El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, mencionó algunos de los lineamientos que se tendrían en cuenta para la reforma de la deficitaria Caja Fiscal y volvió a prometer que este año se la llevaría adelante, pero, en los hechos, está acabando el semestre y el Gobierno sigue sin presentar, siquiera, un proyecto de ley. Aun si lo llegara a remitir al Congreso a estas alturas, difícilmente ya tendrá sanción completa de ambas cámaras en 2025, debido a la previsible reacción en amplios sectores del funcionariado y a que pronto comenzará el debate presupuestario, en tanto que 2026 será un año electoral.
Solo hasta abril de este año se tuvieron que utilizar 103 millones de dólares de dinero proveniente de la recaudación de impuestos para cubrir el agujero de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, más conocida como Caja Fiscal. Ese monto, por ejemplo, es tres veces superior al de la ley especial para dotar al Instituto Nacional del Cáncer de 305.000 millones de guaraníes adicionales para la compra de medicamentos oncológicos.
Y eso es solamente lo correspondiente al primer cuatrimestre. La proyección de la pérdida para este año es de 400 millones de dólares, casi el doble de la de 2024 que, a su vez, duplicó la de 2023, en una progresión geométrica alarmante y a todas luces insostenible. El déficit de la Caja Fiscal creció 3.000% en los últimos diez años y se aceleró dramáticamente durante este Gobierno, que no ha hecho absolutamente nada, no digamos ya para contenerlo, sino para, por lo menos, ponerle un tope a mediano plazo.
Ello es así porque los ingresos de la Caja, derivados del descuento del 16% de los salarios de 230.157 funcionarios públicos activos adheridos a ella, no alcanzan para solventar el pago de los haberes de 67.947 funcionarios jubilados, más 12.206 herederos y pensionados, que existen en la actualidad, y mucho menos para los miles que se van acogiendo a los beneficios en forma constante. Pero, además, y principalmente, porque en la Caja Fiscal existe todo un perverso sistema de regímenes especiales de privilegio que les permiten a diversos segmentos obtener prestaciones financieramente inviables a costa de otros funcionarios y de los contribuyentes.
Hay al menos una docena de reglamentaciones diferentes para distintas categorías de funcionarios, que varían en años de aportes, edad mínima para jubilarse, promedios de años para el cálculo de la jubilación y mecanismos de ajustes de los montos de las asignaciones.
Los empleados públicos de la administración central son los únicos que todavía arrojan un pequeño superávit, que se achica rápidamente y que no durará mucho tiempo más. También son los únicos que deben alcanzar una edad mínima de 62 años, razonable para una caja jubilatoria, aunque solo tienen que aportar 20 años, contra 30 en el sector privado.
Todos los demás tienen beneficios exagerados y, sobre todo, una gran laxitud en cuanto a la edad de retiro, lo que implica que se pueden retirar muy temprano y recibir jubilaciones y pensiones vitalicias del Estado, que en muchos casos se trasladan a sus herederos, durante mucho más tiempo del que prestaron sus servicios.
El personal de blanco se puede jubilar a los 55 años con 25 años de aportes, lo cual todavía se podría considerar dentro de un parámetro aceptable. Los docentes, en cambio, que componen un alto porcentaje del funcionariado, deben aportar 25 años, pero se pueden retirar a cualquier edad, lo que significa que, por lo general, lo hacen muy jóvenes, obligando al Estado no solamente a seguir pagándoles por varias décadas, sino a reemplazarlos cuando todavía están en edad productiva y en la cima de su experiencia.
Párrafo aparte para los militares, los miembros de la Patrulla Caminera y los policías, que no solo pueden pasar a retiro con goce de sueldo a cualquier edad con tan solo 15 años de aportes, 10 en el caso de los policías, sino que sus haberes se equiparan automáticamente a las remuneraciones de sus camaradas activos del mismo rango. Únicamente la escandalosa jubilación vip de los parlamentarios (que no es parte de la Caja Fiscal) se le puede comparar. Paradójicamente, los mismos parlamentarios que tendrán que votar la reforma.
El ministro Fernández dijo que la edad mínima de retiro es la variable “más importante por lejos” a revisar, y que lo de ahora es “cualquier cosa”, pero él y Santiago Peña ya sabían que era así antes, son ellos los responsables de no tomar medidas y dejar que se agrave la crisis, deliberadamente para no tener que enfrentarse con la clientela política.
Curiosamente, Fernández Valdovinos adujo que el Gobierno tiene un “calendario de reformas”, el primer año la Superintendencia de Pensiones, el segundo la nueva ley de la carrera civil y en 2025 la Caja Fiscal. Sin embargo, la primera sigue sin aplicarse; la segunda se desnaturalizó completamente, fue un cambio para no cambiar nada; y la tercera, de tan tardía, se ha vuelto virtualmente impracticable para este mandato.