El acuerdo, en su artículo 1º, establece que Estados Unidos propondrá a la CONARE el traslado de nacionales de terceros países presentes en los Estados Unidos que puedan solicitar protección contra el retorno a su país de origen o país de residencia habitual anterior.
Es decir, todas aquellas personas que hoy en día son perseguidas en las calles de Estados Unidos por ser extranjeros, alzados en ómnibus y señalados como “indeseables”, podrían recalar en Paraguay bajo la noble figura del derecho internacional público: la de “refugiados”, con las prerrogativas y el status que les confiere la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 1951).
Dicho acuerdo también remarca que la CONARE considerará aceptar total o parcialmente una propuesta hecha por Estados Unidos. Este Gobierno, que se considera “amigo incondicional” de Donald Trump, ¿acaso tendrá el valor de negarse a las peticiones de refugio hechas por el Departamento de Estado? Más aun, teniendo el interés supremo del levantamiento de la sanción de “significativamente corrupto” que el Gobierno estadounidense aplicó al expresidente de la República y titular de la ANR, Horacio Cartes. Recuérdese que, apenas Trump ganó las últimas elecciones norteamericanas, el propio presidente Santiago Peña había declarado el hecho como “muy alentador” y expresó su esperanza de que se abran “canales de comunicación” para que su mentor “tenga la posibilidad de defenderse” y demostrar que esas acusaciones “no son ciertas”. Como se ve, no es poca cosa lo que está en juego. Algunos legisladores, por su parte, habían adelantado que harían “lobby” ante el actual Gobierno norteamericano para conseguir tal propósito.
El documento firmado ahora compromete a la CONARE a no devolver a su país, o al país de residencia anterior, a ninguna persona trasladada al Paraguay por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos hasta que se haya adoptado una decisión definitiva respecto de las solicitudes de protección pendientes.
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Esto significa que la permanencia en Paraguay no depende de la CONARE, sino del tiempo que emplee Estados Unidos en decidir si acepta o no en su territorio a los refugiados enviados; mientras tanto, Paraguay se compromete a brindarles seguridad, permanencia en el país en condiciones dignas, salud, educación y trabajo (en lo que no puede satisfacer ni las necesidades de los propios compatriotas), según los tratados internacionales a los que se remite el acuerdo. Lo notable del caso es que Paraguay tiene centenares de miles de compatriotas que fueron a distintos países del mundo, incluyendo Estados Unidos, desde donde ahora corren el peligro de ser expulsados, precisamente buscando muchas de las cosas que el convenio obliga a nuestro país a ofrecer a los refugiados.
En este punto es bueno recordar que no hace mucho tiempo el Gobierno de Trump resolvió desfinanciar agencias de cooperación que apoyaban a Paraguay como la USAID. ¿Con qué dinero se financiará la permanencia de los refugiados que pudieran venir? ¿O existen acuerdos bajo la mesa que no figuran en el papel? Se menciona por ejemplo que Paraguay no sufriría los aumentos de los aranceles para la obtención de visa americana, ¿o el Gobierno de Peña se juega la posibilidad del levantamiento de la mencionada sanción a Horacio Cartes?
Por otro lado, no se habla de la calidad de la gente que podría ser enviada al Paraguay, por lo que no se puede descartar que entre los que podrían venir se encuentren personas con antecedentes de violencia o intolerancia religiosa, como los de algunos países del Medio Oriente, o integrantes de los Mara Salvatrucha, la terrible organización criminal que crea graves problemas en Estados Unidos y otros países. Todas estas posibilidades deben dilucidarse con claridad.
El documento finaliza remarcando que nada de lo establecido en el mismo se interpretará de tal manera que comprometa el desembolso o la asignación de fondos por las Partes. Paraguay correrá con todos los gastos de permanencia de los refugiados que Estados Unidos no quiere en su territorio. Nuestro país siempre fue solidario y estuvo presto a tender la mano a la gente que necesitaba protección, pero nunca antes ningún Gobierno extranjero nos obligó a recibir a gente que no quiere en su territorio. Ahora nos están obligando a pisar tierra movediza.
Lo llamativo de la firma de este acuerdo es que Santiago Peña demostró no tener claridad conceptual sobre lo que es un “asilado político” y un “refugiado”, instituciones claves del derecho internacional público. De modo que no sabemos en qué se metió nuestro país.