Aunque todavía no se ha presentado ningún proyecto de ley ni se conoce un borrador, según el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, este año el Gobierno tiene en su “calendario de reformas” la modificación de las condiciones de la Caja Fiscal, responsable de un alto porcentaje del déficit público, con énfasis en la unificación de los años de aportes y en la edad de retiro para acceder a la jubilación. Lo que no queda claro es cómo harán Santiago Peña y el Congreso, con mayoría oficialista, para promover un fuerte ajuste para el resto de los funcionarios, cuando los parlamentarios, con la anuencia del Poder Ejecutivo, se pueden jubilar con apenas diez años de contribuciones, a cualquier edad y con altas asignaciones vitalicias trasladables a los herederos.
La reforma de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, más conocida como Caja Fiscal, es necesaria e imperiosa. Es señalada como fundamental de manera casi unánime por analistas locales y extranjeros, por organismos multilaterales y por las calificadoras internacionales de riesgo, incluyendo a Moody’s Investor Services, la consultora que le otorgó al Paraguay el primer peldaño del grado de inversión, pero que, por ejemplo, acaba de bajarle la calificación a Brasil y que ya advirtió que podría “revisar” la de Paraguay si no se materializan algunos avances, entre ellos precisamente en el tema de la Caja Fiscal. De hecho, es muy probable que sea por este motivo, más que por ningún otro, que el Gobierno quiera por lo menos remitir un proyecto antes de fin de año.
Sin embargo, al mismo tiempo, hace tan solo unos meses el Poder Ejecutivo no solamente aprobó una reprogramación presupuestaria de 2024 para un subsidio de 3.500 millones de guaraníes autoasignado por los congresistas para su propia “jubilación vip”, sino que promulgó otro de igual monto en la ley de Presupuesto de 2025, sin exigir ninguna reforma de la Caja Parlamentaria, lo cual constituye un completo contrasentido frente a su supuesta intención de eliminar distorsiones y sanear el sistema de pensiones en el sector público.
Los funcionarios públicos de la Administración Central aportan el 16% de sus salarios a la Caja Fiscal para jubilarse en un sistema solidario de reparto, que significa que los activos de hoy financian con sus contribuciones el retiro de los actuales pasivos, con la expectativa de que, cuando les toque a ellos retirarse, los activos de entonces financien el suyo. A abril de este año había 230.157 aportantes frente a 67.947 jubilados y 12.206 pensionados, la mayoría cónyuges herederos.
El dinero no alcanza y el agujero es cada vez mayor, por un lado, porque la relación de menos de tres aportantes por cada retirado no es suficiente para solventar las jubilaciones y pensiones, con el agravante de que el número de funcionarios activos tiene un tope relativamente constante, mientras que, en contrapartida, el número de retirados crece sin parar. Por otro lado, porque en la Caja Fiscal existen al menos una docena de regímenes especiales para distintas categorías de funcionarios, que varían en años de aportes, edad mínima para jubilarse, promedios de años para el cálculo de la jubilación y mecanismos de ajuste para el monto de los haberes, lo que la hace financieramente inviable.
Los empleados públicos en general son los únicos que tienen un modelo relativamente razonable para una caja jubilatoria, con 62 años de edad mínima para retirarse y 20 años de aportes (frente a 25 o 30 en el sector privado), y es el único segmento que todavía arroja un pequeño superávit, que no durará mucho tiempo más.
Todos los demás sectores tienen tratos diferenciados y son altamente deficitarios. El personal de blanco se puede jubilar a los 55 años con 25 años de aportes. Los docentes, que componen un alto porcentaje de la administración pública, también tienen que aportar 25 años, pero no tienen límite de edad para jubilarse, por lo que típicamente lo hacen muy jóvenes, lo que obliga al Estado no solamente a pagarles durante muchos años de supervivencia, sino a tener que reemplazarlos. Los policías requieren 10 años de aportes y los militares 15, pero no solamente pueden acceder a la pensión a cualquier edad, sino que sus jubilaciones se equiparan automáticamente a las de sus camaradas activos del mismo rango que tenían cuando pasaron a retiro.
Como resultado, el déficit de la Caja Fiscal creció 3.000% en los últimos diez años, en 2024 el saldo rojo duplicó al del año anterior y este año se proyecta que supere los 400 millones de dólares y vuelva a duplicar el del 2024, en una progresión geométrica absolutamente insostenible.
El ministro Fernández Valdovinos calificó esta situación de “cualquier cosa” y señaló que la edad mínima para el retiro es “por lejos” lo más importante a revisar. Pero quienes van a tener esa decisión en sus manos son parlamentarios que, a valores de hoy, pueden cobrar entre 20 y 26 millones de guaraníes mensuales de por vida con solo 10 o 15 años de aportes, trasladables a sus viudas o viudos y a sus hijos menores o discapacitados, con la posibilidad de retirar el 100% de lo aportado si no completan dos períodos o si así lo desean. La impostergable reforma de la Caja Fiscal debe necesariamente ir acompañada por la eliminación de los privilegios de la Caja Parlamentaria. Una cosa es inconcebible sin la otra; basta de ciudadanos de primera y de segunda.