Al mes de mayo, el gasto público de todas las fuentes –Tesoro, crédito e institucionales– totalizó 24,6 billones de guaraníes, lo que representa un 15,2% de incremento en relación con el mismo período de 2024. El aumento, de 3,2 billones de guaraníes, no fue a inversiones o a nuevos servicios a la ciudadanía, sino casi exclusivamente a sueldos, deuda, jubilaciones, pensiones y transferencias, componentes rígidos que consumieron el 80% de la ejecución presupuestaria en casi la mitad del año.
En cinco meses, se gastaron en “servicios personales” 9 billones de guaraníes, unos 1.100 millones de dólares, casi cinco veces más de lo destinado a inversiones en ese lapso. Por lejos, en lo que más gasta el Estado paraguayo es en sueldos, remuneraciones y beneficios de unos 350.000 funcionarios permanentes y contratados, que representan un décimo de la población económicamente activa, es decir, de toda la gente que trabaja y busca trabajo en el país.
Le sigue en orden de mayores erogaciones el servicio de la deuda pública, que ha crecido muchísimo en los últimos años y, antes que detenerse, la tendencia se acrecienta cada vez más. A mayo se habían desembolsado 4,5 billones de guaraníes, más de 550 millones de dólares, casi exclusivamente en intereses.
Hace tan solo diez años, el peso de la deuda sobre los ingresos de la administración central era de 3,4%, hoy excede el 15%. El saldo de endeudamiento público supera los 20.000 millones de dólares y se acerca al 45% del PIB, cuando hace diez años era de menos del 10%.
Luego siguen las jubilaciones y pensiones en el sector público, que en cinco meses ya se llevaron 3,6 billones de guaraníes, de los cuales aproximadamente un tercio es déficit puro con tendencia creciente, lo que significa que se financia directamente con los impuestos de los contribuyentes.
El Gobierno dice que va a reformar la Caja Fiscal, pero hasta el momento no ha presentado ningún proyecto de ley y ni siquiera se conoce un borrador. Dado que ya estamos a mitad de año, salvo que ocurra algo extraordinario, en el mejor de los casos se podría esperar una media sanción antes de la finalización de 2025, y es difícil pensar que una reforma tan políticamente sensible se lleve a cabo en 2026, un año electoral. Esta situación pone en entredicho la calificación de riesgo del país, incluso el grado de inversión otorgado por la consultora Moody’s en 2024.
El cuarto segmento en orden de gastos es el de “transferencias”, léase subsidios de distinta índole, con 2,7 billones de guaraníes, que en más de 70% se financian con fuente 10, o sea, ingresos tributarios aportados directamente por la población. Estos subsidios están mal focalizados, en un alto porcentaje llegan a donde no deberían y no solucionan problemas de manera estructural, pero cada vez son mayores.
Solo en quinto lugar aparecen las inversiones, con 2 billones de guaraníes, y luego medicamentos, con 1,2 billones, “otros”, alimentos, combustibles y servicios básicos.
Tras la crisis sanitaria, todos los sectores, incluido el hoy oficialismo, estuvieron de acuerdo con recuperar paulatinamente el estado de relativo equilibrio que había gozado el país y que se vio desbordado por la emergencia. Se había pactado volver a un déficit de 1,5% del PIB desde 2024, pero este Gobierno solicitó extender el plazo hasta 2026. Hasta aquí, al menos nominalmente, se venía cumpliendo el nuevo cronograma gracias a un aumento de la recaudación por efecto del ciclo de crecimiento económico, pero eso tiene un límite. Sin reformas, sin control del gasto público y del endeudamiento, sin achicamiento de los gastos corrientes para dejar mayor margen a las inversiones, nada indica que se vaya a alcanzar la meta.