legal que demuestre la trazabilidad de sus compras con sus ingresos y que eventualmente sirvan para evitar uno de los principales tópicos discursivos del Gobierno en lo que a política de combate se refiere: el lavado de dinero.
Sin embargo, cuando se trata de pequeños productores, el Gobierno no escatima en recursos para demostrar su poderío. Funcionarios de cuatro instituciones se hacen presentes en procedimientos con posible ilegalidad, para incautar bolsas de cebollas, pero al tratarse de denuncias de supuestas compras con dinero en efectivo, el cual no puede ser rastreado por el sistema bancario, y encima se solicitan facturas a nombre de terceros para evitar cualquier tipo de trazabilidad, el director de la DNIT simplemente decide mirar para el costado, o al más puro estilo de la otrora expulsada senadora conocida como Yamy Nal, colocarse las gafas negras, presumiblemente para cubrir de oscuridad lo que no se desea que salga a la luz.
Esta doble vara en el Gobierno del Paraguay no es exclusiva del Poder Ejecutivo. En efecto, mientras abundan los discursos que condenan la corrupción, en los últimos meses fuimos testigos de iniciativas parlamentarias en los cuales se pretende plantar la bandera del secretismo, como por ejemplo la modificación realizada al proyecto de ley sobre protección de datos personales, impidiendo que se divulgue información de interés público cuando esta pueda afectar al funcionario requerido, o el proyecto de ley impulsado por el sector cartista para restablecer el “voto secreto” a los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Por eso es importante seguir denunciando situaciones que evidencian que para las autoridades el principio de igualdad ante la ley es letra muerta. En la situación que está viviendo nuestro país, es más que nunca necesario que la gente se manifieste firme y sostenidamente, dentro de la ley, porque como dijo Leonardo da Vinci, “nada refuerza tanto la autoridad como el silencio”.