Han salido a luz los resultados preliminares del último Estudio del Cálculo Actuarial del Instituto de Previsión Social con estimaciones que, aunque desafortunadamente esperables, deben encender las máximas alarmas en toda la sociedad, desde los gobernantes y la clase política hasta el último trabajador. Si no se corrigen las tendencias en el corto plazo, siendo optimistas, antes de mitad de siglo, dentro de 25 años a lo sumo, las reservas del Fondo de Jubilaciones y Pensiones estarán completamente agotadas.
El déficit corriente del Fondo de Jubilaciones y Pensiones comenzó en 2020, casi dos décadas antes de lo que proyectaban anteriores cálculos actuariales. Con el argumento de la emergencia por la pandemia, inconstitucionalmente se le obligó al IPS a pagar prestaciones no previstas en su carta orgánica, como el caso de un subsidio de desempleo para trabajadores cesados por suspensiones de contratos laborales, además de una cantidad inmanejable (y en parte fraudulenta) de coberturas por reposos.
Como gran cosa, el Estado paraguayo le transfirió 100 millones de dólares provenientes de bonos emitidos por las leyes de emergencia, pero “a cuenta de la deuda histórica”, que es un activo que forma parte justamente de las reservas del Fondo de Jubilaciones, lo que significa que, en rigor, el IPS recibió un supuesto “resarcimiento” con su propio dinero.
Con todo, no fue suficiente. A partir de 2020, los ingresos corrientes, constituidos por los aportes obrero-patronales de los asegurados activos, ya no alcanzan para cubrir el pago de los haberes jubilatorios y de las pensiones de los asegurados retirados y otros beneficiarios, por lo cual comenzó desde ese año a recurrirse a los intereses generados por colocaciones en el sistema financiero, alquileres y otros conceptos.
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El déficit no se detuvo, todo lo contrario. Fue de 160.000 millones de guaraníes en 2020, se redujo a 11.000 millones en 2021, volvió a repuntar a 184.000 millones en 2022 y pegó un salto a 370.000 millones al cierre de 2023, ya durante la actual administración. No figuran en sus portales digitales ni se dieron a conocer oficialmente los datos de 2024 y 2025, pese a insistentes pedidos de nuestro diario a la Gerencia Financiera del instituto, pero por declaraciones de sus altos funcionarios queda claro que la situación se ha agravado aún más. En las últimas semanas, incluso, el director de Jubilaciones y Pensiones, Carlos Cabral, presentó al Consejo una propuesta de aumentar el aporte obrero-patronal para poder solventar el beneficio adicional anual, o aguinaldo, de los jubilados.
De acuerdo con el último estudio actuarial, hacia el año 2035 tampoco alcanzarán las rentas para tapar el agujero y habrá que recurrir al capital de las reservas, lo que significa comenzar a utilizar los fondos y vender propiedades inmobiliarias. Para 2047 ya se habrá consumido todo el patrimonio y solo se contará con los aportes, con la salvedad de que, para entonces, habrá muchísimos más jubilados y muchos menos aportantes en comparación.
Si no para evitar totalmente, al menos para retrasar el colapso, se tienen que tomar medidas urgentes ahora. Una es la formalización de la fuerza de trabajo y la universalización de los aportes jubilatorios, extendiéndolos obligatoriamente a todos los sectores, sean o no en relación de dependencia, como se hace en la mayoría de los países. La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, dijo ante la Comisión Bicameral de Presupuesto que el año que viene quieren elevar de 825.000 a 870.000 el número de trabajadores inscriptos en IPS y llegar a un millón para el fin del mandato de Santiago Peña. Pero es una meta demasiado modesta, considerando que ello representa menos de un tercio de la fuerza laboral.
Paralelamente, hay que combatir distorsiones tales como la subdeclaración. Más del 85% de los asegurados del IPS están inscriptos con el sueldo mínimo, lo cual es irreal e ilegal. Se dio un paso importante con la promulgación de la Ley 7446/24, que extiende de tres a diez últimos años de vida laboral el lapso del promedio para el cálculo de la jubilación, pero hay que hacer mucho más y aplicar las sanciones que correspondan.
Otro factor relevante es reducir los gastos del IPS, que actualmente tiene 26.000 funcionarios, más que cualquier otra institución pública o privada del país si se exceptúan las fuerzas de seguridad. El 7% del aporte de trabajadores y empleadores se va a gastos administrativos, sin considerar el personal de hospitales, cuando administradoras de fondos de pensión de otros países, como Chile, se limitan a un máximo de 1,5%, ya incluyendo utilidades. Si realmente va a cumplir su función, este será uno de los grandes temas a revisar por parte de la próxima Superintendencia de Pensiones.
Obviamente, también es fundamental eliminar la corrupción y los privilegios indebidos en todos los niveles, comenzando por el Consejo de Administración.
El informe actuarial estima para 2047 el agotamiento de las reservas, pero no hay que olvidar que anteriores estudios calcularon para 2037 el inicio del déficit corriente y ello ocurrió en 2020. Si no se toman medidas drásticas y urgentes, los plazos se acortarán aún más. Dejar todo como está sería no solo una tremenda irresponsabilidad, sino una estafa para los que hoy están aportando sin garantías de una futura jubilación.