Mientras el Ministerio del Interior se precia de adquirir más patrulleras, de aumentar el número de efectivos, de dotar a los efectivos de motocicletas y otros elementos, los “polibandis” siguen haciendo de las suyas, sin que la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional (PN) perciba “indicios ciertos de que su conducta es indecorosa y violatoria de las leyes y reglamentos”, al decir de la normativa que la rige. Sus fechorías son de diversa gravedad, lo que implica que están dispuestos a quedarse con lo ajeno o hacer algún negocio sucio, cualquiera sea su cuantía y la pena que podría corresponderles.
Pues bien, solo en la última semana se conocieron al menos cuatro hechos punibles que habrían protagonizado agentes de la institución que lleva por lema “Orden y Patria” y que, entre otras cosas, debe preservar el orden público, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes.
En el primer caso, un suboficial de la Agrupación Especializada intentó introducir un paquete de marihuana en la Penitenciaría de Tacumbú donde prestaba servicios. En el segundo, propio de un ladronzuelo, un oficial primero de la comisaría de Capiatá se hizo con dos perfumes en una farmacia a la que había acudido tras la denuncia de que allí se había cometido un robo. Este último episodio fue registrado por una cámara de circuito cerrado, instalada por las víctimas. Los otros casos fueron de mucha mayor entidad. En uno de ellos, agentes del Departamento de Investigaciones del Alto Paraná habrían cometido los delitos de secuestro, extorsión y amenaza de muerte, para quedarse con el producto de la venta forzada de una camioneta. En efecto, según se reveló, un brasileño que iba desde su chacra de Santa Rita (Paraguay) hasta su casa de Santa Teresinha de Itaipú (Brasil), fue interceptado cerca de Ciudad del Este, con el pretexto de que el vehículo que manejaba había sido robado: le exigieron diez mil dólares y como no los tenía, fue conducido esposado a su casa, donde lo despojaron de una camioneta para traerlo de vuelta a Ciudad del Este y forzarlo a firmar un contrato de compraventa (!). En el último de los casos denunciados, un paraguayo que circulaba por Presidente Franco habría sido apresado por cinco agentes, que lo llevaron al Departamento de Investigaciones de Ciudad del Este, donde le exigieron 50.000 dólares, con la presunta complicidad de una abogada, para no involucrar al detenido en unas pesquisas en torno a la supuesta mafia y al lavado de dinero. Habría sido liberado tras un primer desembolso. Los presuntos implicados ya fueron imputados por el Ministerio Público.
Por de pronto, es plausible que el comisario principal Javier Maldonado y el comisario Francisco Talavera, jefe y subjefe del Departamento de Investigaciones del Alto Paraná, respectivamente, hayan sido reemplazados a raíz de este último vergonzoso hecho. El nuevo jefe, comisario principal José María Delgado, dijo que la institución no goza de credibilidad y que será “bastante difícil recuperar la confianza” de la ciudadanía. Tiene toda la razón. El saneamiento de la PN es una tarea inconclusa, suponiendo que alguna vez haya empezado; no son pocos los “agentes del orden” que se valen del cargo para delinquir, más aún porque es presumible que la gran mayoría de sus actividades ilícitas no es denunciada debido al comprensible temor de sus víctimas, sobre todo en las pequeñas localidades. Según parece, en la Academia Nacional de Policía no se pone énfasis en valores tales como la honestidad y el respeto a la ley, tanto que habría quienes aspiran al uniforme solo como cobertura para el delito. Si así fuera, habría que ampliar el programa académico y a la vez reforzar notablemente el control interno.
Es preciso reprimir los delitos, pero también prevenirlos. Según su reglamento orgánico, la Dirección de Asuntos Internos “es la responsable de investigar al personal policial, cuyas conductas en ocasión del cumplimiento de sus funciones o fuera de ella, atentan contra la ley y los reglamentos institucionales”. Queda claro así que también debe ocuparse de las acciones ilícitas que los policías realicen en sus horas libres, sin necesidad de esperar una denuncia; estos tienen que estar bajo la lupa, lo que supone que dicha dependencia de la PN debe contar con agentes de suma confianza, que no actúen como encubridores de sus colegas descarriados.
Si hubo que desprenderse de docenas de uniformados que cayeron en la drogadicción, también es necesario –obviamente– cortar los lazos que el personal tiene con la delincuencia, esté o no organizada. La gente no debe temer ser asaltada por un delincuente común ni por un hampón a sueldo del Estado. Mientras no se depure la PN ni se vigile a sus efectivos, de nada valdrá aumentar su dotación ni equiparla mejor.