Nativos siguen siendo tratados como parias en su tierra

Pobladores del barrio asunceno Doctor Francia se oponen a que la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) vuelva junto al Hospital Militar allí situado, donde estuvo instalada antes de terminar en un cuartel militar de la avenida Artigas, tras un par de mudanzas. Según la “muy triste” experiencia de una vecina, cuando los nativos llegaban allí, la calle se volvía un “basural” donde hacían sus necesidades. La situación habría llegado al colmo de que fallecían bebés y de que las niñas eran víctimas de abusos. Es comprensible el temor de que esta historia, aún más penosa que la también sufrida por vecinos del barrio Las Mercedes, se repita en las adyacencias de cualquier lugar en que se ubique el Indi, sin que la vía pública sea despejada por las fuerzas del orden. Es que no hay visos de que el drama indígena vaya a concluir en breve.

Pobladores del barrio asunceno Doctor Francia se oponen a que la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) vuelva junto al Hospital Militar allí situado, donde estuvo instalada antes de terminar en un cuartel militar de la avenida Artigas, tras un par de mudanzas. Según la “muy triste” experiencia de una vecina, cuando los nativos llegaban allí, la calle se volvía un “basural” donde hacían sus necesidades. La situación habría llegado al colmo de que fallecían bebés y de que las niñas eran víctimas de abusos. Es comprensible el temor de que esta historia, aún más penosa que la también sufrida por vecinos del barrio Las Mercedes, se repita en las adyacencias de cualquier lugar en que se ubique el Indi, sin que la vía pública sea despejada por las fuerzas del orden. Es que no hay visos de que el drama indígena vaya a concluir en breve. Las autoridades, no solo en este Gobierno, no estuvieron y al parecer no están interesadas en que haya solución, de lo contrario no se explica que la lamentable situación se prolongue por tanto tiempo.

Resultaba absurdo que esa entidad, que desde 1996 se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), estuviera en un cuartel militar. Habrá que ver adónde se muda esta vez; tiene su domicilio legal en la capital, según la ley. Entretanto, su nuevo presidente, Hugo Samaniego, asumió el cargo en una pequeña oficina del MEC, en reemplazo del general (SR) Juan Ramón Benegas, quien renunció tras doce días de protestas de los nativos. Al anunciarse en 2024 que ocuparía la presidencia, confesó que no tenía “ninguna experiencia con los compatriotas indígenas”, como también lo expresaron otros ocupantes de dicho cargo, lo que da la pauta de que a los gobiernos poco o nada les interesa la problemática indígena. El actual titular estuvo al frente de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y, según dijo, solía mediar en los casos de desalojos de indígenas. Algo es algo, aunque quizá no baste para cumplir con el requisito legal de que para presidir el Indi hay que tener “conocimientos y experiencias en materia indigenista”.

La cuestión de fondo, vale repetir, es que los Gobiernos se suceden, pero los diecinueve pueblos nativos siguen de facto excluidos, pese a que la Constitución les garantiza el derecho a participar en la vida social, política y cultural del país. Protestan una y otra vez cerrando calles, rutas o avenidas, sin que sus demandas de fondo sean atendidas. A lo sumo, los manifestantes reciben víveres para aquietarlos por una temporada. La honestidad de la que se jacta Hugo Samaniego es indispensable, más aún porque, como dijo el año pasado el obispo Miguel Fritz, del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, “representantes del Gobierno corrompen a indígenas en los arrendamientos de tierras”, en tanto que los fondos para los proyectos de ayuda y desarrollo “van a parar en el bolsillo de ciertos políticos y funcionarios”, con la complicidad de “algunos líderes indígenas corruptos”. A propósito, el presidente Santiago Peña había entregado el Indi a la impresentable exdiputada Marlene Ocampos, investigada por un presunto faltante de 3.400 millones de guaraníes cuando gobernaba el Alto Paraguay.

El nuevo jefe del Indi anunció que su prioridad será solucionar problemas como la falta de agua, de electricidad y de caminos en las comunidades, lo que supondrá un trabajo coordinado con las entidades públicas responsables de dichas áreas, algo que en este país no debe darse por sentado. Hugo Samaniego cree necesario aumentar el actual Presupuesto de 4.696 millones de guaraníes, destinado –teóricamente– a obras de infraestructura comunitarias, víveres y a herramientas agrícolas, así como a proyectos de electrificación y de agua potable, entre otras cosas. Para ello, es imprescindible que empiece por limpiar la casa de la corrupción acumulada a lo largo de muchos años, como los casos mencionados por el obispo Fritz. Sería intolerable, pues, que se aumenten los fondos disponibles solo para que se robe en mayor escala, en perjuicio del erario y de los 140.000 indígenas distribuidos en 96 comunidades.

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Las autoridades no pueden afirmar que desconocen la situación de los nativos, pues, para muestra ya tienen en las narices a numerosos asentamientos de los mismos en Asunción y el área metropolitana, ya conocidos como “nativos urbanos”, que abandonaron sus tierras ancestrales por las ciudades donde viven en lamentables condiciones. Muchas veces sus integrantes caen en la drogadicción, la prostitución y la mendicidad, dando testimonio del rotundo fracaso del organismo encargado de velar por ellos.

Está visto que los cambios de directores no han aportado una solución al ya largo peregrinar de los indígenas, pese a lo cual es necesario darle un voto de confianza a la nueva administración. Si bien no se puede desconocer la demanda de los pueblos originarios, también es deseable que se hagan respetar los derechos de los vecinos de las frecuentes nuevas sedes del Indi, así como los de quienes circulen por las vías públicas de los alrededores.

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