Por 24 votos a 9, por moción de Natalicio Chase, la rápida aprobación del cartismo con sus satélites, a instancias de la Presidencia de la República, el Senado postergó sine die el proyecto de ley “que incorpora el fondo denominado gastos sociales y ambientales de la Entidad Binacional Itaipú al Presupuesto General de la Nación (PGN) y le asigna una partida presupuestaria para su seguimiento y control”, con lo cual una vez más se echa por tierra un intento de suprimir una práctica perversa e inconstitucional que ha permitido enormes tragadas con el patrimonio de todos los paraguayos.
Este tema no debería ser ni motivo de discusión. Es principio elemental del derecho administrativo que no puede haber gasto público al margen del Presupuesto, so pena de nulidad y de la consumación del delito grave de malversación. Santiago Peña presume de haber obtenido una maestría en Administración Pública en la prestigiosa Universidad de Columbia de Nueva York, pero tal parece que o no asistió a esa clase o no aprendió la lección, o simplemente le importa un comino, como persona en ejercicio del poder administrador del Estado, el juramento que hizo ante Dios y la Patria de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.
Al igual que sus antecesores desde la época de Stroessner, se escuda en el invento jurídico de la “binacionalidad”, como si Itaipú fuese un Estado aparte, distinto y superior al Estado paraguayo, y como si el Tratado en el que supuestamente se funda la “imposibilidad” de regirse por las normas paraguayas estuviera por encima de la Constitución Nacional.
Con ese absurdo argumento se arrogan la espuria facultad de gastar a su antojo cientos de millones de dólares sin fiscalización transparente, sin pasar por los protocolos institucionales de la República, decidiendo discrecionalmente ellos cómo y en qué, con groseras sobrefacturaciones, contratos direccionados y sin ninguna garantía de que buena parte de la plata, que proviene del aprovechamiento de un recurso natural del Paraguay, no vaya a parar directamente a sus bolsillos.
De lo que se sabe, ya que no existen registros abiertos y confiables, en 2024 y hasta febrero de este año se habían ejecutado por esta vía unos 200 millones de dólares, lo que incluye, por ejemplo, los famosos “pupitres chinos”, todo sin la participación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ni de la Contraloría General de la República, que dócilmente se declaran incompetentes.
Pero si esto ya es de por sí escandaloso, lo es más el hecho de que el Gobierno se conformó con ese monto de plata dulce y dejó en segundo o tercer plano, si no es que lisa y llanamente abandonó, el reclamo nacional de exigir la libre disponibilidad de la energía paraguaya y un precio justo por los excedentes del país en Itaipú, cuando ya la deuda está completamente cancelada y hace más de un año y medio que se cumplió el plazo de revisión del Anexo C.
Además de no darle la máxima prioridad que correspondía y de no conocerse los términos de la negociación, de manera insólita el propio Gobierno paraguayo suspendió unilateralmente las tratativas hace más de un mes, en beneficio del Brasil y en detrimento del Paraguay, por un asunto completamente ajeno a la cuestión. Mientras tanto, Brasil tranquilamente se sigue quedando con la energía paraguaya por monedas.
Brasil consintió elevar la tarifa más allá del costo básico para que Santiago Peña pudiera disponer a su gusto y paladar de unos fondos que representan el 0,07% de su gasto estatal y el 0,01% de su producto interno bruto. Si fue a cambio de mantener el statu quo por el mayor tiempo posible, como parecen indicar los hechos, no solo consiguieron sobornar a los gobernantes paraguayos, sino que les salieron muy baratos.