Mientras su propio ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, declaró hace un mes que las diferencias de beneficios, en particular en la edad de retiro, en el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público son “cualquier cosa” y tienen que reformarse, en tanto que el viceministro de Economía y Planificación de la misma cartera, Felipe González, advirtió hace unos días que se tendrán que tomar medidas impopulares para controlar el insostenible déficit de la Caja Fiscal, el presidente de la República, Santiago Peña, no solamente defendió la “jubilación vip” de los parlamentarios, sino que se quejó de que los expresidentes en el Paraguay no cuenten con una pensión al concluir sus mandatos por “los servicios prestados a la ciudadanía”.
Si la “diferencia de beneficios” en la Caja Fiscal a la que alude Fernández es injusta, además de infinanciable, muchísimo más lo es la “jubilación vip” de los congresistas. Con un aporte del 22%, los miembros del Poder Legislativo pueden acceder a una pensión vitalicia equivalente al 60% del promedio de sus ingresos, incluyendo sus gastos de representación y otras remuneraciones, a cualquier edad y con apenas 10 años de ejercicio, o dos períodos. Si son 15 años, o tres períodos, la asignación aumenta al 80%.
Este beneficio es de por vida y, si al fallecer el beneficiario le sobreviven cónyuge, hijos menores de 18 años o discapacitados, estos deudos continúan cobrando el 70% de la pensión hasta que ellos mismos fallezcan o adquieran la mayoría de edad, según el caso.
Como si esto fuera poco, si el legislador no completa los dos períodos u opta por no acogerse al beneficio, puede retirar de una vez y al contado el 100% de sus aportes, con lo cual recupera todos sus descuentos y no contribuye ni un centavo a la Caja.
A modo de comparación, en el sector privado, el aporte obrero-patronal al Instituto de Previsión Social es del 25,5% del salario durante un mínimo de 25 años, con una edad de retiro de 60 cumplidos, o de un mínimo de 30 años para retirarse a partir de los 55 con el 80%. Se dirá que el IPS contempla servicio de salud, pero los parlamentarios también cuentan con su seguro vip. Esos aportes van a caja común y no se pueden retirar en caso de no alcanzarse los requisitos. Tampoco se pueden recuperar los aportes a la Caja Fiscal.
Como cabe esperar, la Caja Parlamentaria es deficitaria, y lo es cada vez más, lo mismo que la Caja Fiscal, por lo que ambas tienen que ser solventadas con dinero de los contribuyentes, con el agravante de que la primera se financia con subsidios anuales directos autoasignados por los mismos legisladores en la Ley de Presupuesto, con la anuencia y promulgación del Poder Ejecutivo.
Al respecto, en un acto de inauguración de viviendas en Luque, Santiago Peña dijo: “Yo sé que ciertamente hay mucha gente que, con mucha ligereza, cuestiona los supuestos privilegios que tiene la clase política, en este caso los congresistas, pero yo les diría que el Congreso de la Nación, mayoritariamente quienes han apoyado las leyes que nosotros hemos planteado, definitivamente se merecen (la jubilación vip), yo no tengo ninguna duda”.
No contento con eso, reclamó también una pensión para sí mismo. “Voy a terminar mi tiempo como Presidente de la República y no voy a tener ninguna pensión. En Argentina y Estados Unidos los expresidentes tienen pensión por el servicio prestado. Entonces, la pregunta es si una persona que se dedica al servicio público se merece o no”.
De más está decir que el servicio público al que se refiere dista mucho de ser un voluntariado. El Presidente y los congresistas tienen remuneraciones que superan más de diez veces la media nacional de ingresos, además de gastos reservados, de representación y múltiples privilegios a costa de la ciudadanía, sin contar las altas rentas y beneficios que muchos de ellos perciben bajo la mesa por desvergonzado tráfico de influencias.
Pero, además, la Constitución Nacional no admite ciudadanos de primera y de segunda. El Presidente debería recordar que el 80% de la fuerza laboral en el Paraguay tampoco tendrá pensión, por estar fuera del sistema de seguridad social, pero sí tiene que contribuir con sus impuestos para mantener a la “abnegada” clase política.
El pueblo paraguayo no les debe nada ni a Peña ni a los políticos, les paga de su bolsillo, y muy bien, mucho más de lo que recibe a cambio. Cuando están en campaña, todos hablan de “servir desinteresadamente”, ninguno de servirse, como termina ocurriendo. Pero el mandatario dice abiertamente lo contrario. O es un cínico rematado o realmente vive en una fantasía delirante.