Según su balance preliminar de 2024, la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco), cuyas acciones pertenecen exclusivamente al Estado, arrastra una pérdida acumulada de casi 533.000 millones de guaraníes. El 4 de enero de ese año, hace casi un año y medio, Santiago Peña había dicho que “es muy complicado invertir en una empresa que está prácticamente en quiebra”, pero también que no planeaba venderla ni cerrarla, porque las telecomunicaciones tendrían un rol importante en su agenda digital: “Lo que queremos es recuperar a la empresa pública”, dijo. Un año más tarde, su presidente y único miembro del Directorio, Óscar Stark, puso en duda lo afirmado por el jefe de Estado al afirmar que la Copaco estaba lejos de hallarse en quiebra, pues tendría, entre otras cosas, cerca de quinientos inmuebles que podrían ser vendidos o alquilados, como si “vender las joyas de la abuela” permitiría un saneamiento financiero sostenible. En realidad, ya está vendiendo predios a entidades públicas como el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, y no precisamente para realizar inversiones, sino para pagar el sueldo de sus más de dos mil empleados y costear el retiro voluntario de unos 700 de ellos.
Por lo demás, el balance preliminar revela que la bancarrota está a la vista: el activo asciende a 1,2 billones de guaraníes y el pasivo a 900.467 millones (cerca de un billón), en tanto que en 2024 el déficit operativo, resultante de comparar ingresos y egresos, fue de 72.137 millones de guaraníes, siendo presumible que la pérdida acumulada siga creciendo y por ende el pasivo. El presidente dice que se está buscando un “socio estratégico” que aporte fondos e introduzca nuevas formas de trabajo, pero no será nada fácil hallar interesados en capitalizar una empresa que ya perdió el tren de la telefonía móvil imperante, hoy casi copada por tres operadoras. Es muy improbable que la pequeña filial Hola Paraguay (Vox), que a fines de 2023 solo tenía 340.000 clientes (prepago), en tanto que las otras operadoras contaban con entre 1.364.000 y 3.122.000, logre avanzar en un mercado que se ha vuelto bastante rígido. Por su lado, Copaco tenía entonces 127.000 usuarios de la ya obsoleta telefonía fija, habiendo perdido nada menos que 200.000 en los últimos seis años, a causa también del extendido y continuo robo de cables. No obstante, la mayor parte de sus ingresos proviene del servicio telefónico nacional y, en gran medida, del prestado a otros organismos estatales, siendo así financiado, en última instancia, hasta por contribuyentes sin “línea baja”.
Óscar Stark pretende además reforzar el control de asistencia y el desempeño laboral, lo que podría resultar muy difícil dado el arraigo del “planillerismo” y la ineptitud, amparados por el clientelismo político-partidario. Estas operaciones de salvataje in extremis tienen que ver con que si el Estado paraguayo es incapaz de sostener un buen sistema sanitario y educativo, así como de brindar seguridad a la población, mucho menos puede gestionar –en un mercado libre– la producción de bienes y la prestación de servicios competitivos en calidad y precio; es un muy mal empresario, como también lo demuestran Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Industria Nacional del Cemento (INC), esta última que ni siquiera pudo crecer al amparo de un monopolio, como fue también el caso de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antelco), predecesora de Copaco.
El Presidente de la República también dijo –siempre buscando culpables antes que proponer soluciones– que entre 2018 y 2023, Copaco sufrió “una debacle administrativa económica y financiera”, como si antes hubiera funcionado a las mil maravillas. En verdad, el problema de fondo no radica en lo que haga o deje de hacer un Gobierno determinado, sino en el propio Estado en su papel de empresario, motivo por el que es necesario apresurarse a liquidar o privatizar ese desastroso emprendimiento. En 2001, a la sucesora de la Antelco se le dio la forma de una sociedad anónima para facilitar su privatización, pero resulta que el Estado sigue siendo el titular de todas las acciones, como si su gestión fuera imprescindible para las telecomunicaciones. En consecuencia, el Gobierno debe aclararle a la ciudadanía hasta cuándo el bolsillo de Juan Pueblo va a seguir sosteniendo a esta empresa fallida.