Cada vez resulta más procedente una investigación seria de los organismos competentes sobre las denuncias que están saliendo a la luz en “Los sobres del poder”. Solo las instituciones con atribuciones constitucionales pueden –y están obligadas– a llegar más allá para confirmar o descartar los indicios que hasta ahora se conocen.
Una de las últimas aristas reveladas toca un nervio sensible del sistema nacional de prevención de lavado de dinero y tributación. Grabaciones y chats divulgados por la excoordinadora del servicio doméstico de Mburuvicha Róga Luz Candado exhiben manejos sugestivos de la primera dama de la Nación, Leticia Ocampos, respecto al uso de dinero en efectivo, compras y facturación.
En los mensajes, las instrucciones de la primera dama parecen claras: retirar sobres con dinero –en un caso, en dólares– para realizar compras personales, y ordenar que la factura no se emita a su nombre, sino al de un familiar. En otro intercambio, la denunciante muestra una fotografía del efectivo desplegado en un local comercial y la factura correspondiente emitida a nombre de César Berea, cuñado de Ocampos.
Valga la precisión para los defensores a ultranza que aún insisten en que no existen indicios ni evidencias.
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Tras las publicaciones, Radio Monumental entrevistó al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, para conocer su análisis técnico. Aunque inicialmente calificó los hechos como “supuestas operaciones”, luego afirmó que cualquier persona puede solicitar una factura a nombre de terceros, y que ello “no es ilegal ni irregular”, siempre que el comprobante sea emitido. Además, sostuvo que investigar el origen del dinero corresponde a Seprelad, no al fisco, y que la DNIT no puede abrir fiscalizaciones “solo por publicaciones periodísticas”.
Estas últimas afirmaciones contradicen precedentes en los que la misma institución inició investigaciones tras denuncias periodísticas. Para Orué, a lo sumo se trataría de una cuestión ética o de una infracción tributaria menor.
Tales declaraciones, provenientes de un funcionario hasta ahora bien valorado por su gestión recaudatoria, provocaron fuertes críticas de tributaristas y contadores. La ciudadanía, obligada a cumplir las normas a rajatabla, reclamó el doble estándar y las justificaciones en defensa del entorno presidencial.
La contadora y abogada Nora Ruoti calificó el criterio del titular de la DNIT como una violación grave del marco de transparencia fiscal. Recordó que ningún sistema del mundo permite emitir facturas a nombre de terceros, y que el propio Orué firmó consultas vinculantes en 2024 y 2025 que lo prohíben expresamente. Subrayó además que la primera dama y su familia son personas expuestas políticamente (PEP), sujetas a obligaciones estrictas de prevención de lavado de dinero.
Ruoti insistió en que la exigencia de facturas es personalísima: deben reflejar al sujeto real de la operación, garantizando la trazabilidad. En su criterio, corresponde abrir un sumario fiscal para esclarecer el caso, dado que la evasión impositiva es un delito conexo al lavado de activos. Recordó también que con el impuesto a la renta personal (IRP), todo ciudadano debe justificar el origen de sus fondos, incluso los obsequios.
En la misma línea, la contadora Isolina Ayala, del grupo Contadores Autoconvocados del Paraguay, advirtió que, tratándose de PEP, tanto la primera dama como sus familiares deben demostrar el origen del dinero en efectivo. Recordó que sigue vigente el Decreto Nº 7851/2017, firmado por Horacio Cartes, que obliga a informar a la Administración Tributaria cualquier operación en efectivo igual o superior a G. 50 millones. El incumplimiento obliga al fisco a fiscalizar y comunicar el hecho a Seprelad.
Ayala agregó que, con el sistema Marangatu, la DNIT dispone mensualmente de toda la información de los contribuyentes, por lo que puede verificar fácilmente si el cuñado de la primera dama utilizó la factura en su declaración de IVA.
La expresidenta del Colegio de Contadores del Paraguay, Alba Talavera, coincidió en que una fiscalización permitiría al fisco determinar responsabilidades y advirtió que pedir facturas a nombre de terceros puede constituir evasión impositiva, un delito con sanciones incluso penales.
Tratándose de operaciones vinculadas con la casa presidencial, el presidente y su entorno deberían ser los primeros en dar ejemplo de cumplimiento estricto de la ley. Sin embargo, los defensores de Santiago Peña han intentado desacreditar los hechos con argumentos políticos, pese a que las evidencias son cada vez más preocupantes para la administración de la cosa pública.
Hay elementos suficientes para que la DNIT inicie una fiscalización, Seprelad investigue posibles indicios de lavado de activos, Contraloría General de la República empiece un estudio de correspondencia de Declaraciones Juradas de Santiago Peña, y el Ministerio Público abra una causa penal para esclarecer los hechos.
En cualquier país serio no hay ciudadanos de primera y de segunda: es intolerable que unos deban cumplir la ley y otros puedan ignorarla por ocupar el poder.
La aplicación estricta de las normas tributarias es esencial para la seguridad jurídica de cualquier Estado. No se puede torcer la ley para proteger al jefe de turno ni cerrar los ojos ante obligaciones legales. Óscar Orué, uno de los funcionarios más respetados del actual Gobierno, ha puesto en riesgo su propio prestigio –y peor aún, la credibilidad del sistema tributario– al defender con argumentos débiles lo que exige ser investigado con transparencia y sin privilegios.