16 de abril de 2026

El debate sobre la crisis fiscal paraguaya está mal planteado desde el inicio. La pregunta no es si el Estado debe cobrar más, sino si con lo que ya cobra puede financiar lo que realmente le corresponde hacer, dejando el resto al sector privado que es quien en definitiva genera la riqueza que hace sostenible cualquier nivel de tributación. Así lo sostiene Emilio A. Rojas V., gerente de Investor, en un análisis que compartimos íntegramente a continuación.
Si una empresa o una persona hace sus cuentas y en el cálculo no considera los “monos” que tiene distribuidos por todas partes, es obvio que así es muy fácil llegar en los papeles a un saldo positivo o a una pérdida pequeña y controlable. Pues es exactamente eso lo que hace el Gobierno con las finanzas públicas y la contabilidad estatal. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el déficit anualizado a enero de 2026 es del 2% del PIB y ratificó que este año retornará al tope del 1,5% del PIB establecido en la perforada Ley 5098/2013, de “responsabilidad fiscal”. Pero ello no toma en consideración deudas vencidas con proveedores y contratistas, que al menos duplican el saldo rojo anual. No se puede construir un país serio con autoengaños. Se tiene que informar con la verdad a la población, tiene que haber un sinceramiento y se tienen que asumir responsabilidades.
El gobierno de Santiago Peña llega a la mitad de su mandato sin haber cumplido su promesa de racionalizar el gasto público y sanear las finanzas estatales, con el resultado de que le debe a cada santo una vela y cada vez se resienten más los servicios a la ciudadanía. Para disimular contablemente la situación y maquillar el déficit fiscal, hace lo mismo que tanto le criticó a la administración anterior, pero a una escala mucho mayor: simplemente no paga y esconde las deudas debajo de la alfombra.

El gasto total obligado (remuneración a los empleados, intereses, prestaciones sociales, entre otros componentes clave) del Gobierno Central muestra una trayectoria claramente expansiva en el período 2016–2025, tanto en términos nominales como en su relación con el tamaño de la economía. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto pasó de G. 26,148 billones en 2016 a G. 54,892 billones en 2025, implicando prácticamente la duplicación en una década al considerar el ejercicio fiscal. Esta evolución refleja no solo el crecimiento de las necesidades del sector público, sino también una mayor presión estructural sobre las finanzas del Estado.

A puertas del periodo electoral, será más difícil encarar algunas reformas complicadas y profundas que están aún pendientes como el de la deficitaria Caja Fiscal, advirtió Alberto Acosta, directivo de Dende. Lamentó igualmente que se haya desaprovechado el momento y mayoría en el Congreso para encarar estos cambios.