El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), que el 8 de septiembre lanzó una Campaña Nacional contra la Corrupción en Salud, se dirigió al cardenal arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez, a través de un comunicado, para denunciar “hechos de corrupción estructural que comprometen el derecho a la vida” y ocurren en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, dirigido por María Teresa Barán. También le pidió su mediación ante el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República (CGR) a fin de que los responsables del Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), que está integrado al ministerio y financia el tratamiento de enfermedades que generan altos costos, sean removidos e investigados y el caso sea remitido a la Justicia.
Según el comunicado, el Fonaress estaría “bajo el control discrecional de una sola persona”, que no rinde cuentas sobre los ingresos y egresos de gran parte del dinero público, con la anuencia de María Teresa Barán. Es inadmisible que esa gestión sea en la práctica individual, habiendo un Consejo Ejecutivo Ad Honorem, también integrado por un representante del CPM, cuyo presidente, Jorge Rodas, califica al Fonaress de “organismo de maletín”. La asociación gremial dice que sus denuncias fueron plenamente corroboradas por la CGR. Más allá de las eventuales corruptelas administrativas, la situación referida tendría consecuencias fatales, dado que, según el comunicado del CPM, numerosos pacientes no pueden acceder a la cobertura, pese a que cumplen los requisitos legales, a que tienen dictámenes médicos y sociales favorables y a que hay fondos disponibles. ¡Lamentable!
El año pasado, el Fonaress solo asistió a 69 pacientes, habiendo ejecutado apenas el 40% de su presupuesto de unos veinte millones de dólares. Si “algunos fallecieron esperando respuesta, mientras que en otros casos los beneficios concedidos nunca se efectivizaron”, como informa el CPM, se impone desde ya la intervención inmediata del Ministerio Público. Una vez más, se demuestra que “el virus endémico de la corrupción”, al decir del presidente del CPM, también provoca la muerte, sobre todo la de las mayoritarias personas de bajos ingresos. En otros términos, la corrupción no solo afecta al erario, sino que también puede atacar el derecho básico a la vida. La CGR habría dado a la ministra un plazo de treinta días para presentar un “plan de mejora” del Fonaress, que fue incumplido porque a María Teresa Barán “poco o nada le interesa respetar la legalidad”, tal como se lee en el documento publicado.
Entre las cinco “deficiencias significativas”, que el órgano contralor reveló el último 20 de agosto, figura la falta de una estructura organizativa propia, de manuales de procesos operativos, de una auditoría financiera independiente, de un control eficiente de remedios de alto costo y de una rendición de cuentas, pues no se entregó al Poder Ejecutivo el balance de 2023, lo que impidió conocer el empleo del dinero público. En suma, la directora de Control Gubernamental de la CGR, Gladys Fernández, dijo que “las fallas no son menores ni aisladas: son deficiencias estructurales que pueden afectar el propósito del Fondo y poner en riesgo los recursos públicos destinados a salvar vidas”. Debería tenerlo en cuenta el presidente Santiago Peña, a quien ya en agosto el CPM había pedido la destitución de los miembros del Consejo Ejecutivo Ad Honorem del Fonaress.
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Esa organización gremial recurrió al prelado, tras haber pedido al órgano contralor –también sin éxito– que remita el caso a la Justicia y solicite al Poder Ejecutivo la intervención inmediata del Fonaress. Por de pronto, se mantendría así la impunidad en un organismo “hoy convertido en emblema de corrupción estructural en el sistema de salud”, según el CPM. El cardenal habría dicho que analizará la situación y que conversará “con la otra parte”. Entretanto, María Teresa Barán recordará que el Jefe de Estado dijo en junio a los ministros que “si sienten que ya no están en condiciones, siempre está la posibilidad de dar un paso al costado”. Por lo visto, la ministra no se dio por aludida. En verdad, ¿se siente ella en condiciones de seguir en un cargo que, con toda evidencia, le queda muy grande? La salud pública no debe seguir expuesta a la corrupción, unida a la ineficiencia. Es mucho lo que está en juego, como debería saberlo el jefe del Poder Ejecutivo.