La intervención de la Municipalidad de Asunción ha sacado a la luz un par de corruptelas que, como si fueran pocas las que se le atribuyen al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), dicen mucho también acerca de la calaña de numerosos ediles. Distan de ser asombrosas, pues solo confirman que hay representantes de los vecinos que se valen del cargo electivo en provecho propio y ajeno, ignorando las normativas en vigor con toda impunidad: actúan como si fueran propietarios del gobierno comunal.
La primera tiene que ver con los concejales colorado-cartistas Miguel Sosa, Nasser Esgaib, el propio expresidente de la Junta Municipal César “Ceres” Escobar y Mariano Cáceres, quienes en marzo aprobaron un convenio con la calificadora de riesgos Criterion SA, propiedad de la familia de Nenecho, para presionar a los contribuyentes morosos mediante la difusión de una “lista negra”. Ahora resulta que los propios “inquisidores” mencionados también son morosos, con lo que se revela que son unos cínicos de marca mayor y sin autoridad moral alguna para bajar líneas a los vecinos. Miguel Sosa arrastra desde hace ocho años una deuda de casi 24 millones de guaraníes, en concepto de patentes comerciales y de rodados; Nasser Esgaib debe al menos desde hace dos años más de 5.670.000 guaraníes en concepto de impuesto inmobiliario, tasas especiales y patentes comerciales; Ceres Escobar tiene una deuda acumulada desde hace seis años, que llega a casi 3.500.000 guaraníes, en concepto de patentes de rodados y registro de conducir; y Mariano Cáceres, en fin, adeuda 780.000 guaraníes por patente de rodados. Pero esta deshonrosa lista sería mucho más larga.
Al descaro de estos señores se suma el de los concejales anónimos que, según el director interino de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Alfredo Vázquez, lograban que los vehículos retenidos sean entregados a sus dueños, sin el pago de la multa de rigor. De hecho, al menos la mitad de ellos eran retirados sin que se aplique la sanción pecuniaria, porque el propietario era “amigo de alguien”: una vieja práctica “sociolista” que habría sido prohibida tras la intervención. En este órgano, los “niveles de corrupción son intolerables”, al decir del interventor Carlos Pereira, que, por lo demás, no halló fondos para abonar los salarios de junio.
Los nauseabundos hallazgos en la Dirección de Recaudaciones y en la PMT –esta última sería feudo del concejal Augusto Wagner (PLRA)– muestran que en la Junta Municipal hay quienes se confabulan contra las finanzas comunales y el ordenamiento del tráfico. Si algunos de sus miembros evaden el pago de tributos en beneficio propio, es probable que allí se incurra en otro tipo de tráfico –el de influencias– no solo para lograr la liberación de un vehículo, sino también para apañar la evasión impositiva de un “amigo”, buscando que a los cinco años prescriba el derecho de la Municipalidad a accionar judicialmente.
De esta manera, el perjuicio patrimonial que ella sufre es provocado no solo por el intendente de turno, sino también por los ediles, que deberían atender, tanto como el Ministerio Público, que el art. 276 de la Ley N° 3966/10 dice que ellos serán personalmente responsables con sus bienes, según las leyes civiles y penales, por los daños causados a la Municipalidad por actos y operaciones cuya realización autoricen contra las normas legales vigentes. También deberían tenerlo en cuenta los miembros de la Junta Municipal que aprobaron ejecuciones presupuestarias, sin interesarse por el destino de los famosos 500.000 millones de guaraníes. Tenemos así que en el descalabro financiero comunal hay culpa compartida entre Nenecho y la gran mayoría de la Junta Municipal: se burlan de los asuncenos, administrando el dinero público a su antojo, al parecer favoreciéndose a sí mismos y a sus allegados.
Es irritante que haya ediles que no pagan tributos comunales o influyan en una dependencia para favorecer a infractores del reglamento general que debe hacer cumplir, victimizando a la ciudad carente de servicios y de obras de infraestructuras, así como de seguridad en el tránsito. En la aberrante escala de prioridades de Nenecho y sus aliados, de la que hacen gala sin disimulo, la ley y la moral no cuentan: ellos mandan y, por tanto, creen poder actuar como se les ocurra. Debe ponérseles freno, como corresponde.