La justicia paraguaya tiene dos caras, una si se trata de “Juan Pueblo” o se es “guapito” y otra si se es “afortunado”. En el caso de Hugo Javier, exgobernador de Central quien, conjuntamente con el exdirector de gabinete de la Gobernación Miguel Robles, fueron condenados a 10 años de prisión tras comprobarse que formaron parte de un esquema de corrupción en tiempos de pandemia donde desviaron fondos de emergencia por valor de G. 5.105 millones, Astrea ha mostrado hace poco su rostro más sonriente con el otorgamiento de libertad ambulatoria para ambos condenados tras el compurgamiento de tan solo 6 meses de prisión.
Esto se debió a que tras la sentencia condenatoria, el exgobernador de Central y su mano derecha, el exdirector de gabinete, plantearon un recurso de apelación por lo que procesalmente su sentencia no quedó firme, y tras seis meses sin resolverse el recurso, el Tribunal de Apelaciones decidió que los condenados por desviar fondos de obras sociales y recursos de emergencia en plena pandemia, fueran enviados a sus casas, por haber cumplido la pena mínima de seis meses en prisión sin que los jueces se expidan sobre la apelación planteada, revocando o confirmando la sentencia, y que de esta manera pueda quedar firme.
Pero así como la “justicia” paraguaya muestra su lado amigable con los “afortunados” del Poder Judicial, también saca la espada a quienes no visten “cuellos o guantes blancos”. Así lo confirma el caso de un hombre llamado Marcos Bareiro, quien fue condenado en primera instancia a ocho años de prisión, y cuya condena no había quedado firme, porque al igual que Hugo Javier planteó recursos ante los juzgados superiores. Sin embargo, a diferencia del exgobernador y su director de gabinete, “Juan Pueblo” no pudo obtener su libertad ambulatoria tras el compurgamiento de la pena mínima, lo que demuestra que en Paraguay, la misma mano de Astrea a algunos acaricia y a otros golpea con fuerza.
Este hombre, pese a no contar con una sentencia firme, compurgó la totalidad de su condena de 8 años en el mes de marzo pasado, pero en su momento no solo no tuvo la misma “suerte” que Hugo Javier y Miguel Robles, quienes hoy gozan de libertad ambulatoria, sino que, pese a haber cumplido ya la totalidad de la pena, no pudo recuperar su libertad al término de la misma porque existía un recurso pendiente de resolución. Por ese motivo, su defensa planteó un “habeas corpus reparador” ante la Corte Suprema de Justicia, el que también le fue negado por la máxima instancia judicial en abril pasado, bajo el argumento de que aún se encontraba pendiente de resolución el recurso tramitado ante la Sala Penal de la Corte Suprema desde agosto de 2022, es decir, la propia Sala Penal negó a este condenado la libertad solicitada a través del habeas corpus por existir una resolución que esa misma sala tenía cajoneada desde hace casi tres años.
Es decir, para los “afortunados” el recurso de apelación es un premio que permite que, gracias a la excesiva mora judicial, el condenado vaya a su casa a esperar que se resuelva el recurso, pero para quien carece de cuello blanco, el mismo recurso puede convertirse en arma mortal que le impide obtener su libertad pese a haber cumplido la totalidad de la pena, simplemente porque la demora en la resolución del conflicto le cierra las puertas de justicia. ¿La diferencia?: los que van a sus casas tienen trajes cortados a medida y bolsillos bien cargados, mientras los que quedan tras las rejas incluso tras haber compurgado la totalidad de su pena, generalmente no cuentan con respaldos como aquellos. Si bien a esta altura el señor Marcos Bareiro ya está en libertad, es obvio que el tratamiento de su caso difiere del que tuvo el animador devenido gobernador.
En ambos casos, la mora judicial es el factor común que impide que la ciudadanía obtenga justicia. Y esa mora judicial es también una forma de corrupción, porque por un lado, en casos graves de corrupción como el de exgobernador Hugo Javier y Miguel Robles, queda una innegable sensación de impunidad, y pese a que probablemente el proceso penal permita sustituir la prisión por el arresto domiciliario o la libertad ambulatoria tras el compurgamiento de pena mínima de seis meses, esto no sería así si la justicia se comportaba de manera diligente y expeditiva, por lo menos en casos tan relevantes para la sociedad, donde el mensaje de lucha contra la impunidad en hechos de corrupción debe ser implacable.
Contrario sensu, en el caso de Marcos Bareiro, quien ya había compurgado la totalidad de su pena, el derecho de acceso a una justicia igualitaria, consagrado en el artículo 47 de la Constitución Nacional, se desvanece para dar paso a la más cruda de las injusticias, la que se aplica “según la cara del cliente”.
Pero más allá de la indignación que pudieran producir que hechos tan significativos y graves como la corrupción a través del desvío de dinero público dirigido a obras sociales y a comunidades carenciadas, lo vergonzoso es que el Poder Judicial, que debe ser el último garante de justicia cuando todas las autoridades han fallado para con el pueblo, también voltee el rostro y deje en total desamparo a quien aún conserva sus esperanzas en los jueces, los tribunales y los ministros de la Corte.
Teniendo en cuenta casos como estos, queda claro el motivo por el cual el poder político es tan voraz con el copamiento de instituciones como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y los tribunales del Poder Judicial y la propia Corte Suprema de Justicia, ya que a través de ellos, los amigos del poder tienen total impunidad para seguir delinquiendo. ¡ASTREA, DESTÁPATE LOS OJOS!