Es relevante que la urgente necesidad de contener el déficit de la Caja Fiscal y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social hayan sido puntos centrales en el mensaje de la Asociación Rural del Paraguay en el acto inaugural de la Expo 2025.
Indica que las fuerzas vivas privadas del país, en este caso el importante sector pecuario, tienen plena conciencia de los graves riesgos que ello representa para la República y para su prospecto de desarrollo. Ojalá el presidente Santiago Peña, presente en el acto, haya tomado nota, pero, por recientes declaraciones y actitudes del Mandatario, lamentablemente, no dan para hacerse muchas ilusiones.
“La ARP advierte que el sistema previsional y de la salud pública atraviesan una zona de riesgo que amenaza la estabilidad fiscal y el bienestar de los trabajadores”, señaló Daniel Prieto, titular del gremio.
Subrayó que el déficit de la Caja Fiscal, que administra las jubilaciones y pensiones del sector público, con un acumulado de 153 millones de dólares a junio y que, de mantenerse la tendencia de 26 millones de saldo rojo al mes, superará los 300 millones de dólares a fin de año.
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En realidad, la situación es aún peor. Si se consideran aguinaldos y el crecimiento de la base de pasivos, la proyección del saldo rojo supera los 400 millones de dólares, el doble de 2024, que, a su vez, duplicó el de 2023, en una progresión geométrica que asusta.
A los políticos muchas veces no les importa demasiado, acostumbrados a despilfarrar el dinero de los contribuyentes sin consecuencias personales, total no es suyo, pero el sector privado sabe muy bien que nada que pierda 26 millones de dólares al mes puede mantenerse sin una intervención firme y decidida que detenga de inmediato la sangría.
“Hoy los pagos a los jubilados (del sector público) exceden 43% los aportes activos, presionando el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y poniendo en entredicho el reciente grado de inversión del país”, dijo Prieto.
El gremio también manifestó mucha preocupación por el Instituto de Previsión Social, cuya realidad es, por su tamaño, todavía más alarmante, sobre todo en el mediano plazo, que está mucho más cercano de lo que se piensa.
Además de la virtual quiebra técnica del Fondo de Salud, que no puede garantizar su servicio ni pagar sus deudas, Prieto resaltó que el fondo jubilatorio ya utilizó 1,2 billones de guaraníes de sus reservas entre 2020 y 2024. Ello es así porque desde 2020 los aportes jubilatorios ya no cubren el pago de los haberes, situación que se produjo veinte años antes de lo previsto en los cálculos actuariales. Según esos mismos cálculos, las reservas tendrían que durar otros veinte años más antes de agotarse, siempre que el proceso no se adelante también, tras lo cual ya no habría tampoco para pagar las jubilaciones de los trabajadores formales del sector privado.
La crisis que está en curso y la que se avecina es de una magnitud dramática. En diez o quince años habrá un ejército de adultos mayores que no estarán en edad de trabajar y que no tendrán ingresos. Si en última instancia es el Estado el que tenga que asistirlos, para otorgar un subsidio de apenas una mitad de un sueldo mínimo, a valores de hoy, se necesitarían 2.500 millones al año por cada millón de personas, más del doble de lo que se destina a salud pública, y se estima que habrá varios millones.
Este escenario es largamente conocido, pero nadie hace algo al respecto. Hace casi dos años el Gobierno hizo aprobar una ley de supervisión del sistema previsional, incluyendo al IPS, y todavía no se pone en vigencia, mientras que más del 70% de la fuerza laboral está fuera del sistema y no está aportando a ninguna caja jubilatoria, lo que constituye una bomba de tiempo.
En cuanto a la Caja Fiscal, se habla mucho, pero tampoco se avanza en ninguna reforma. El Ministerio de Economía y Finanzas dice una cosa, pero el Presidente de la República dice otra. Supuestamente hay que eliminar las diferencias entre los distintos segmentos de funcionarios (fuerza pública, docentes, personal de blanco, empleados, etc.), aumentar los años de aportes y unificar la edad de retiro en torno a los 62 años, pero Santiago Peña, por ejemplo, declaró que está de acuerdo con la “jubilación vip” de los parlamentarios, que les permite recibir una pensión vitalicia con 55 años y apenas diez años de aportes.
En una reciente entrevista en ABC Cardinal, el viceministro de Economía, Felipe González, dijo que la reforma previsional, en particular la del sector público, demandará “medidas impopulares”. ¿Impopulares para quién? Como bien lo señala la ARP, si no se hace lo que corresponde, y rápido, todos los habitantes del país, empezando por la gran mayoría de los trabajadores, pagarán tremendas consecuencias.