El nuevo intendente de Asunción, Luis Bello (ANR, cartista), quien como edil aprobó las ejecuciones presupuestarias ilícitas de su nefasto antecesor Óscar “Nenecho” Rodríguez, anunció como su primera medida “la firma de la derogación de la cuenta única”, utilizada para desviar hacia gastos corrientes fondos recaudados para los de inversión. Fue lo que ocurrió con el dinero derivado de los bonos emitidos para obras de infraestructura, en violación del art. 197 de la Ley Orgánica Municipal, que prohíbe operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. Una normativa de inferior jerarquía –la Ordenanza Nº 175/18– creó la “cuenta única del Tesoro municipal”, siendo reglamentada en 2019 por el entonces intendente Nenecho. Este reglamento incluyó en la cuenta única los recursos del crédito público, como lo son los provenientes de la emisión de bonos.
Dicha ordenanza y su reglamento eran y son nulos por violar el orden constitucional de prelación de las disposiciones jurídicas. Como dice el informe final de la intervención, la Municipalidad “incurrió en una extralimitación de sus competencias normativas”. Luis Bello faltó a la verdad al afirmar que “la cuenta única en la municipalidad queda absolutamente derogada”, pues sigue vigente la ordenanza citada, solo derogable con el acuerdo de la Junta Municipal. También ella debe ser abolida porque, al decir del exinterventor Carlos Pereira, creó la “cuenta única” sin habilitación legal expresa, lo que configuraría una “transgresión gravísima”. Según el actual intendente, “a partir de ahora, cada guaraní que ingrese al municipio tendrá un seguimiento claro y verificable desde su origen hasta su destino final”. Debe entenderse, pues, que tal seguimiento era antes oscuro e incomprobable, pese a lo cual también él aprobaba a ciegas las ejecuciones presupuestarias de Nenecho. Cabe preguntar si ello ocurrió por estupidez, por lealtad cartista o a cambio de alguna contraprestación. Lo cierto es que el intendente actual y muchos concejales anteriormente leales a Nenecho vieron la luz de repente.
Como sea, todos ellos deberían rendir cuentas ante la Justicia, por haber consentido que la Intendencia haya destinado 512.000 millones de guaraníes al pago de gastos corrientes, recurriendo a la modalidad de la cuenta única municipal. No sería raro que sostengan que no tuvieron nada que ver en el descalabro municipal y que ahora hasta exijan indignados la derogación de la Ordenanza Nº 175/18.
Resta esperar que, al menos hasta el próximo año, el electorado asunceno conserve en la memoria la artimaña de la “cuenta única”, tan útil para que la Intendencia y la Junta Municipal hayan hecho con el dinero público cuanto les venía en gana. Por de pronto, valga como lección que también conviene saber elegir a los concejales y que luego hay que someterlos a un permanente control ciudadano: bien se sabe que es bueno confiar, pero que es mejor controlar. A propósito, el flamante intendente habló de “recuperar la confianza” que él mismo, entre otros, contribuyó a quebrantar. Dados sus antecedentes, les costará bastante que los capitalinos se la entreguen, más aún cuando ni siquiera han insinuado un pedido de perdón, como si nada tuvieran que ver con “el resultado terrible que tales prácticas ilegales han tenido en la gestión de la administración fallida(...), materia de intervención forzosa por los órganos e instituciones de control y judiciales”, según la intervención.
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Es de esperar, en fin, que la capital se reivindique ante el país en 2026: la descomunal vergüenza que implicó la gestión del anterior intendente no debe repetirse en modo alguno. En las cercanas elecciones municipales, los electores tendrán aún fresca en la memoria la debacle ocasionada por el intendente cartista renunciante y su cohorte de concejales leales –por no decir cómplices–, como para volver a tropezar por la misma piedra.