La Cámara de Diputados volverá a tratar hoy un proyecto de ley concebido por el diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista), que favorece la impunidad sobre todo en las causas penales ligadas a la corrupción y al crimen organizado. Ya lo había aprobado en octubre de 2024, pero en marzo último los senadores hicieron bien en rechazarlo por unanimidad. Si la mitad más uno de los 80 diputados se ratificara y la Cámara Alta no volviera a rechazar la infeliz iniciativa por mayoría absoluta de dos tercios de sus 45 miembros, ella quedaría sancionada en mala hora. Entre otras cosas, el proyecto dispone –ampliando la norma vigente del Código Procesal Penal– que un afectado podrá pedir al Juzgado que desestime la causa, una vez transcurridos noventa días del ingreso de la denuncia, la querella adhesiva o el informe o la actuación policial u oficiosa, sin que el Ministerio Público haya formulado una imputación.
Dado que las leyes penales más favorables al encausado o condenado tienen efecto retroactivo, el exiguo plazo que vaya a imponerse favorecerá a los presuntos involucrados en los llamados “delitos complejos”, como la trata de personas y el lavado del dinero generado por el narcotráfico. Bien se sabe que estos graves hechos punibles suelen requerir la cooperación internacional, que demanda algún tiempo. Por ejemplo, aunque las pesquisas en torno al asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci ya llevan tres años sin resultados concretos, es entendible que un crimen de similares características, en el que la autoría intelectual no sea evidente, mal podría esclarecerse en tres meses.
Por otra parte, el despropósito en cuestión trabaría las investigaciones encubiertas con autorización judicial, en la medida en que el imputado podrá elegir un abogado “incluso desde el momento de la denuncia, el informe policial, la actuación oficiosa o la querella adhesiva en el que se le atribuye estar involucrado como participante” (sic). Es presumible que la mafia tenga su plantel de abogados permanentes, que sabrá valerse de las oportunidades que, de aprobarse, les brindará la iniciativa en estudio. Se comprende que jueces, agentes fiscales, abogados honestos e incluso representantes de la Corte Suprema de Justicia se hayan opuesto en una audiencia pública a este infame proyecto de ley que favorece, entre otros, a quienes roban el dinero público y lavan el del crimen organizado. Si la normativa actual no previene ni reprime la comisión de hechos punibles como sería deseable, mucho menos lo hará el proyecto de ley en cuestión.
Se diría que al diputado proyectista le tienen sin cuidado la inseguridad interna y la inserción del crimen organizado hasta en las entidades públicas, como el Congreso, según lo denunciaron las más altas autoridades. Es innegable que el Ministerio Público deja mucho que desear en cuanto a la celeridad de sus investigaciones, pero también que la solución no debe conllevar que los presuntos delincuentes queden sin el condigno castigo a causa de la reducción de algún plazo o a la falta de reserva de las pesquisas.
Es indispensable que las leyes que están teóricamente en vigor no sean atenuadas para –supuestamente– precautelar los derechos de los encausados. Si lo que se pretende es forzar al Ministerio Público a que sea expeditivo, lo más probable es que el intento fracase, con el resultante aumento de la impunidad.
Se espera, pues, que la Cámara de Diputados recapacite y se pliegue a lo resuelto por la de Senadores o que, al menos, los partidarios de la impunidad antes que del derecho a la defensa no alcancen la mayoría requerida para sancionar un proyecto de ley tan nocivo para el interés general. Las concesiones hechas a los corruptos y a los mafiosos, entre otros, atentan contra el bien común, dejando expuesta a la población a sus impunes embates cotidianos, en vez de protegerla.