La cláusula VI del Anexo C, que regula las “bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de Itaipú”, textualmente estipula que las disposiciones del anexo “serán revisadas” en un plazo de “cincuenta años a partir del ingreso en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”.
La deuda ya está totalmente amortizada y ese plazo se cumplió el 13 de agosto de 2023, en coincidencia con la puesta en funciones de Santiago Peña, quien asumió dos días después, el 15 de agosto de ese mismo año. Se daba por hecho que esta sería una de las máximas prioridades de su administración, pero han pasado dos años, la desventajosa situación no ha variado ni un centímetro y el Gobierno no ha exigido ni la plena restitución de los legítimos derechos del Paraguay ni el respeto de su soberanía.
Esto es así porque Itaipú es el producto del aprovechamiento de un recurso natural que pertenece a ambos países en partes estrictamente iguales, que es el enorme potencial energético derivado de la diferencia de altura del río Paraná entre los Saltos del Guairá y la desembocadura del río Yguazú. Pero el Paraguay jamás ha sido tratado de “igual a igual”, como le reclama Lula a Estados Unidos, sino como un vecino pobre y pequeño que “solo puso el agua” y que debe conformarse con una participación minoritaria y con las migajas que aceptan sus gobernantes, como los altos salarios, una porción en la corruptela o el uso discrecional de “fondos socioambientales”, de los que tanto se jacta Santiago Peña.
Formalmente se reconoce la propiedad condómina igualitaria del recurso, pero, para todos los efectos prácticos, se establecieron las “trampas” del Anexo C. La principal de ellas es la figura de la “cesión”, instituida en el artículo II.5 (luego calcada por Yacyretá): “Cuando una entidad decide no utilizar parte de la potencia contratada o parte de la energía que a esta le corresponde, dentro del límite fijado, podrá autorizar a Itaipú a ceder a las otras entidades la parte que así se hiciera disponible”.
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Si bien el texto no lo exige taxativamente, la interpretación que se le ha impuesto históricamente y hasta el día de hoy al Paraguay es que debe cederle al Brasil todo lo que no utilice por una ínfima compensación. Paraguay es “dueño” de esa energía, pero no se la puede vender al Brasil a precio justo, tampoco le permiten comercializarla de manera independiente entre compradores mayoristas en el mercado abierto brasileño, y mucho menos ofrecerla a terceros países (lo que sí permanentemente hace Brasil de manera indirecta), que pagan hasta veinte veces más.
El falaz y hasta cínico argumento esgrimido en su momento fue la incapacidad financiera de nuestro país para hacerse cargo de su parte de la deuda por la construcción de la central y de la contratación de su parte de la potencia instalada. En primer lugar, el que uno de los socios sea más pobre no habilita al otro más poderoso a expoliarlo. Con mayor razón tendría que haberle pagado el “justo precio” que se acordó originalmente y luego se dejó de lado. En segundo lugar, Brasil no costeó la construcción de Itaipú, que se autofinanció de principio a fin. Todo lo contrario, se benefició enormemente como principal prestamista, a menudo usurario, de una deuda que terminó siendo exorbitante y en gran medida espuria.
Pero, además, esa deuda ya ha sido cancelada, la última cuota se pagó en febrero de 2023 y, sin embargo, el trato continúa siendo el mismo. Actualmente Paraguay le cede al Brasil entre 15 y 20 millones de megavatios/hora al año, una cantidad equivalente a todo el consumo nacional de energía eléctrica, y no puede cobrar lo que esa energía vale. En 41 años, desde que comenzó a producir la primera turbina en 1984, Paraguay le cedió el 80% de su parte de la energía generada al Brasil y, en promedio, cobró la irrisoria suma de 4,4 dólares el MWh.
¿Y qué hace al respecto el Gobierno paraguayo? La respuesta es fácil: NADA. Insólitamente, por una cuestión secundaria, las tratativas por la revisión del Anexo C están suspendidas unilateralmente por Paraguay, para beneficio del Brasil. Peor aún, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien actúa de vocero, deslizó que “no se tocará la figura de la cesión, porque eso sería modificar el Tratado”. Increíble. Tratan y dejan que traten al Paraguay como una republiqueta y Santi Peña muy contento con los “fondos sociales” que le dan para gastar sin rendir cuentas.