Si alguna duda quedaba, la aprobación por parte del Senado de la creación de dos nuevas comisiones permanentes, una de Asuntos Electorales y otra de Asistencia, Protección y Bienestar Animal, con las que ya suman nada menos que 29 solamente en esta cámara del Poder Legislativo, da la pauta de que no existe la más mínima voluntad de racionalizar la administración pública ni de cumplir la nueva ley de la Función Pública y el Servicio Civil, que terminará “puenteada” y reducida a letra muerta, como todas las que supuestamente se establecen para poner un tope a los privilegios de la clase política y de su clientela.
Ya existía una comisión especial formada para “estudiar las denuncias contra las máquinas de votación”, pero, como casi siempre, todo eso quedó en la nada, en vez de dar por terminadas sus funciones y desmantelar la estructura que se armó para el efecto, se decidió “ampliar su radio de acción y constituirla en una instancia permanente, atendiendo la proximidad del proceso eleccionario correspondiente a las municipales y, subsiguientemente, las elecciones generales”.
También consideraron muy necesaria la creación de una comisión permanente de Bienestar animal para “dictaminar, estudiar y analizar sobre legislación relacionada al tema y la articulación con las instituciones y organizaciones afines a la misma, sustentados en el derecho animal, que es el conjunto de normas que, de forma directa o indirecta, tienden a salvaguardar la vida, la libertad y dignidad de todas las especies de seres sintientes no humanos que habitan nuestro planeta”.
No importa cuan rebuscados sean los argumentos que se esgriman, la ciudadanía sabe perfectamente que el verdadero objetivo es generar puestos para asesores, relatores, secretarios, personal administrativo, de apoyo y de seguridad que invariablemente tiene cada una de las comisiones, lo cual les da mayor margen para “nepobabies”, operadores, amantes y afines a costilla de los contribuyentes.
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Prueba de ello es que, con estas dos últimas, existen 29 comisiones permanentes en el Senado para 45 senadores (más otras casi 50 en la Cámara Baja para 80 diputados). Si realmente fuera cierto que se necesita una para algún tema muy relevante y prioritario que requiere una atención especial, entonces tendrían que eliminar otras y suplantarlas, porque, en promedio, hoy solo hay un senador y medio por comisión.
Eso no significa que el Poder Legislativo no se tenga que ocupar de una gran diversidad de temas, pero, justamente por eso, es absurdo que haya una comisión para cada asunto específico, como sin duda es el caso de la flamante comisión permanente para “estudiar y analizar” (sic) los derechos de los “seres sintientes no humanos”.
Tradicionalmente, el Senado contaba con solo siete comisiones permanentes y otras tantas funcionaban en la Cámara de Diputados. Actualmente son las siguientes: Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública; Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales; Peticiones, Poderes y Reglamentos; Cultura y Educación; Derechos Humanos; Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Latinoamericana; Reforma Agraria y Bienestar Rural; Salud Pública y Seguridad Social; Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales; Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos; Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente y Desarrollo Sostenible; Equidad y Género; Estilo; Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado; Industria y Comercio; Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos; Desarrollo Social; Pueblos Indígenas; Derechos para las Personas con Discapacidad; Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud; Seguimiento y Control del Contrabando de Productos Frutihortícolas e Industrializados; Deportes; Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones; Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro; Turismo; y las dos nuevas que se acaban de crear.
El solo repasar esta lista demuestra lo insólito de la situación. El presidente del Congreso debería informar de inmediato a la ciudadanía qué utilidad ha producido cada uno de esos órganos asesores más que llenar de funcionarios el Palacio Legislativo, sin contar los que figuran, cobran y ni aparecen.
De más está decir que la gran mayoría ingresa sin concurso, en contra de la ley anterior y de la nueva de la función pública, que establece exigencias, limita al máximo el número de “cargos de confianza” y prohíbe que estos sean ocupados por parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Pero esta ley, la 7445, De la Función Pública y del Servicio Civil, que supuestamente entró en vigencia el pasado 16 de julio, le permite al Poder Legislativo hacer su propia reglamentación, cosa que, obviamente, no ha ocurrido, por lo que, sencillamente, no la acata. Lo mismo ocurre con la llamada “Ley Godoy”, de cuyo cumplimiento el Congreso expresamente se autoexcluye cada año en la Ley de Presupuesto.
Todo esto es con la anuencia del Poder Ejecutivo. Es más, el presidente de la República, Santiago Peña, expresamente declaró hace un par de semanas lo siguiente: “Yo sé que hay mucha gente que, con mucha ligereza, cuestiona los supuestos privilegios que tiene la clase política, en este caso los congresistas, pero yo les diría que definitivamente se merecen, no tengo ninguna duda”. ¿Qué se puede esperar?