El Alto Paraguay parece condenado al abandono y al olvido por parte de las autoridades gubernamentales. La historia se repite con cada catástrofe natural de cierta magnitud, como lluvias e inundaciones, cuando los problemas se multiplican enormemente, o en tiempos normales por las precarias condiciones en que se encuentran sus instituciones públicas, especialmente hospitales, que obliga a sus habitantes a buscar auxilio en lejanas localidades en medio de penurias. Son problemas permanentes que sus pobladores sufren desde hace décadas, sin que se propongan soluciones de fondo, obligando a que las ayudas lleguen con cuentagotas, como un generoso gesto de los que mandan, una situación tan favorable para la politiquería y el prebendarismo.
El 30 de marzo, la Junta Departamental del Alto Paraguay declaró el estado de emergencia por cien días, debido a las intensas lluvias que estropearon los caminos, aislando a miles de familias, sobre todo en los municipios de Fuerte Olimpo y Bahía Negra. Por similar motivo, el Poder Ejecutivo promulgó el 25 de abril la ley que amplía el Presupuesto nacional, que el Gobierno informa ahora, asignando 15.000 millones de guaraníes a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para atender a los damnificados de los tres departamentos chaqueños (el ya mencionado, Boquerón y Presidente Hayes). Y bien, este es el día en que los caminos del Alto Paraguay siguen intransitables, aunque las aguas hayan retrocedido en algunos sitios. Como aún no han creído necesario emplear sus equipos viales, los pobladores de una compañía de Fuerte Olimpo se han visto forzados a desagotar las vías de circulación por sus propios medios, supliendo así la culposa negligencia estatal. La autoayuda es elogiable, pero los recursos humanos y materiales del sector público no deben permanecer ociosos ante una situación tan crítica. El Estado es financiado por los contribuyentes para, entre otras muchas cosas, asistir a los afectados por las consecuencias de un fenómeno meteorológico.
El aislamiento de las zonas rurales de la capital departamental privó de alimentos a más de quinientas familias, cada una de la cuales recibió el 7 de abril veintidós kilos de víveres, proveídos por la SEN: no los han vuelto a recibir, de modo que están siendo auxiliados con carne vacuna donada por los ganaderos de la zona, que en San Carlos consumen hervida, pues los pequeños comercios están desabastecidos. Es digno de mención que Nicasio Meza, tractorista de la Municipalidad olimpeña, llevó más de una vez alimentos a la comunidad de Toro Pampa, situada a 62 kilómetros del casco urbano, y que su vehículo cayó en un pozo de un camino inundado cuando trasladaba a Fuerte Olimpo a vecinos de la comunidad de Toro Pampa; el esfuerzo de este servidor público contrasta con la indiferencia de las altas autoridades nacionales y departamentales.
Por su parte, el jefe de la SEN, Arsenio Zárate, excusó su inacción con la falta de un puente aéreo: el helicóptero de la Fuerza Aérea, que hasta el último viernes prestó algún servicio, estaría “en mantenimiento”, aunque la verdad sería simplemente que quedó sin combustible, pese a que la SEN ya cuenta con los 5.000 millones de guaraníes previstos para el Alto Paraguay. Como, según sus palabras, ya transcurrió un “tiempo interesante”, el ministro prometió ayer “acelerar los procesos”, lo que no es mucho decir atendiendo que la hambruna se cierne sobre el interior del departamento, mientras el gobernador Arturo Méndez y el diputado José Domingo Adorno, cartistas aparentemente enemistados, aprovechan la tragedia presuntamente para difundir informaciones falsas, con el fin de dañar al otro. Es decir, la politiquería se suma a la ineptitud y la indolencia de los órganos encargados de ejecutar, según la ley antes citada, “todas las medidas conducentes para cooperar con las comunidades indígenas, pobladores y productores (...) mediante asistencia técnica oportuna”, aparte de las urgentes de carácter sanitario y asistencial. La Presidencia de la República y la SEN deberán rendir cuentas al Congreso dentro del plazo de tres meses contados desde el desembolso, siendo de esperar, por de pronto, que justifiquen por qué poco o nada se había hecho al cabo de un mes de haberse promulgado la ley que declaró la situación de emergencia.
No admitirán, desde luego, que las dificultades se agravaron porque no se habían realizado las acciones oportunas necesarias para al menos atenuar el impacto de las previsibles lluvias en la infraestructura vial; no les resultará fácil reconocer, ni siquiera implícitamente, la consabida incapacidad del aparato estatal, a lo que habrá que sumar las corruptelas de rigor. Bajo el actual Gobierno, los organismos intervinientes en este drama no están funcionando en forma más eficiente que bajo el Gobierno anterior, lo que sería imprescindible para que los paraguayos estén “mejor”. La combinación de ineptitud y deshonestidad es el resultado lógico de la partidización del aparato estatal, defendida por Santiago Peña en su campaña electoral cuando afirmó que el carnet de afiliado a la ANR vale más que un título académico.
La experiencia acumulada a lo largo de décadas hace temer que esta triste historia vuelva a ocurrir el próximo año. Puede esperarse también que el desborde de las aguas sirva para que los politicastros oficialistas practiquen el asistencialismo nada desinteresado. Mientras no cambien los valores de la “clase política”, podemos esperar que lo que está aconteciendo en el extremo norte del país se repita por siempre.