El 180º Periodo de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se realizó esta semana y está concluyendo en suelo paraguayo, trajo mucho debate sobre el cumplimiento de los compromisos del Estado en la materia.
Se puede comenzar mencionando los ataques constantes a la libertad de prensa y expresión por parte del propio presidente de la República, Santiago Peña, en sus discursos amedrentadores al trabajo de los medios de comunicación críticos a la labor estatal. Se puede agregar las persecuciones a las organizaciones de la sociedad civil por parte del Congreso con la adopción de la “Ley Garrote”, o el menoscabo a derechos sustanciales por la justicia paraguaya como el respeto a las garantías del debido proceso o la protección judicial con el sometimiento del Poder Judicial al poder político, demostrado no solo con las demoras excesivas para la resolución de casos emblemáticos, sino también con la filtración de audios que confirmarían la injerencia del poder en las decisiones judiciales. Tampoco se puede dejar de lado otro derecho fundamental que constantemente se encuentra comprometido: los derechos políticos garantizados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que guardan directa relación con los elementos constitutivos de una democracia representativa, participativa y pluralista.
A tales efectos, el Tribunal interamericano dictó su Opinión Consultiva Nº 28, para analizar si el fenómeno de la “reelección presidencial indefinida” era compatible con la Convención Americana. Si bien en Paraguay, tras un fallido intento de enmienda constitucional bajo la presidencia de Horacio Cartes, se desechó la idea de buscar una modificación a la Carta Magna, el afán de entronizarse en el poder no desapareció del todo. Es por ello que nuestros insaciables parlamentarios, haciendo uso y abuso de sus mayorías, lograron modificar el reglamento del Poder Legislativo para permitir que el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez presida el Congreso durante los cinco años de la presidencia de Santiago Peña, y así socavar todo aquello que Paraguay, como Estado parte de la Convención Americana, se comprometió a garantizar.
Desde sus primeras decisiones, la Corte Interamericana enfatizó sobre la unión indisoluble de los conceptos de democracia, Estado de derecho y derechos humanos. En esa lógica, el Tribunal interamericano resaltó que “si bien el principio democrático implica que los gobernantes serán electos por la mayoría, uno de los objetivos principales de una democracia debe ser el respeto de los derechos de las minorías. Este respeto se garantiza mediante la protección del Estado de derecho y de los derechos humanos”.
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Estos conceptos garantizan que los principios de participación, alternancia y pluralismo, consagrados en la Constitución Nacional del Paraguay se vean materializados dentro de la vida democrática de sus instituciones. Sin embargo, la perpetuidad en los cargos, incluso a costa de modificaciones normativas, como la “reelección sempiterna” del cartista “Bachi” Núñez, impiden que se cumpla lo que manda la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos y las decisiones de la Corte IDH plasmadas en sus sentencias y en sus Opiniones Consultivas.
Pero como a nuestros políticos no les basta solo con dar discursos de “labios para afuera” ante los jueces de la Corte IDH que amablemente visitan el país, sino que también disfrutan haciéndolo ante el mundo entero, el presidente Santiago Peña no tuvo mejor idea que mostrar un Paraguay “paralelo” en la Asamblea General de la ONU, seguramente ante la mirada incrédula de los líderes de los Estados que conocen nuestra realidad.
Sin rubor alguno mencionó, por ejemplo, que “Paraguay ve con enorme preocupación la restricción de derechos fundamentales, como el derecho a la libre información y la libertad de expresión en países hermanos”, cuando precisamente este Gobierno se caracterizó desde un inicio por perseguir a organizaciones de la sociedad civil que abordan temas de transparencia gubernamental y lucha contra la corrupción, además de un cuestionamiento tenaz a medios de comunicación críticos. Se puede agregar la expulsión de la exsenadora Kattya González por su línea opositora a los intereses coyunturales de la mayoría oficialista –y una Corte Suprema de Justicia que no se anima a pronunciarse en la materia–, o el intento de modificación del proyecto de ley de protección de datos personales para evitar rendir cuentas sobre cuestiones de interés público.
En otro momento resaltó que “la violencia política es inmoral, intolerable y profundamente dañina”. ¿Existe acaso algo más violento para la democracia que el mencionado caso de la arbitraria destitución de una senadora electa por más de cien mil electores con base en causales que luego fueron desestimadas por la Justicia, solo por ser una tenaz opositora política?
No contento con este doble discurso, remató diciendo que “es posible crecer económicamente con justicia, democracia y derechos humanos”. Sin embargo, a dos años de gestión, el Gobierno solo ha demostrado que la justicia se encuentra sometida al poder de turno, congelando sus decisiones en casos emblemáticos, colocando a los peores en puestos de elección y remoción de jueces, salpicados con indicios de participación en narcopolítica, protegiendo a quienes desviaron recursos municipales para provisión de bienes o servicios básicos de justicia social, y salvando a los leales, muchos de ellos, acusados de pertenecer supuestamente a asociaciones criminales, lavado de dinero, clientelismo y nepotismo.
Si existe algo que dista del respeto a los derechos humanos es la condescendencia con la corrupción. Y en eso sí han demostrado que como Gobierno llevan la delantera.