Figura en el orden del día de este martes 13 en la Cámara de Diputados el tratamiento de un proyecto de ley que crea un seguro de desempleo a ser financiado con un aumento del aporte obrero-patronal al Instituto de Previsión Social. O sea: el Gobierno no puede administrar correctamente el IPS, todavía no se pone en vigencia la ley de supervisión, apenas un 30% de la fuerza laboral aporta a la seguridad social, todas las cajas jubilatorias existentes están en crisis, dos tercios de la mano de obra urbana y la mitad de la actividad económica del país están en negro, y la misma cámara acaba de darle media sanción a una ampliación de los beneficios de su propia jubilación vip, pero los políticos todavía tienen la caradurez de querer hacerles pagar el costo de sus veleidades populistas a los trabajadores y empleadores que ya cumplen la ley.
Los legisladores acceden a una jubilación de privilegio con apenas 15 años de aporte. La Cámara de Diputados acaba de aprobar una modificación que les da la posibilidad de completar las cuotas a los que salen antes de los 180 meses, y así tranquilamente recibir una alta pensión de por vida a costa del Estado. Es la misma cámara que ahora va a tratar un aumento del aporte obrero-patronal.
Este proyecto había sido presentado por un grupo de colorados de distintas corrientes durante la pandemia, pero fue descartado y directamente se le cargó al IPS un subsidio por suspensión de contratos laborales no previsto en su carta orgánica, y por lo tanto ilegal, supuestamente a cuenta de la deuda histórica del Estado con la previsional, que es uno de los motivos por los cuales el Fondo de Jubilaciones y Pensiones ya entró en saldo rojo a partir de 2020, casi dos décadas antes de lo previsto.
Pero si en aquel momento la difícil coyuntura podía de algún modo justificar echar mano a los fondos previsionales para afrontar la emergencia, no es el caso en la actualidad. Como mínimo, existen otras prioridades mucho más urgentes en el campo de la seguridad social que un seguro de desempleo de muy dudosa factibilidad financiera, y encima a costa de un aumento de la carga social sobre los trabajadores formales, a quienes hoy ni siquiera se les está pudiendo garantizar a ciencia cierta que van poder percibir sus jubilaciones a la hora de retirarse.
El proyecto plantea crear un “fondo común solidario” para una ayuda de “hasta seis meses” a personas que se queden sin empleo por despido injustificado, mediante el incremento de un punto porcentual del aporte obrero y un punto porcentual del aporte patronal, de manera que el descuento sobre los salarios pasaría del 9% al 10% y la contribución del empleador, del 16,5% al 17,5%. No se establece el monto que se va a cobrar, ni cómo se va a asegurar el no uso político y el cumplimiento de los requisitos, ni se adjunta un estudio técnico sobre el punto de equilibrio y la sostenibilidad del fondo.
Por lo pronto, si el aporte para este fin va a ser del 2% en total, para pagar medio salario mínimo durante seis meses a cada desempleado se requeriría una contraparte de 150 trabajadores de sueldo mínimo (que son la gran mayoría en el IPS) con sus empleadores, sin considerar gastos administrativos.
Al margen de ello, el IPS ya tiene demasiados problemas como para que se le agregue otra responsabilidad para la cual no está ni financiera ni administrativamente preparado. Con 727.000 aportantes, menos del 25% de la población económicamente activa, y 76.000 pensionados, un número que crece rápidamente, el fondo de jubilaciones del IPS ya es deficitario, es decir que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus egresos, por lo cual desde principios de la década está recurriendo a sus reservas técnicas, que durarían otros veinte años antes de agotarse.
El gran desafío es ampliar drásticamente la base contributiva, a la par de sincerar los aportes y equipararlos a los salarios reales, ya que más del 85% solo declara el mínimo. Para ello se requieren reformas e incentivos para formalizar la economía y las relaciones laborales, exactamente lo contrario a lo que promueve este proyecto de ley.