El exdiputado checo Petr Wolf, condenado en su país en 2012 a seis años de cárcel por fraude con subvenciones, fue extraditado el último viernes. Habría llegado al Paraguay en 2016, es decir, hace casi diez años, con un pasaporte de Letonia y una identidad falsa. Ese mismo año fue judicializada la respectiva solicitud de extradición, pero los investigadores supieron que se hallaría entre nosotros recién en 2019, siendo capturado en Asunción solo en 2024 por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El Paraguay no es un país muy extenso y tiene poco más de seis millones de habitantes, unos 460.000 de los cuales viven en su capital, esto es, no debería ser muy difícil para las comisarías detectar a un prófugo extranjero que de repente viva en su jurisdicción, aunque tenga pasaportes falsos de diversas nacionalidades. Dados los antecedentes, es probable que el checo haya contado con la protección –nada desinteresada– de ávidas autoridades policiales o de otra índole. Considerando la muy extendida corrupción, resultaría fácil inducir a los agentes del orden a que se hagan los desentendidos, incluso que presten auxilios puntuales. Desde hace largos años, la compraventa de protección ha sido una lucrativa actividad ilícita, bien conocida por los tránsfugas que se asientan dentro de nuestras fronteras; vienen justamente por eso, porque el Paraguay sería un “amparo y reparo” para quienes tienen cuentas pendientes con la Justicia, siempre que sea para retribuir el auxilio estatal brindado.
Según parece, el exdiputado no se hizo con “auténticos” documentos paraguayos de identidad, como sí lo hicieron el brasileño Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) y el argentino Ibar Pérez Corradi, entre muchos otros. Poco le hubiera costado obtenerlos, pues el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional tiene la mala fama –bien ganada– de ser muy servicial con los bandidos nacionales y extranjeros, seguramente a cambio de la correspondiente retribución. Lo cierto y concreto es que al refugiarse en el Paraguay, Petr Wolf ganó varios años de libertad, gracias a la inoperancia policial, por decir lo menos. Sabía que se instalaba en un país donde las instituciones están infiltradas por el crimen organizado, de modo que a un delincuente de guante blanco no debería costarle mucho pasar oficialmente desapercibido.
Nuestras fronteras son porosas porque las instituciones se distinguen por la corrupción y la ineficiencia, dos debilidades que atraen a los facinerosos foráneos no solo para escapar del rigor de la ley, sino también para montar en el Paraguay una base de operaciones, como bien lo supo hacer el “hermano del alma” Darío Messer y como lo intentaron “El Monstruo” peruano y “El Abuelo” mexicano, dos de los grandes “huéspedes” que hemos tenido últimamente.
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Hay que sanear las entidades públicas no solo porque el país lo necesita con urgencia, sino también por respeto a la comunidad internacional, interesada en una estrecha cooperación en la lucha contra el delito. El Paraguay no debe seguir siendo un oasis para los malhechores en fuga, salvo que a sus gobernantes les parezca bien que acabe convirtiéndose en una suerte de aguantadero. Por lo demás, reconforta que la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conares) haya denegado el pedido de refugio de “Ian Robertson”, como dijo llamarse el checo; aceptarlo, ya hubiera sido el colmo. Los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones son capacitados para detectar documentos de identidad extranjeros falsificados y lo estarían logrando en la práctica; sin embargo, si el checo no ingresó clandestinamente, deberían haber notado que utilizaba un pasaporte falso, de modo que el entrenamiento tendría que mejorar.
Así como están las cosas, es como para pensar que otros “monstruos” o “abuelos” pueden seguir residiendo en algún lugar de nuestro territorio. Es hora de excluir al Paraguay de la lista de países basureros de indeseables internacionales.