El reciente asesinato de una niña de 11 años en Caazapá, aparentemente por parte de un hombre que ya había sido denunciado y encarcelado años atrás por haber agredido sexualmente a la pequeña cuando tenía apenas 8 años, sin dudas conmocionó a toda la sociedad paraguaya. Pero lo sorprendente es que el supuesto agresor gozaba de la libertad condicional otorgada por el juez de dicha localidad de nombre Osmar Baeza. Este había ordenado que el presunto feminicida quede en completa libertad, y como resultado, que resida a pocos metros de la vivienda de la víctima, dejando en peligrosa desprotección a una niña cuya madre ya había sido amenazada por el presunto autor. Por su parte, el fiscal interviniente Carlos Ramírez sostuvo que “no hace falta la autopsia”, la que sin embargo se realizó en Asunción y deslizó la posibilidad de que haya otro u otros participantes en el crimen.
Lastimosamente, decisiones como las del juez Baeza, que terminan costando la vida de niñas inocentes, son también tomadas por otros operadores de justicia día a día, dejando en libertad a peces gordos o a delincuentes de “cuello blanco” por haber cumplido la pena mínima de una sentencia apelada que aún no se encuentra firme, o bien, superpoblando las cárceles con prisiones preventivas de procesados de pies descalzos sin dinero y sin poder.
Entre los casos indignantes se puede citar la condena a diez años de cárcel del exgobernador Hugo Javier González (ANR cartista), su exjefe de gabinete Miguel Robles, y otros cinco exfuncionarios de la Gobernación por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, tras desviar fondos de emergencia sanitaria durante la pandemia del covid-19, pero que paradójicamente hoy gozan de libertad ambulatoria tras el pago de una multimillonaria fianza. También se puede mencionar el caso del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), imputado como líder de una asociación criminal por desviar también fondos durante la pandemia del covid-19, que, sin embargo, goza de total impunidad y hasta hace unas semanas estaba sentado en la máxima silla de la Intendencia capitalina.
¿Pero quiénes eligen o destituyen a estos jueces que dejan libres a quienes roban esperanzas al pueblo o a quienes abusan de los más indefensos? La elección de magistrados se produce a través del Consejo de la Magistratura, órgano colegiado conformado por cuestionados políticos, y el enjuiciamiento y remoción se realiza a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano colegiado hasta hace poco liderado por el senador Hernán Rivas (ANR, cartista), actualmente procesado por poseer presuntamente título universitario falso, o por el exdiputado Orlando Arévalo (ANR, cartista), vinculado a un supuesto esquema de narcopolítica y tráfico de influencias, tras la filtración de comprometedores chats del celular del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
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Entonces, ¿quiénes son los verdaderos responsables de la elección y permanencia de los peores representantes de la justicia paraguaya? Que a su vez tienen en sus manos decidir no solo sobre los derechos de los justiciables, sino sobre las esperanzas de un pueblo que espera se haga justicia.
La libertad del hombre que abusó de una niña de 8 años en Caazapá y que al parecer fue hace poco el autor de su asesinato, demuestra que las malas decisiones de malos jueces pueden costar la vida de personas inocentes, y a su vez, la libertad de peces gordos, en casos emblemáticos de corrupción pública, o la dilación excesiva de los juzgadores para la resolución de los casos; demuestra que la corrupción se ha convertido en “un negocio de riesgo” en el cual, los corruptos saben que pueden robar en tiempos de crisis, que pueden desviar fondos de emergencia sanitaria, que pueden malgastar el dinero de los contribuyentes, que pueden sobrefacturar los costos en multimillonarias licitaciones y pueden construir techos con cartón y rutas con cemento, puesto que cuando lleguen a sentarse en el banquillo de los acusados, si es que llegan alguna vez, encontrarán la mano benevolente de la “justicia” paraguaya, que lleva los ojos vendados cuando le conviene.
No se puede dejar de mencionar a quienes viven en constante anonimato, brillan por su ausencia en tiempos de crisis y se muestran asombrados de la realidad, como el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que ante el trágico asesinato de la niña de 11 años respondió que “no estaba enterado” y que se “iba a interiorizar”. Lejos de aclarar la situación o hablar de políticas institucionales en busca de soluciones al flagelo de la violencia contra las mujeres, evidenció su total desconocimiento y desinterés, como lo hizo en su momento en el caso del asesinato del exfiscal Marcelo Pecci a manos del crimen organizado, delegando la investigación al mago “Mandrake”.
Otros que “brillan por su ausencia” y que permiten que esa ausencia se traduzca en impunidad son los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Según datos del observatorio de causas judiciales del Poder Judicial, existen 39 causas de corrupción públicas pendientes de resolución en las salas Penal y Constitucional, algunas desde hace más de cuatro años con riesgo de prescripción. Sin contar con el llamativo silencio en el caso de la arbitraria expulsión de la exsenadora Kattya González que sigue durmiendo en los cajones del pleno de la Corte Suprema, y que si bien no es un caso de corrupción, constituye uno de los más graves atentados contra la democracia por parte del Parlamento en los últimos años.
Los malos jueces, los infieles de la República y la democracia, que sentados en sillas de autoridad deshonran su función con condenas injustas, con libertades compradas, eligiendo a los peores, enjuiciando a quienes hacen lo correcto o evitando la destitución de los amigos, quienes trafican influencias para obtener ventajas, y quienes permiten que ladrones de “cuello blanco” queden en impunidad luego de haber tocado lo más sagrado, “el dinero del pueblo en tiempos de crisis”, deben saber que su actuar cuesta vidas, en el sentido literal como el de la pequeña de 11 años, y que también destrozan las esperanzas de una vida de calidad en cada hogar paraguayo, que debe resignarse a comer puchero de hueso blanco porque la corrupción, que ellos apañan, les impide tener una vida “premium” como se merece el pueblo paraguayo.