Tan importante como distinguir entre los bienes públicos y privados es saber que los primeros deben emplearse exclusivamente para los fines propios del órgano nacional, departamental o municipal en cuestión. No lo cree así la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR, cartista), que el 13 de junio puso a disposición del cartismo la sede gubernativa para que allí se realice una reunión del todo ajena a su cometido. En efecto, ella encabezó con el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, y el presidente de la comisión de finanzas de la ANR, su esposo, Juan Darío Monges, una reunión de dirigentes colorados para, entre otras cosas, organizar la entrega de diez mil nuevas afiliaciones al presidente partidario, Horacio Cartes.
Justificó el despropósito aduciendo con desparpajo que las instalaciones pueden servir para diversos propósitos, entre ellos los del Partido Colorado, gracias al cual “hemos llegado a los cargos”, lo que, según dijo, le llena de “orgullo y satisfacción”. Coincidió así con el presidente Santiago Peña en que para acceder a los cargos alguien con la papeleta colorada valía más que un “guapito” con título.
Por lo visto, a la oradora nada le importó que el art. 6 de la Carta Orgánica del Gobierno Departamental diga que el mismo y sus funcionarios “no podrán realizar proselitismo político-partidario en la sede de la Administración, ni usar su autoridad o cargo para fines ajenos a sus funciones”. Es una obviedad que la construcción, el equipamiento y la conservación del local han sido y son financiados con el dinero de los contribuyentes de todos los partidos e incluso de los que no están afiliados a ninguno. También lo es que la sede de la Gobernación no puede ser escenario de ninguna actividad político-partidaria. A juzgar por el criterio de la desfachatada gobernadora, solo faltaría que la Junta de Gobierno de la ANR sesione en el Palacio de López. Así se está llegando de nuevo al extremo de que se confunde el partido con el Estado, como en un régimen totalitario, retrotrayéndonos a la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, en que regía la fórmula Gobierno-Partido Colorado-Fuerzas Armadas. Menos mal que hoy los militares son institucionalistas, pero a este paso no van a faltar políticos que pronto vayan también a “golpear la puerta de los cuarteles”, como se dice, para sus fines espurios.
Se ha desvirtuado totalmente la función del asiento del Gobierno departamental, para ponerlo al servicio del partido oficialista, con la complicidad de un ministro del Poder Ejecutivo que, por lo visto, estima del todo normal que un bien público se constituya de hecho en un “centro de comando” político. No solo se han destinado los recursos materiales del Gobierno departamental a un uso extraño a su función, sino también –muy probablemente– el personal a sueldo de los contribuyentes para, por ejemplo, asear las instalaciones e instalar el mobiliario para la comodidad de los asistentes. En verdad, resulta inquietante que la gobernadora y el ministro hayan actuado como si la ANR pudiera aprovecharse de una sede gubernativa con el objeto de festejar el aumento del padrón partidario, presumiblemente para mayor gloria del poder detrás del trono.
El Estado no pertenece a ningún partido que ocasionalmente ostente el poder, mal que les pese a quienes tienen una concepción aberrante del sistema democrático. Sería bueno, en fin, conocer la opinión al respecto de Santiago Peña, en particular, si consideraría normal que la sede de sus funciones pueda convertirse de hecho en dependencias de la ANR.