Cargando...
Nueve asociaciones de pacientes con dolencias “catastróficas”, como el cáncer, denunciaron en un comunicado la falta crónica de remedios y exigieron, tanto al Instituto de Previsión Social (IPS) como al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que adopten políticas de previsión y abastecimiento, pues el enfermo no podría esperar semanas o meses a que los burócratas culminen los trámites para la compra de fármacos ni los enfermos deben verse forzados a pedir un amparo judicial “para sobrevivir en un sistema indiferente o cruel”. Se trata de una muestra más del profundo malestar ciudadano –expresado también en las redes sociales– ante la aguda crisis del sistema sanitario, reflejado además en la insuficiencia crónica de médicos especialistas, de camas de terapia intensiva, de ambulancias, de equipos biomédicos para el diagnóstico precoz y hasta de jeringas y guantes, entre otros déficits que convierten en una burla cruel la norma constitucional que obliga al Estado a promover y proteger la salud como “derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”, razón por la que nadie ha de ser privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas.
Ese derecho está siendo violado a diario por acciones u omisiones de quienes tienen el deber de velar por él, sin que desde el Estado se adopten medidas de fondo para sanear un sistema que ha colapsado, sin que llame a engaño el ridículo estreno de un hospital general inconcluso o de alguna unidad de terapia intensiva, pronto desmontada. Son de sobra conocidas las carencias del IPS, también atribuibles al pésimo desempeño de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en su Consejo de Administración, ignorado por sus respectivas organizaciones gremiales; ese “barco hundido”, como alguna vez lo calificó su exgerente de Salud Carlos Morínigo, sigue en las mismas debido a que la corrupción, la ineptitud y la indolencia han echado allí profundas raíces, sin que se advierta el propósito de extirparlas.
Esas mismas lacras afectan al Ministerio dirigido por María Teresa Barán, como bien ha de saberlo la médica cirujana que fue viceministra de Salud Pública entre 2013 y 2018: su experiencia debería haberle servido para combatirlas hoy con eficacia, pero se diría que no puede o no quiere hacer nada al respecto, porque estima normal que la sanidad se halle en un estado de emergencia permanente; si tal no fuera el caso, debería tener la dignidad de renunciar por ser incapaz de reformar la sanidad para que los enfermos sean atendidos como corresponde y sus familiares no crean necesario recurrir a “polladas” debido al paupérrimo parque sanitario de los hospitales y centros de salud; la autoayuda es elogiable, pero también lo es que las víctimas directas e indirectas del desastre sanitario exijan en voz alta que los responsables –también en el IPS o en el Instituto Nacional del Cáncer– cumplan con su deber de prestar un buen servicio.
Es plausible que la sociedad se movilice ante un drama provocado no solo por la insuficiencia presupuestaria, sino también –y sobre todo– por la ineptitud y la corruptela fomentadas por los politicastros y consentidas por el Ministerio competente como si fueran inevitables. Aquí está en juego nada menos que el derecho a la vida, de modo que habrá que tomar medidas radicales para preservarlo; como la educación pública, la sanidad debe ser mucho mejor atendida, incluso para desalentar a quienes se aprovechan de sus fallas para ganar votos consiguiendo camas mediante influencias indebidas, en perjuicio de los enfermos que no tienen un “padrino”. Esas medidas de saneamiento administrativo solo serían adoptadas si la población –incluidos los asegurados del IPS– no se resignara a su penosa suerte y siguiera protestando contra las terribles privaciones en la salud pública, actuando en defensa propia ante los embates tolerados por las más altas autoridades, insensibles al dolor ajeno; no se les pide un favor, sino que se les exige respetar y hacer respetar el básico derecho a la vida, empleando correctamente el dinero de todos, sin incurrir en latrocinios ni derroches.
Resulta intolerable que la existencia de las personas esté expuesta al capricho de burócratas y allegados al poder político, que recurren a la medicina privada por motivos comprensibles; el descalabrado sistema sanitario no debe seguir en manos de inútiles ni de sinvergüenzas: es cuestión de vida o muerte, aunque Santiago Peña no parece creerlo del todo.