En mayo de 2017, el entonces presidente de la ANR, Pedro Alliana, acordó la instalación de gasolineras con el emblema de la petrolera estatal Petropar en dos subseccionales partidarias de Fernando de la Mora, entidades sin fines de lucro, a cambio de una participación del 10% en la ganancia bruta mensual. Ahora se sabe que el partido oficialista volvió a ampliar formalmente su campo de operaciones en diciembre último, cuando su jefe actual, Horacio Cartes, firmó un convenio con la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, en virtud del cual el Ministerio usufructuará a título gratuito, durante treinta años renovables por otros tantos, parte de un inmueble ocupado por una subseccional encarnacena, para construir y operar allí una Unidad de Salud de la Familia (USF). Esta “alianza” supone de hecho una identificación entre el Estado y el partido oficialista, propia más bien de un sistema totalitario.
Aunque no deba excluirse que la afiliación a la ANR sea necesaria para ser atendido, pero aunque ese no sea el caso, ¿le parece normal a la ministra que los no colorados deban acudir para ello a un inmueble de la ANR? Desde luego, tampoco sería admisible que, a manera de compensación, suscriba convenios similares con otros partidos que tuvieran un predio en el que el Estado podría ocuparse de la sanidad. La partidocracia no debe llegar tan lejos que ponga sus bienes –de manera políticamente interesada– para la prestación de un servicio público. A todo ello se agrega la miserable mezquindad política que aparentemente apuntaba a contrarrestar una iniciativa de la oposición: el convenio entre Horacio Cartes y María Teresa Barán fue celebrado tres meses después de que el gobernador de Itapúa, Javier Pereira Rieve (PLRA), haya anunciado el proyecto de montar una USF en el mismo barrio de Pacú Cua, con el apoyo de la Municipalidad a cargo de Luis Yd (Alianza Encarnación al Frente), y dos meses después de haberse llamado a una licitación para construir el Centro de Atención Médica Municipal.
No se trata aquí de que la ANR se haya puesto al servicio del Estado, sino de que este se haya entregado a ella. De hecho, el dinero de todos los contribuyentes financiará una USF que, en este caso, estará identificada con cierta asociación política, hoy presidida por quien en 2021 instó a dirigentes colorados misioneros que buscaban camas hospitalarias para sus correligionarios que “sigan haciendo tráfico de influencias para servir”. En este caso, parece que Horacio Cartes incurrió en él personalmente, confiando en que la ministra no se abstendría de intervenir en lo que más se parece a una rastrera operación política, con tal de darle el gusto. Las elecciones municipales ya están a la vista, así que pueden esperarse más iniciativas en pro de los candidatos de la ANR, solventadas con fondos públicos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Ciencias podría apresurarse a levantar una escuela en el inmueble de una seccional, algo que no sería más repudiable que el caso de la USF encarnacena.
Se habla mucho de la reforma del Estado, pero no así de la reforma de la mentalidad reinante en la clase política, por así llamarla, que es una condición indispensable para que el aparato estatal no se confunda, por ejemplo, con la organización partidaria gobernante. Ya no rige la trilogía “Gobierno, Partido Colorado, Fuerzas Armadas”, que proclamaba el dictador Alfredo Stroessner: hoy solo queda el partido, cuyo presidente al parecer tiene un poder de hecho superior al ejercido por el propio Jefe de Estado. Si la ministra consultó a este acerca de la conveniencia de firmar el convenio, lo más probable es que su respuesta habrá sido afirmativa.
La Constitución, en fin, dice que los partidos son personas jurídicas de Derecho Público, que “deben expresar el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”. Entre esas funciones no figura la de dar en usufructo inmuebles para que el Estado preste algún servicio, con toda seguridad para evitar la manipulación de las instituciones en favor de alguna causa espuria, que no responde a sus fines.