Como se sabe, uno de los temas tratados por la defenestrada senadora Norma Aquino (Yamy Nal) y el aún senador Javier Vera (Chaqueñito), ambos cartistas y tránsfugas de Cruzada Nacional, en sus álgidos diálogos a través de WhatsApp, fue el de la donación de ocho millones de dólares hecha por el Gobierno de Taiwán para restaurar el Palacio Legislativo. El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), creyó oportuno anunciar que dicho órgano “no va a tocar ni un guaraní: va a pagar la embajada de Taiwán”. Además, pidió a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que “sea garante y que se publiquen y se hagan las licitaciones como corresponde”.
Paradójicamente, la DNCP aclara que no interviene en el proceso de las licitaciones que se produzcan con esta donación, por no encontrarse legalmente entre las regulaciones de su competencia. La propia DNCP aclara lo siguiente en su portal: “Esta licitación se encuentra en el portal de Contrataciones Públicas solamente para su difusión, el proceso no está alcanzado por las regulaciones de la Ley de Contrataciones Públicas y se utilizan otras leyes para regular el proceso según se indica en los documentos adjuntos”. ¿Ignoraba esto el titular del Congreso, al formular sus declaraciones? Por su parte, la Cancillería taiwanesa sostuvo que los programas de cooperación con nuestro país se ejecutan con transparencia, “en estricto cumplimiento de la ley”.
De entrada, llama la atención que el donativo en cuestión no haya sido tratado en el Congreso, a diferencia del que hizo la Unión Europea, bajo el anterior Gobierno, para el programa de transformación educativa, duramente criticado por el cartismo. Además, su ejecución fue fiscalizada por la DNCP, lo que no ocurriría en este caso, pese al anuncio de Bachi Núñez. El legislador dijo también que los desembolsos deben ingresar en el Presupuesto nacional, lo que no basta para concluir, si ello ocurriera, que el contrato vaya a ser adjudicado y ejecutado correctamente.
La ciudadanía tiene derecho a conocer los pormenores de cualquier emprendimiento de carácter nacional, aunque sea financiado con un préstamo o con una donación extranjera que venga destinado al pueblo paraguayo. Y con mayor razón en esta ocasión, después de las graves afirmaciones que trascendieron en relación al donativo taiwanés de la conversación de Yamy Nal y Chaqueñito, de que algunos senadores harían vito con dicho dinero.
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Es bueno recordar justamente que la construcción del Palacio Legislativo, realizada entre 2001 y 2003 a un costo de 22,5 millones de dólares donados también por Taiwán, habría estado plagada de graves irregularidades, empezando por la adjudicación del diseño en virtud de un supuesto “amiguismo”, según dijo en su oportunidad el entonces senador Juan Carlos “Calé” Galaverna. El Palacio Legislativo, conocido popularmente como el “Plato Volador”, muy pronto ya presentaba serias deficiencias, como filtraciones y algunos derrumbes, de modo que no es descabellado poner el ojo sobre el buen uso de los ocho millones de dólares hoy en danza, fuera del control de la DNCP.
Si es bueno confiar en el Gobierno donante, también lo es que los paraguayos controlen el uso del dinero recibido a través de los órganos competentes, es decir, que haya transparencia desde un principio. Aquí no solo está en juego el dinero de los contribuyentes taiwaneses, sino también el interés general de que el Palacio Legislativo no sea de nuevo una fuente de corrupción. Se agradece el gesto, pero es necesario disipar toda sospecha de que la historia se repita.
La ciudadanía tiene derecho a enterarse de las actuaciones realizadas en su nombre, para que, en este caso, ni los parlamentarios ni sus allegados salgan lucrando con ellas. Ciertamente, las sumas a ser invertidas estarán incluidas en el Presupuesto nacional, cuya ejecución deber ser aprobada o rechazada por el Congreso, pero cuesta mucho creer que los legisladores vayan a ocuparse a posteriori de verificar si todo se hizo como correspondía. Como sea, en esta donación, el pueblo paraguayo es un triste convidado de piedra, que incluso ignora el previo convenio relativo a ella, suponiendo que exista, pues no ha sido publicado, pese a lo que manda el art. 8° de la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental. El ambiente nebuloso es caldo de cultivo para la corrupción.