Con un bagaje de esperanzas, arropado con centenares de promesas electorales de trabajo, salud, educación, y con el eslogan de “vamos a estar mejor”, Santiago Peña arribó al poder hace dos años apadrinado por Horacio Cartes. Tenía la pista lista para despegar después de la pandemia: Paraguay había sido felicitado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por ser uno de los países en la región que iba a tener una mayor recuperación económica; era uno de los que menos afectado vio su economía con una contracción estimada entre las más bajas de la región, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Banco Mundial llegó a decir que iniciativas como Pytyvõ, Tekoporã y Ñangareko permitieron alcanzar a gran parte de la población vulnerable y evitó que unas 230.000 personas cayeran en pobreza durante la pandemia. Tenía la mesa servida para el banquete de un Gobierno que cumpliera las promesas comprometidas en campaña del Partido Colorado, en representación de Honor Colorado.
Dos años después podrían estimarse como suficientes para ver concreciones muy anheladas por la ciudadanía: sentir un Estado más seguro, con menos corrupción pública, con mejores servicios de salud, más educación, con mayores grados de transparencia, con mejor gasto público, con una ciudadanía más organizada y menos descontenta.
Sin embargo, esta oportunidad histórica se ha ido disipando. La realidad es demoledoramente opuesta: una de las gestiones más esperadas es hoy día una de las más decepcionantes con un alto nivel de frustración. El Gobierno presume de una macroeconomía fantástica, celebra índices internacionales mientras la ciudadanía percibe que la bonanza no llega a su mesa. En la cima, las cuentas cuadran, en la base, las cuentas no alcanzan.
Los escándalos que acompañan la gestión de Santiago Peña, en muchos casos, son lapidarios. La aplicación de fondos públicos privilegiando entes financieros vinculados a sus antiguas sociedades comerciales no ha podido ser desmentida. Las contrataciones públicas parecen aterrizar indiscriminadamente en empresas vinculadas a esos mismos exsocios comerciales. A algunos correligionarios se los mantiene contentos esparciendo algunas migajas que se financian con el impuesto de todos. Han apostado al clientelismo como una manera de mantener contento al club del poder cercano y las bases políticas que los llevaron al poder.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El nepotismo y la financiación de un ejército de personas poco cualificadas pero vinculadas a los poderosos de turno solamente han provocado rabia y frustración ciudadana por el malgasto de los impuestos. La calidad y cantidad en la función pública está más que lejos con altos niveles de nuevas contrataciones para entes ya desbordados de operadores políticos. La corrupción está desbocada, ayudada por una paupérrima gestión judicial y una más deplorable actuación del Ministerio Público.
En salud no nos ha ido mejor, y es, probablemente, uno de los talones de Aquiles más vulnerables de este Gobierno, con nosocomios inaugurados solamente para jactancia de las propias autoridades nacionales y caciques locales y desatar cintas, mientras se producen muertes que nunca debieron ocurrir, con persistente falta de medicamentos e insumos, hospitales deteriorados y mala administración del personal público con especial afectación sobre todo a los pacientes oncológicos.
La educación ha instalado el “hambre cero” como una conquista, pero a la vez el plan peñista de alimentación al parecer ha registrado altos grados de corrupción. Los famosos “muebles chinos” adquiridos a tambor batiente pese a todas las evidencias de negociado han sido una de las preseas de las que Peña nunca podrá desprenderse; muebles de dudosa calidad financiados por Itaipú están hoy día amontonados en escuelas donde hay niños que aún dan clase bajo los árboles.
La inseguridad ciudadana está en auge, aunque debe destacarse operativos como la recuperación del penal de Tacumbú. Crímenes contra la propiedad, asaltos y episodios de violencia siguen golpeando a la gente en las calles, con impactantes casos fatales que afectan sobre todo a la clase trabajadora.
El Gobierno no ha logrado en estos dos años mejorar el transporte público ni ha acabado con las amenazas y chantajes de empresarios vinculados al sector. Al contrario, además de desembolsos de gruesos subsidios con poco control, anuncios nuevos hacen temer que otra vez todo el pueblo financiará con sus impuestos la adquisición de unidades de transporte para que sean explotados por los mismos empresarios de siempre.
La presión sobre la sociedad civil y medios independientes de prensa han sido indisimulados en todo este tiempo. Episodios recientes confirman que Santiago Peña firmó solo como propaganda la declaración de Chapultepec para la protección de la libertad de expresión y de prensa. Ataques cada vez más indisimulados, abiertos y con reacciones más virulentas solo proyectan temor ante el deterioro de garantías para ejercer una prensa crítica.
El sector privado, que durante anteriores gobiernos siempre gozó de alguna libertad para competir en igualdad de condiciones, ha empezado a sentir prácticas de favoritismo, con reglas cambiantes y con concentración de contratos públicos en un reducido número de proveedores. La ausencia de regulaciones efectivas para evitar ciertas posiciones dominantes en ciertos mercados pareciera ser hoy una preocupante realidad.
En las binacionales tampoco nos ha ido bien, se las está usando más para financiar ambiciones políticas y contratos de correligionarios y afines que para logros energéticos. Se han retrasado los calendarios de renegociación y cada vez se aleja más la esperanza de recuperar nuestra soberanía energética en Itaipú, pese a haberse cumplido también dos años para el inicio de la renegociación del Anexo C.
La mayor recaudación de impuestos –probablemente el logro más importante del gobierno de Santiago Peña– no tiene el alto impacto esperable. Ese caudal de recursos pierde fuerza por las debilidades que lo rodean –la corrupción, el clientelismo– y que distorsionan su destino, programas sociales con cobertura limitada y cuestionada transparencia, un sistema de salud pública deteriorado, inseguridad persistente y organismos reguladores sin independencia.
En dos años, el Presidente de la República tuvo todo para ganar. Un Poder Legislativo totalmente complaciente donde todos los proyectos de ley que presentaron fueron aprobados a tambor batiente, mientras el Poder Judicial no ha tenido el coraje de quebrar el avasallamiento del poder político.
Aún con todos los vientos a favor que le dieron alas a sus aviones a lo largo de casi medio centenar de viajes por casi todos los continentes, Santiago Peña no ha logrado hacer aterrizar su “vamos a estar mejor” para todo el pueblo paraguayo. Las esperanzas, 730 días después, están cada día más desteñidas.