La semana pasada, el Congreso Nacional fue nuevamente escenario de restricciones a derechos fundamentales, esta vez con la modificación del Código Electoral, pero específicamente en lo concerniente al financiamiento político, un tema siempre álgido puesto que solo un control estricto de los fondos de financiación de campañas electorales puede combatir el lavado de dinero, muchas veces proveniente del narcotráfico.
En la misma línea renuente a los controles y la transparencia, que el cartismo demostró desde la asunción al poder, inaugurando el bastón de mando con la mutilación hecha a la Ley de conflicto de intereses, esta vez se aprobó la modificación de varios artículos del Código Electoral paraguayo, en lo que respecta a la inscripción en el registro cívico permanente y, lo más peligroso, en lo concerniente al financiamiento político, con la venia de 24 senadores convocados a sesión extraordinaria por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), entre quienes se encontraban lógicamente sus correligionarios de esa corriente, liberocartistas, tránsfugas y colorados.
La bancada democrática de la oposición fue la gran ausente en el encuentro, alegando que las modificaciones solo beneficiarán al proyecto totalitario cartista e impedirán la participación ciudadana. Sin embargo, no estar presente en estos debates solo deja el “arco libre” a quienes ya tienen la decisión tomada, y aunque no se reúnan los números suficientes para contrarrestar a la mayoría parlamentaria, los debates testimoniales son provechosos en democracia, ya que brindan mayores herramientas al ciudadano de mantenerse informado para la toma de decisiones. En efecto, es mejor perder luego de dar pelea, que hacerlo por “walkover”. No obstante, en conferencia de prensa los legisladores de la oposición adelantaron que no asistirían a la sesión extra como muestra de rechazo, incluso, el senador Eduardo Nakayama (ex-PLRA) sostuvo que “el cartismo es enemigo de la voluntad popular y de la democracia”.
En cuanto a las modificaciones, limitaciones y mutilaciones al Código Electoral, las mismas iniciaron, según Nakayama, “entre gallos y medianoche” en diciembre de 2024 para que, en enero de 2025 no opere la inscripción automática de unos 600.000 paraguayos, vulnerando el derecho político de compatriotas, en especial los que radican en el extranjero. Posteriormente se promovió la modificación, que actualmente cuenta con media sanción de la Ley 3212/2008 que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones electorales, permitiendo la formación de alianzas temporales entre partidos y movimientos políticos para participar en elecciones generales y municipales. Sobre la misma, el proyecto de modificación propuesto por el diputado José Rodríguez (ANR, cartista) busca inhabilitar a la concertación opositora a utilizar el padrón colorado en sus elecciones y evitar que candidaturas por fuera se postulen al Senado, como ocurrió en las pasadas elecciones, demostrando con este proyecto el claro interés del cartismo de destruir cualquier concertación y, por supuesto, evitar garantizar el derecho constitucional de participar libremente como elector o candidato electoral.
Continuando con el proyecto de cooptación total del poder, que pareciera no tener límites, este nuevo paquete legislativo tratado la semana pasada por los insaciables senadores establece que las autoridades partidarias ya no tengan la obligación de hacer declaraciones de ingresos y gastos al TSJE, bajo el argumento de que “no administran dinero público”. El proyecto de ley “Que modifica los artículos 64 inciso a, 66 y 278 inciso b de la Ley 834/1996 ‘Que establece el Código Electoral’ modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018” propone por un lado simplificar todo el proceso relacionado a las declaraciones de ingresos y gastos de campaña que regula el tema del financiamiento político, lo cual podría abrir las puertas a la falta de control y transparencia sobre los orígenes de los fondos de financiamiento, en medio de indicios del fortalecimiento de la narcopolítica en Paraguay.
Además, este proyecto de ley pretende excluir la obligación que existe actualmente de hacer declaración de ingresos y gastos de campaña e intereses económicos vinculados a los candidatos a cargos electorales, aduciendo que ellos no “administran recursos del Estado”, es decir, este discurso va de contramano con el de transparencia con el cual se llenan la boca los políticos en sus conferencias internacionales. Puesto que no solo han dado muestras de ser reacios al control una vez ocupando cargos públicos, repitiendo una y otra vez a los trabajadores de la prensa que obtengan la información pública “a través de los canales correspondientes”, negándose a rendir cuentas a la ciudadanía por ellos mismos, sino que ahora ya están trazando el camino para que ni siquiera los que deseen ocupar cargos electivos deban rendir cuentas, demostrando el oscurantismo desde la puerta de entrada.
Pero en su característico actuar contradictorio, también la semana pasada los políticos del oficialismo fueron objeto de burlas ciudadanas por la aparición que hicieron en el denominado “Foro de Madrid”, espacio generado por movimientos ultraconservadores de extrema derecha, en el cual los políticos paraguayos, como el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), se ufanaban del discurso de “libertad”, sugiriendo que en Paraguay se respetan todas las libertades, en especial la libertad de expresión.
Sin embargo, la misma semana en que lanzaban este discurso vacío y sin sustento, se estaba violando en una sesión extraordinaria convocada por el presidente del Senado uno de los derechos más importantes en democracia, el de participar libremente en las elecciones, de promover la más amplia participación del electorado, facilitando a los ciudadanos residentes en territorio nacional o extranjero la emisión de sus votos y allanando todas las barreras de acceso a este derecho político.
La verdadera libertad es la libertad de elegir, de formarse libremente la opinión pública y decidir quiénes representarán los intereses del pueblo, y no sus intereses mezquinos sobre falsas ideas libertarias, que solo buscan desplazar a aquellos a quienes no “es negocio” proteger.