El fallecimiento del diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista) y la consecuente suspensión de la sesión ordinaria de la Cámara Baja impidieron que ayer se trate un proyecto de ley presentado por dieciocho diputados opositores para que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), creada por ley en 1964 y convertida en organización no gubernamental (ONG) en 1997, no siga gozando de prerrogativas incompatibles con su carácter de entidad privada, como la de intervenir en la expedición y renovación de licencias para conducir, así como en la intermediación de cobro de otros impuestos municipales. De prosperar la iniciativa, en adelante, estas cuestiones serían de competencia exclusiva de cada una de las 263 administraciones comunales.
En efecto, aparte de estar instalada en el aparato estatal, la Opaci goza del raro privilegio de administrar dinero de los contribuyentes; se rige tanto por el Derecho Privado como por el Público, situación esta que no alarmó a la Comisión (“Garrote”) de Investigación Antilavado, concebida para perseguir a organizaciones no gubernamentales (ONG) desafectas, bajo la presidencia del senador Dionisio Amarilla (PLRA, cartista). La Opaci ha venido recaudando, por ejemplo, multimillonarios fondos provenientes del cobro anual de diez mil guaraníes por la emisión y renovación de cada una de las licencias municipales para conducir vehículos. Así, entre 2020 y parte de 2024, percibió en tal concepto 4,6 millones de dólares. En 2019, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial denunció que no había recibido de la ONG, unos diez mil millones de guaraníes por el cobro de aranceles de licencias de conducir, en el marco del aberrante convenio de delegación de funciones (!).
Su actual presidente, Óscar Cabrera Narváez (ANR, cartista) –intendente de Guarambaré– cree no estar obligado a rendir cuentas a la Contraloría General de la República, aunque, según dijo, no tendría “ningún problema” en que la ONG sea auditada. De hecho, ya lo fue en 2016, tras varias denuncias publicadas por este diario. Los resultados finales de este examen, conocidos solo siete años más tarde, revelaron que en 2015, estando presidida por Ricardo Núñez, hermano del hoy presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, la entidad sin fines de lucro no había transferido a las municipalidades 18.172 millones de guaraníes por impuestos a las operaciones de crédito (hipotecas) y a la venta de bienes raíces. ¿Se engulleron los directivos de la Opaci tan monumental suma? ¿Qué hizo la CGR con este resultado?
Es que la Opaci, como señalamos, también cobra por intervenir en las transacciones inmobiliarias, haciendo de agente de retención en virtud de un acuerdo con el Colegio de Escribanos del Paraguay, pese a que las municipalidades tienen oficinas recaudadoras y a que, según la Constitución, les corresponda a ellas y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven los inmuebles en forma directa. Solo entre 2010 y 2015, la Opaci recibió en diversos conceptos más de 182.000 millones de guaraníes, una suma exorbitante que hace suponer que habrá sido irresistible la tentación de quedarse con una parte de ella. Por eso, sería interesante conocer, con documentos, en qué se invirtió tan voluminosa recaudación.
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Aparte del dinero público en juego, se da la llamativa situación de que la ONG de marras –ignorada en la Ley Orgánica Municipal– no solo usurpa atribuciones, interfiriendo entre el Gobierno local y los pobladores, sino que también tiene la facultad legal de nombrar a dos intendentes que integren el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, en tanto que su presidente es miembro nato del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (!).
Siendo así, es de desear que el plausible proyecto de ley referido también incluya la modificación de las respectivas normas que rigen dichos organismos, porque no parece oportuno que una entidad privada, a la que las municipalidades no están obligadas a pertenecer y que, de hecho, muchas de ellas no integran, esté formalmente representada en ellos, para ocuparse de la seguridad en las rutas o del almuerzo escolar. Por lo demás, entre los fines citados en los estatutos de la Opaci no figura el de intervenir en la ejecución de políticas públicas, sino solo el de “difundir la opinión de la organización a los otros niveles del Estado en lo concerniente al cumplimiento de las normativas legales que afectan al sector municipal”.
Hay indicios ahora de que el oficialismo rechazará el proyecto de ley, quizá porque el influyente senador Bachi Núñez seguiría teniendo fuertes intereses en la Opaci, aparte de que su actual presidente es cartista, cuya mayoría legislativa se viene oponiendo sistemáticamente a iniciativas que afecten a seguidores de dicha corriente. No obstante, habrá que insistir en el tratamiento, aunque más no sea para que el cartismo quede en evidencia, una vez más. Las atribuciones del gobierno municipal no deben ser asumidas por una organización privada, que solo causa mayores costos y demoras a los particulares. Esa ONG, al parecer, solo está al servicio de quienes la manejan a su gusto, a costa del interés general.