Entre 2014 y 2025, la cantidad de cargos públicos ha aumentado de 280.662 a 334.541, sin considerar los municipales, que no integran el presupuesto nacional. Es indudable que el clientelismo y el nepotismo están muy arraigados en la cultura político-administrativa del país, más allá de los colores.
Como quienes deben velar por el buen uso del dinero de sus representados son muy adictos a esos vicios, contrarios a la ley, a la ética y a la razón, explica, por ejemplo, que la cantidad de puestos en el Congreso, que desde este año cuanta con 288 enchufados adicionales, haya tenido el mayor incremento relativo con un 63,6%. Ocurre que los nuevos parlamentarios arriban con sus respectivos allegados, que se suman a los de los antiguos, de modo que hoy el Palacio Legislativo alberga a 3.259 funcionarios y empleados (contratados), sin que su mayor número haya mejorado la tarea de los congresistas. Lo mismo vale decir de la generalidad de la administración pública, pudiendo exceptuarse el Banco Central del Paraguay y la Defensoría del Pueblo, que disminuyeron en la última década sus correspondientes planteles, en términos absolutos: una evolución elogiable, digna de ser imitada, pero que seguramente es repudiable para el común de los que mandan.
Quienes hoy prestan un servicio público fueron incorporados bajo la vigencia formal de la Ley N° 1626/00, de la Función Pública, en su enorme mayoría sin haber intervenido en un concurso público de oposición, en el caso de los funcionarios, ni haberse dado las circunstancias previstas en la normativa, en el de los contratados, lo que invalida sus respectivas incorporaciones. En aquel entonces, existía una Secretaría de la Función Pública (SFP), dependiente del propio presidente de la República, encargada de “formular la política de recursos humanos del sector público”, considerando las exigencias de un mejor servicio, así como las de una “gestión eficiente y transparente”. Pese a que estaba bien instalada en el organigrama estatal, no pudo o no quiso ejercer dicha atribución básica, siendo ignorada por los jerarcas de los diversos organismos y, desde luego, por los legisladores a la hora de aprobar el presupuesto nacional. Por su parte, el Presidente de la República se cruzaba de brazos, dando rienda suelta a la proliferación de cargos en el Estado.
En 2023, la SFP fue absorbida por el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo el pomposo nombre de Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, sin que hasta la fecha se hayan notado cambios importantes en su opaco desempeño. Otra novedad legislativa en cuanto a la función pública es que la flamante Ley N° 7445/25, de la Función Pública y la carrera del Servicio Civil, incluye un capítulo sobre “la planificación de la fuerza de trabajo”, ausente en la derogada ley N° 1626/00, que fue objeto de múltiples acciones de inconstitucionalidad, incluso por parte de la Corte Suprema de Justicia. Allí se lee que ella buscará cada año “fijar la cantidad óptima y el perfil del servidor público” de cada organismo para alcanzar sus metas y “racionalizar el gasto”. Más aún, se dispone que la creación de nuevos puestos en las entidades públicas que conforman el presupuesto nacional y la vinculación de nuevos empleados públicos (contratados) requerirán el previo dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la viabilidad o no de la propuesta.
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No está mal, pero resulta que la ley virtualmente excluye de sus normas al Congreso y al Poder Judicial, al permitirles reglamentarla y, sobre todo, determinar su implementación gradual, según su leal saber y entender: carta blanca para seguir en las mismas. Como señalamos, solo en el Poder Legislativo, en el Presupuesto del 2025 se sumaron 288 nuevos cargos con relación al año anterior. Más allá de los aciertos y los desaciertos de la flamante ley, interesa subrayar que el calamitoso estado de la administración pública tiene menos que ver con la falta de normativas o con sus defectos que con su lisa y llana inobservancia impune. Mientras la “clase política” instalada en el Congreso y las altas autoridades estatales sigan ignorando la ley, los servidores públicos superfluos seguirán arrancando dinero de los contribuyentes, sin contraprestación alguna de su parte, aunque sus respectivas incorporaciones sean nulas de nulidad absoluta por realizarse sin cumplir las exigencias legales.
En pocas palabras, el Estado no debe seguir siendo un botín de guerra a ser repartido entre los ávidos patrones y sus diversas clientelas, sin olvidar a los parientes. Demasiada gente vive hoy del Estado succionando sus recursos, dejándolo sin posibilidad de prestar servicios eficientes a los contribuyentes que lo mantienen con sus sacrificios.