El emblemático Colegio Nacional de la Capital Gral. Bernardino Caballero (CNC), que forjó a connotados políticos, gobernantes e intelectuales como Manuel Domínguez, Cecilio Báez y Eusebio Ayala, tuvo que suspender las clases presenciales debido a las fisuras causadas en paredes y columnas por la vibración de los martillos neumáticos usados para refaccionarlo desde febrero, a un costo de más de 2,5 millones de dólares proveídos por Itaipú Binacional. Habrá que apresurar, pues, la mudanza a un excentro educativo a ser alquilado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuyo jefe Luis Ramírez señaló que el edificio en cuestión es un “patrimonio cultural” y que su arreglo concluiría recién dentro de un año, lo que implica que no se habían hecho labores de mantenimiento. No es la única institución educativa de tanta representatividad que está en lamentables condiciones, ya que también, en Asunción, en el colegio Juan Ramón Dahlquist –otro patrimonio cultural– todavía se veía poco antes del inicio de las clases un letrero que indicaba una “zona de riesgo”, porque los techos podían derrumbarse. Aún hoy, tiene aulas clausuradas, en tanto que el baño y las cañerías están muy deteriorados. Pueden mencionarse también las escuelas República Argentina y República del Brasil, esta última a pocas cuadras del Ministerio de Educación y Ciencias, de las que con frecuencia se reportan serios deterioros.
Es plausible que se hayan tomado precauciones en algunas de las instituciones para que no se repita lo ocurrido en 2015 en el Colegio Nacional de Lambaré, cuando el desplome de un techo hirió a trece alumnos y a una maestra, razón por la que el entonces intendente Roberto Cárdenas fue condenado también por “actividades peligrosas en la construcción”. Lo preocupante de la situación es que, si incidentes como los referidos ocurren en el área metropolitana de Asunción, es razonable suponer que la infraestructura educacional en el interior del país es aún más ruinosa, por culpa de la negligencia, la corrupción o la ineptitud de los intendentes y de los fiscalizadores de la Dirección de Infraestructura del MEC. Aquí está en juego no solo la calidad de la enseñanza, sino también la salud y la vida de los docentes y de los educandos. Por ejemplo, en la escuela indígena de Pikycua (Amambay) se reúnen en aulas que se hallan en un pabellón que los propios inspectores del MEC advirtieron que podría derrumbarse y que, sin embargo, no fue clausurado; los niños se mojan cuando llueve porque no tienen un lugar techado donde puedan comer.
También los estudiantes de una escuela rural de San Pedro de Ycuamandyyú deben asistir a clases en un pabellón con riesgo de derrumbe, construido con aportes de los ganaderos de la zona, en tanto que un aula levantada por la Municipalidad quedó inconclusa, pese a que los costos ya habían sido cubiertos. Hace unos días, en fin, una parte del techo de una escuela rural de R.I. 3 Corrales, Caaguazú, se vino abajo, felizmente fuera del horario de clases, lo que conllevó la clausura de todo el bloque, levantado en 2018: tiene graves fallas estructurales, tanto que debería ser demolido.
Fueron 347 los centros educativos que iniciaron el año escolar equipados solo con letrinas (una escuela indígena del Alto Paraná ni siquiera tiene este servicio), a las que se verían forzados a acudir unos 15.350 estudiantes. El hecho sorprendió a varios senadores que el 2 abril aprobaron el proyecto de ley “Letrina cero en las escuelas”, que amplía en 48.000 millones de guaraníes el presupuesto nacional; aún no ha sido tratado en la Cámara Baja, siendo de esperar que se apresure para al menos paliar el resultado del fracaso del MEC, así como de las gobernaciones y municipalidades, que cuentan con recursos del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) para invertirlos en la infraestructura educativa.
Es sabido que no son pocas las escuelas en las que los niños deben ser instruidos al aire libre y no precisamente por amor a la naturaleza. También lo es que las serias deficiencias referidas son arrastradas desde hace décadas; no surgieron con el actual Gobierno, pero el punto es que este, que todo lo presenta de manera grandilocuente, no ha dado muestras de esforzarse lo bastante para que los centros de enseñanza sean sitios adecuados para que los alumnos y docentes se sientan cómodos y seguros. El ministro Luis Ramírez, que no es un advenedizo en materia educativa, ha sido un notable crítico de la gestión educativa de sus antecesores, pero parece no entender que la infraestructura juega un rol muy importante, pues tampoco se ha esforzado mucho por mejorar la situación existente.
Queda claro así que para las actuales autoridades la educación no es una prioridad, más allá de aludir a ella en los discursos. Esta lamentable situación debe cambiar.