Munido de varios biblioratos, el intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), compareció –acompañado por altos funcionarios municipales– ante una comisión especial de la Cámara de Diputados para defenderse del pedido de intervención de su gobierno, hecho por la Contraloría General de la República (CGR) con base en las graves ilicitudes que habría constatado durante una auditoría en la que no tuvo la cooperación del susodicho. Entre las anomalías se destaca el presunto desvío de unos 500.000 millones de guaraníes recaudados mediante la emisión de bonos para construir catorce obras de infraestructura, nunca levantadas o concluidas. Según el contralor general, Camilo Benítez, la multimillonaria suma fue destinada en parte al pago de gastos corrientes y de salarios, configurándose así la lesión de confianza, uno de los posibles nueve hechos punibles detectados, entre los que no figura, por ejemplo, el caso de los “detergentes de oro”, en el que Nenecho ya está imputado penalmente por el mismo supuesto delito y por asociación criminal.
Antes de concurrir al Palacio Legislativo se había mostrado desafiante al decir “que vengan de a uno, de a dos y de a tres (...) les voy a romper el c... a toditos”. Vale la pena transcribir el lenguaje soez porque revela sus modales, así como lo de “Tacumbú me gusta”, confesado luego, porque obliga a preguntarse si el intendente está en su sano juicio. Felizmente, ante la comisión especial se mostró más comedido: sostuvo que las obras de infraestructura se están construyendo y pagando con las recaudaciones, que los fondos generados por los bonos no fueron desviados, que a lo sumo se habrían cometido faltas administrativas, que ha venido pagando deudas contraídas por sus antecesores, que está combatiendo la evasión de los tributos, que la amenaza de intervención redujo el pago de los mismos y, en fin, que él no es un delincuente.
Negó, pues, todas las inculpaciones, así como el hecho de que habría llevado al Tribunal de Cuentas toda la documentación, impidiendo así que la CGR la examine. Nenecho quiere hacer creer a la ciudadanía que administró los fondos obtenidos de un modo impecable, como si no hubiera recurrido a ellos –a una altísima tasa de interés– solo para cubrir gastos corrientes a través de la “cuenta única”, contra la Ley Orgánica Municipal y el parecer del Ministerio de Economía y Finanzas. Confesando implícitamente la grave ilicitud, adujo que las obras están siendo construidas –supuestamente– gracias a las recaudaciones, cuando que deberían ser financiadas por lo obtenido gracias a los bonos.
Las pruebas en las que se fundó la CGR para solicitar que el gobierno municipal de Asunción sea intervenido deben servir para que el Ministerio Público acelere la investigación abierta en julio del año pasado, tras el dictamen ya emitido entonces por el órgano contralor. El trabajo ya está hecho, en gran medida, de modo que es hora de que se decida a archivar la causa o a formular la imputación que corresponda. Por de pronto, el acorralado intendente se dispone al contraataque: anunció una querella criminal contra el “individuo” Camilo Benítez por “mentiroso, manipulador e irresponsable”, es decir, por cumplir con su deber legal de solicitar la intervención de su desgobierno, debido a las graves irregularidades o a los indicios de delitos en la ejecución del Presupuesto o en la administración de los bienes, que la CGR habría constatado en julio de 2024.
Quedaría así sentado el absurdo precedente de que el contralor general que en el futuro se atreva a dar un paso similar, quede expuesto –eventualmente– a una represalia por vía judicial del gobernador o del intendente que se crea agraviado. Ahora solo faltaría que también sean querellados los parlamentarios que pidan el juicio político a ciertas altas autoridades de la República.
Los presuntos hechos de desgobierno municipal ameritan la intervención de la comuna asuncena. No es mucho pedir, considerando el cúmulo de evidencias aportadas por la CGR, que al igual que los asuncenos, quiere saber qué se hizo exactamente de los 500.000 millones de los bonos que debieron destinarse a infraestructura física de la ciudad. Esto es lo que debe empeñarse en demostrar este impresentable personaje, en vez de atacar con groserías y amenazas.