Es probable que la mayoría oficialista elija hoy al diputado Diego Candia (ANR, cartista) para representar a la Cámara Baja en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) hasta julio de 2026, en reemplazo de su impresentable excolega Orlando Arévalo, sucesor en dicho órgano del no menos vergonzoso exdiputado y hoy senador Hernán Rivas (ANR, cartista). Considerando también este deplorable historial, hay motivos para alarmarse ante lo declarado por el nuevo postulante en una entrevista: “Yo no voy a recibir órdenes para actuar dentro de lo que no corresponda; si corresponde –y esa es la línea en la cual todos los miembros que de repente podemos pertenecer a un signo político o a un equipo político, lo que sea, y se vota así– yo voy a tratar eso de justificarlo” (sic).
En otros términos, el diputado tendrá aparentemente en cuenta la opinión del cartismo a la hora de emitir su voto. En estas condiciones, puede presumirse que directa o indirectamente, escuchará el parecer de su líder o del equipo político, renunciando a actuar solo según su leal saber y entender. Si fuera así, para sancionar o absolver a un enjuiciado, tendrá en cuenta la opinión de su sector partidario, que tendrá que evaluar, entre otras muchas cosas, si debe ser removido un juez o un agente fiscal que recibe instrucciones de un diputado o un senador. También sería impropio que pida el parecer de todos los colegas, pero su alusión al “signo o equipo político” revela además un sectarismo a toda prueba. Si eso sucediera, al diputado en cuestión le importaría poco que el art. 201 de la Constitución diga que los legisladores “no estarán sujetos a mandatos imperativos”.
Aunque no lo confiese explícitamente, de sus dichos se infiere que acatará lo que resuelva el cartismo; de lo contrario, no tendría mucho sentido que ponga a su consideración un caso sobre el que él debe juzgar de acuerdo a su conciencia. Aquellos legisladores que, por así decirlo, sugieran al diputado Diego Candia que vote en algún sentido en el órgano donde los representa, habrán incurrido en un “uso indebido de influencias”, causal de pérdida de la investidura. La pertenencia “a un signo político o a un equipo político” no debe afectar el desempeño de un parlamentario dentro del JEM, pues de lo contrario se condenaría o exculparía a un justiciable por razones extrajurídicas. Es mucho lo que aquí está en juego, pues es intolerable que los jueces y los agentes fiscales, entre otros, estén bajo la espada de Damocles que supone la intervención de intereses bastardos a través de un miembro del JEM. Es presumible que al cartismo o a cualquier otro sector político puede interesarle menos el imperio de la justicia que la venganza o la recompensa, según los servicios que prestaron o denegaron los enjuiciados a alguno de los suyos.
Naturalmente, todo dependerá de quienes representen al Senado y a la Cámara Baja. Desde ya, las expresiones del diputado de marras no alientan la esperanza de que vaya a actuar con independencia en la nueva función que sus colegas le encargarían en mala hora. El mero hecho de que pueda requerir la opinión de cierto sector antes de juzgar revela que no se considera menos un representante del cuerpo que integra que uno perteneciente al oficialismo, lo que permite afirmar que carecerá de la imparcialidad que exige el cargo pretendido.
En otras palabras, es de temer que su desempeño tampoco sea mejor que el que tuvo Óscar González Daher al frente del JEM, siempre expuesto a fechorías institucionales por influjo del sectarismo rampante. El diputado Diego Candia hace presumir que no estará a la altura del cargo, más allá de su currículum: todo indica que responderá a telefonazos dignos de mejor causa que la de perseguir o castigar a quien merezca estar en el banquillo de los acusados. Desde ya, un signo de alarma proveniente de propias palabras del presumible nuevo integrante del JEM.