La Ley N° 2072/03 creó la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para que evalúe y en su caso acredite la calidad académica de las entidades de educación superior que se someten a su examen y produzca informes técnicos sobre los requisitos académicos de las carreras y de las entidades de educación superior.
Está bien que así sea, solo que la participación en los procesos de evaluación externa y acreditación es voluntaria, salvo para las carreras de derecho, medicina, odontología, ingeniería, arquitectura e ingeniería agronómica, y para las que otorguen títulos que habiliten para ejercer profesiones cuya práctica pueda afectar la integridad de las personas o su patrimonio.
Dado el carácter en general voluntario de los citados procesos, no sorprende que solo estén acreditadas 452 carreras de las más de cinco mil habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), es decir, por el organismo que dictamina sobre la creación de las universidades y los institutos superiores, fundado en un informe técnico de la Aneaes. Según el presidente del Consejo Directivo de esta agencia, José Duarte, la circunstancia de que la gran mayoría de las carreras ni siquiera fue sometida a un examen implica que se ignora la calidad de la enorme mayoría de las ofertas académicas. Siendo presumible que la evaluación fue eludida tantas veces por temor a un fiasco, puede concluirse que la calidad de las carreras es pésima.
La agencia también desconoce el estado de la infraestructura, el grado de capacitación de los docentes y el cumplimiento de estándares de investigación. En suma, no sabe mucho de lo que se hace o se omite en las diez universidades públicas y en las 48 privadas que, sobre todo, bajo el patrocinio de ciertos políticos, han proliferado en los últimos años. Así, expedir títulos académicos se ha convertido en un buen negocio. De la índole de muchas universidades privadas habla el hecho de que una de ellas –lambareña– tuvo como supuesto alumno al exdiputado Orlando Arévalo, quien rindió un examen de Ética Jurídica en dos días feriados, logrando la nota más alta.
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Comprensiblemente, José Duarte sostiene que el MEC no debería registrar los títulos académicos –como lo viene haciendo– sin que las respectivas carreras hayan sido al menos evaluadas por la Aneaes. El problema es que la ley de su creación no fija pena alguna para el caso de que se haya eludido el examen, a lo que cabe agregar que debería ser obligatoria la evaluación de todas las carreras y no solo la de algunas. Entre aquellas en las que es voluntaria figuran las de enfermería y las de ciencias de la educación: en estas últimas, no está acreditado el 93% de las 247 carreras habilitadas por el Cones.
Al dictaminar sobre la creación de una universidad, dicho organismo debe verificar también que al menos el 30% de los profesores sea de tiempo completo y que las carreras de grado duren como mínimo cuatro años y 2.700 horas cursadas, como manda la Ley N° 4995/13. No resulta temerario presumir que dista de ser muy exigente al respecto. Es mucho lo que está en juego en la educación terciaria, empezando por la vida: en 2020, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social pidió al Cones que suspenda la irresponsable habilitación de nuevas carreras de medicina y el año siguiente varios senadores propusieron que la suspensión dure cinco años; en 2023, la iniciativa fue archivada, pero, luego de un lapidario informe de una comisión especial formada para investigar el funcionamiento de las carreras de medicina, en 2024 el Cones dispuso suspender la habilitación de las mismas.
Según la Aneaes, la situación es “sumamente preocupante”, en lo que atañe a la carrera de enfermería, y es presumible que algo similar ocurra con las carreras que tienen que ver con la libertad o con los bienes de las personas. Urge tomar en serio las normas relativas a la educación superior: ella no debe servir para expedir títulos que solo adornen paredes, sino para formar buenos profesionales mediante el rigor académico. En el sector privado, la formación universitaria debe dejar de ser un simple negocio y en el público, uno de los tantos servicios que tan mal se prestan: es necesario que la excelencia académica, de la que tanto se habla, deje de ser en gran medida una farsa, como viene ocurriendo.