La inusual medida del Gobierno cartista de clausurar una cadena de minimercados tras recorrer cinco de ellos y encontrar supuestos productos vencidos y reetiquetados arriesga valores consagrados por la Constitución Nacional del Paraguay. Un país donde las reglas cambian a capricho del gobernante de turno, un escenario donde la ley deja de ser un escudo y se convierte en un garrote, como desde el martes lo están transmitiendo a todo el país, no puede inspirar confianza.
Lamentablemente para todos los sectores involucrados, está en juego mucho más que las libertades económicas y la previsibilidad jurídica: están en juego las libertades de prensa y de libertad de expresión garantizadas por la Constitución Nacional. Y esto es así porque, tras varias amenazas, finalmente el Gobierno se ha animado a ir contra las inversiones económicas del grupo empresarial propietario del grupo periodístico ABC.
Advertencias anteriores de un furioso Santiago Peña hacen sospechar con mucha certeza que lo ocurrido podría tratarse de una vendetta ante nuestras publicaciones sobre el dinero público invertido en negocios de exsocios comerciales del jefe de Estado y el descubrimiento de la fortuna detrás de la mansión en San Bernardino. Clausurar 263 locales no es una medida sanitaria: parece más un torniquete económico aplicado con premeditación para intentar ahogar la voz crítica de nuestros medios.
Para desgracia de los tours marketineros presidenciales, el caso ya tiene destaque internacional en prensa extranjera y repercusión en la misma Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se pronunció sobre el cierre de los comercios. Su presidente, José Roberto Dutriz, declaró ayer que las autoridades deben “garantizar la transparencia del proceso y así evitar decisiones estatales que puedan percibirse como represalias o neutralización de críticas periodísticas”. La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa, Martha Ramos, fue más lejos: “Se debe explicar clara y públicamente la justificación de la medida, para evitar cualquier apariencia de discriminación conforme a los principios consagrados en la Declaración de Chapultepec”.
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La declaración de Chapultepec, un acuerdo de gobiernos para proteger la libertad de prensa y de expresión celosamente defendido por la SIP, fue firmada por el presidente Santiago Peña el 17 de octubre del año pasado. Al rubricar la declaración, el jefe del Ejecutivo llegó a decir que “sin libertad de prensa, moríriamos asfixiados”. Pronto se le olvidó su declaración internacional; hoy día ha descubierto que la libertad de prensa también puede morir indirectamente ahogada con medidas económicas destinadas a domar las críticas de sus detractores. Ya no necesitan cerrar un medio de comunicación, pueden aplastarlo financieramente al sofocar a sus inversionistas.
De hecho, apenas cuatro días después de firmar la declaración de Chapultepec el año pasado, un descontrolado Santiago Peña se despachó con todo hacia el cronista del grupo ABC que cubría un evento, y envió un furibundo mensaje al medio de comunicación. ¿Cuál fue la razón? Ese día osamos preguntar sobre los conflictos de intereses existentes ante la aplicación del dinero público del Instituto de Previsión Social (IPS) en el banco de los entonces todavía socios comerciales de negocios de Peña en el grupo Ueno.
Un país donde las reglas cambian a capricho del gobernante de turno, un escenario donde la ley deja de ser un escudo y se convierte en un garrote, como desde el martes se está transmitiendo a todo el país, deja de ser fiable. No importa cuánto marketing y tours realicen, cuando la lógica deja de ser predecible, no hay discurso ni oratoria que la sustente.
Son tan temerarios y previsibles en las bravuconadas, que si alguna duda teníamos de la ley usada como garrote, el día de ayer la Cámara de Senadores volvió a hacer uso de ella. A propuesta del senador Dionisio Amarilla, quien ya lideró investigaciones de la bien llamada “Comisión Garrote”, donde no han disimulado ataques dirigidos al grupo económico al que pertenece ABC, volvió a arremeter ayer, logrando introducir en las investigaciones, además de las telefonías, también a la ahora cerrada temporalmente cadena de minimercados Biggie. De hecho, hoy comparecerán ante dicha comisión las cabezas de Sedeco y Dinavisa, Sara Irún Sosa y Jorge Iliou, respectivamente, quienes dieron la cara por la inquietante medida adoptada.
La actual administración de Donald Trump, a través del Departamento de Estado, emitió ayer un lapidario informe sobre retrocesos en libertad de expresión, hostigamientos a la prensa y restricciones a la sociedad civil durante el año 2024. En libertad de prensa, la mención más especial fue justamente a la llamada “Comisión Garrote”, que fue integrada por el novísimo embajador paraguayo ante el Gobierno estadounidense, Gustavo Leite, junto al inefable senador Dionisio Amarilla. De esa comisión dicen que fue usada para “intimidar a los críticos con falsas acusaciones y amenazas de medidas legislativas con importantes sanciones”.
La libertad de prensa no es una concesión del poder: es un derecho inviolable que sostiene la democracia. Ningún presidente tiene autoridad para sofocar económicamente a un medio crítico ni para condicionar su supervivencia a la docilidad de sus páginas. La historia enseña que donde se quiebra la voz independiente, se quiebra la justicia, se extingue la igualdad y la corrupción florece sin testigos. La prensa libre existe para vigilar al poder, no para rendirle pleitesía. Y por esa misión –innegociable, irrenunciable y amparada por la Constitución– ABC renueva y redobla su apuesta contra el silencio y a favor de la palabra. No cederemos ni ante presiones políticas ni ante aprietes económicos disfrazados de ley. NO NOS VAMOS A CALLAR.