Petróleos Paraguayos (Petropar) no descuella por la excelencia de su gestión, en la que se incluyen corruptelas como la compra ilícita de agua tónica durante la pandemia, razón por la que su expresidenta Patricia Samudio fue condenada a cuatro años de prisión. Tampoco el desempeño de su actual presidente, Eddie Jara, –que ya lo fue entre 2016 y 2018, habiendo sido denunciado penalmente por supuestos daños patrimoniales por un valor total de 33.000 millones de guaraníes– permite afirmar que esa empresa pública se halla en buenas manos. Valga como ejemplo el contrato para el suministro de gasoíl que celebró el 30 de septiembre de 2024.
El nuevo contratista es la firma Doha Holding Group LLC, creada a fines de 2023 por un jeque de Catar y por Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez Wilson-Smith. Este acuerdo nació apenas dos meses después de otro negocio fallido de Petropar, al solo objeto –presumiblemente– de intervenir en una operación comercial para proveer dentro del plazo de dos meses cien mil metros cúbicos de gasoíl, a un costo de 61 millones de dólares, muy inferior al del mercado internacional. Dicho plazo ha sido incumplido repetidas veces por la empresa contratada en forma directa, debido a la “urgencia” del caso. Sin embargo, pese a la presunta premura de la operación, Petropar acaba de otorgarle ¡¡¡una sexta prórroga!!!, sin precisar su duración, tras el vencimiento de la quinta el 30 de abril. El director del Gabinete de la petrolera estatal paraguaya, Adalberto Acuña, anuncia que “en poco tiempo tendríamos buenas noticias” sobre el suministro perentorio, y sostiene que la novel firma en cuestión “viene del sector combustible y tiene mucha experiencia en lo que sería Medio Oriente”. En verdad, es dudoso que la tenga ni siquiera en dicha región, pues de lo contrario hubiera cumplido ya con el plazo original, sin necesidad de adenda alguna.
La ley pertinente califica de falta grave el hecho de no proveer los bienes contratados, de manera total o parcial, en las condiciones fijadas en las bases de la contratación o en el contrato, pero todo indica que eso a Eddie Jara le tiene sin cuidado: es probable que esté dispuesto a seguir otorgando prórrogas, con tal de que la contratista se salga con la suya, sin que el director nacional de Contrataciones Públicas, Juan Agustín María Encina, se digne a tomar cartas en el asunto. Tampoco ha hecho mucho la Contraloría General de la República, aparte de pedir informes a la deficitaria empresa pública, que en febrero respondió que estaba viendo y analizando qué hacer: el resultado está a la vista. Petropar, que competiría deslealmente con el sector privado mediante la baja artificial del precio de sus combustibles, ya debió haber rescindido el acuerdo con Doha Holding Group LLC, y reclamado el pago de la garantía de 3.050.000 dólares, fundada solo en una declaración jurada, pero prefiere dar largas, renunciando al ejercicio de un derecho en beneficio del erario y de la colectividad.
Por de pronto, a fines de marzo se cubrió las espaldas en cuanto a sus existencias en depósito, adjudicando contratos –también por la vía del procedimiento especial, es decir, del “dedazo”– a una empresa uruguaya y a otra de Emiratos Árabes Unidos, que entre abril y mayo deben proveer un total de 67.000 metros cúbicos de gasoíl. Las contrataciones públicas deben ser transparentes, para que los órganos de control y la ciudadanía puedan juzgar si los principios legales de economía y eficiencia, así como de igualdad y libre competencia, tienen vigencia efectiva. Cuanto está ocurriendo con la firma catarí implica una clara negación de dichos postulados, probablemente como resultado del amiguismo puro y duro, sin perjuicio de otros fines inconfesables. Si la firma catarí se burla de Petropar, este elefante blanco se burla de la ciudadanía desde hace largos años, como sucesora de la nefasta Refinería Paraguaya SA.
El sentido común indica que una prórroga incumplida por una proveedora ya debería hacer saltar las alarmas y dejar sin efecto el contrato en vigencia. Pero ya es el colmo que se le tanga que dar ¡¡¡seis prórrogas!!! a una empresa que debió entregar mercaderías con urgencia. Estas burlas son las que están colmando la paciencia de la gente y así arrecian los escraches a las autoridades que, juntas con sus allegados, están cada vez mejor, pero es evidente que la ciudadanía ya no está dispuesta a financiar el carnaval.