Un dicho popular expresa “una de cal y otra de arena”, sin embargo, el Ministerio Público en los últimos tiempos no ha hecho más que enterrar con cal y cemento numerosos casos que involucran al crimen organizado, en especial a la mafia del narcotráfico, y con esto, matar las esperanzas del pueblo paraguayo en una justicia que le represente. El caso del autor confeso de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, Federico Santoro, así lo demuestra.
Recientemente tomó estado público la declaración de culpabilidad, ante la Justicia de Estados Unidos, de la mencionada persona, reconociendo su participación en un esquema de lavado de millones de dólares de actividades relacionadas al narcotráfico, que lo involucra en varias investigaciones abiertas en Paraguay luego de rimbombantes operativos, tales como los conocidos como “Smart” (mayo de 2021), “A Ultranza” (febrero de 2022), el caso del “avión iraní” e incluso investigaciones relacionadas con tráfico de personas. Pero pese a todos estos hechos graves, que lo vinculaban con el supuesto narcotraficante Sebastián Marset, Santoro nunca fue molestado por la Fiscalía paraguaya. El exministro del Interior Federico González lo señaló como el responsable de recibir y trasladar en territorio paraguayo a la tripulación iraní del avión venezolano de la empresa Emtrasur, también de origen iraní, que transportó al Caribe cigarrillos de la empresa Tabacalera del Este (Tabesa), relacionada con el expresidente Horacio Cartes. El aparato fue posteriormente decomisado por la Justicia norteamericana por presuntos vínculos con organizaciones declaradas terroristas, como Hezbolá. La tripulación del carguero formaría parte de las fuerzas Quds, un grupo militar que responde a la Guardia Revolucionaria Islámica, y que la aeronave era utilizada para financiar al Hezbolá. Sin embargo, el Ministerio Público paraguayo solicitó la desestimación del caso, que luego fue aceptada por el Poder Judicial.
Lastimosamente, la Fiscalía paraguaya “ciega, sorda y muda” permite con su inacción, que autores confesos de supuestos hechos de lavado de dinero provenientes del narcotráfico gocen de total impunidad y hasta “inmunidad” para circular por el territorio nacional e, incluso, organizar nuevos operativos. De esta manera, lejos de garantizar la lucha contra el crimen organizado y la protección de la ciudadanía, los casos investigados muchas veces terminan siendo desestimados por carencia probatoria, o tal vez, por falta de interés para colectar las pruebas que sustenten una acusación.
Esto viene de la mano con las declaraciones recientemente realizadas por el contralor general de la República, quien aseguró en conferencia de prensa que muchos casos “mueren” en el escritorio de los fiscales. Sostuvo además que casos graves de corrupción terminan siendo desestimados por falta de elementos probatorios que ellos mismos deberían colectar. Lo mismo ocurre con casos que involucran al crimen organizado, sobre el que puede sospecharse que no existe el mínimo interés de encontrar y sancionar a los responsables y a sus colaboradores.
La sociedad paraguaya, a la que de forma muy cuestionada representa el Ministerio Público, observa día a día cómo la Justicia de otros países lleva adelante las investigaciones que también son abiertas en Paraguay, y cómo en esos lares es posible obtener condenas y resultados investigativos cuando existe voluntad. El caso del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia a manos del crimen organizado, demuestra cómo se puede llegar a los responsables. La Justicia colombiana capturó a los autores materiales y sus cómplices y dictó sentencia en tiempo récord, mientras que la Fiscalía paraguaya no puede dar con el autor moral, pese a que Francisco Correa Galeano, cerebro del crimen, había declarado en su momento que la orden de asesinar a Pecci salió de Paraguay.
Muy lejos de emular el ejemplo de la Justicia colombiana, el fiscal general, Emiliano Rolón, mataba las esperanzas de la familia de la víctima, de muchos compañeros fiscales de Marcelo Pecci y del pueblo paraguayo diciendo que ni “Mandrake el mago” podría resolver el caso. Con esta declaración, ¿qué fiscal investigador sería capaz de contradecir a su jefe y encontrar al autor moral? Y peor aún, ¿qué otro fiscal investigador tendría el coraje de luchar contra el crimen organizado cuando sabe que su institución no lo va a defender?
De igual manera, la Justicia norteamericana, a diferencia de la paraguaya, demuestra que cuando existe voluntad se puede llegar a los responsables. Mientras en el país del norte los “capos” del narcotráfico se declaran culpables, en nuestro país gozan de total impunidad y se diría que de inmunidad, convirtiendo al Paraguay en “tierra de nadie”, o tal vez, en “tierra de narcos”, de la mano de un Ministerio Público y un Poder Judicial cada vez más alejados del ideal de justicia que sus miembros juraron defender.