Hoy cumple un año de vigencia el contrato que obligó a la firma catarí Doha Holding Group LLC a entregar a Petróleos Paraguayos (Petropar), dentro del plazo de dos meses, cien mil toneladas métricas de gasoíl, a cambio de 61 millones de dólares. Hasta hoy, la proveedora –al parecer carente de toda experiencia en la materia y ligada a Alejandro Domínguez Pérez– no ha suministrado ni una sola gota del combustible que debería provenir de Kazajistán, pese a las ocho prórrogas generosamente otorgadas, la última de las cuales vence el próximo 31 de octubre. Y conste que Petropar alegó “urgencia” para apelar al “procedimiento especial de contratación“, eludiendo así ciertos mecanismos habituales, pero esa “urgencia” ya demoró un año entero.
Quien desgobierna esa empresa pública, Eddie Jara, dijo ante la Comisión Bicameral que se está “insistiendo de manera vehemente con el proveedor para que se resuelva este tema”. Además, confesó que se está “llegando a un límite de paciencia” (¡¡¡menos mal!!!), tanto que insinuó que ya no habría una nueva prórroga si también la actual resulta inútil. La opinión pública sí ya habrá superado ese “límite de paciencia” ante la llamativa tolerancia del titular de la petrolera paraguaya, que ya ofende el sentido común.
Evidentemente, la urgencia no era tal, pues Eddie Jara aún sigue a la espera del producto, con la excusa del buen precio ofertado, sin atender que los proveedores de las empresas públicas deben demostrar solvencia técnica, económica y legal necesaria para responder a sus compromisos, como exige la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas. Desde un principio resultaba claro que lo que parece una “firma de maletín”, creada ex profeso para un determinado “negocio”, mal podría haber demostrado su solvencia, invocando sus antecedentes. Eddie Jara la eligió por sí y ante sí, ignorando que el precio no es el único factor a considerar. Ahora parece enfadado, aunque sea corresponsable de los daños que Doha Holding Group LLC está causando a Petropar, sumiéndola en la incertidumbre en cuanto a sus reservas y forzándola a recurrir a las disparadas a otros proveedores. Conste que, tras el vencimiento de la quinta prórroga, la Contraloría General de la República, demostrando muchísima paciencia, salió en defensa de quien ahora estaría a punto de perder la suya, alegando que la empresa que tan mal dirige no había hecho ningún desembolso.
La ley referida dice también que la empresa pública que compita con la privada solo puede apelar al procedimiento especial cuando los bienes a ser adquiridos se relacionen directamente con su giro comercial: aunque la firma catarí no tuviera experiencia alguna en este campo, se recurrió a ella en virtud de una resolución presuntamente ilegal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que en agosto del año pasado estableció un procedimiento especialísimo para que Petropar pueda comprar petróleo crudo, sus derivados y biocombustibles, sin atender la idoneidad del vendedor. Las grotescas actuaciones de Eddie Jara ya lo habían hecho merecedor de una destitución fulminante, para poner fin a sus reiteradas tomaduras de pelo a la ciudadanía.
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Se diría que en esta cuestión la paciencia del presidente Santiago Peña es tan ilimitada, como también lo es la de los legisladores, que ya deberían haber emitido un voto de censura, recomendando al jefe de Estado, previa interpelación, que destituya al vergonzoso mandamás de Petropar. Como hasta hoy no se ha tomado esa saludable medida, resulta inevitable preguntarse si el socio paraguayo de Doha Holding Group LLC ejerce alguna influencia en el poder político, lo que no asombraría en un país donde el amiguismo juega un notable papel en la función pública. Esta bochornosa práctica, que atenta contra el interés general y el principio de igualdad ante las leyes, también puede hacer perder el tiempo, afectando los planes de una empresa estatal.
Es de esperar que, por fin, se ponga término a un oscuro negocio que se ha convertido en una de las mayores burlas al pueblo paraguayo en los últimos tiempos.